El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se manifestó en contra del Proyecto del Senado 697 (P. del S. 697), que propone crear la “Ley para el Deslinde Nacional del Archipiélago de Puerto Rico” con el objetivo de establecer un deslinde científico, técnico y jurídicamente obligatorio de los bienes de dominio público marítimo-terrestre.
En su memorial explicativo ante el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, la agencia indicó que, aunque la medida busca proteger comunidades costeras y ecosistemas sensibles, su implementación no resulta viable debido a la complejidad técnica, la magnitud de recursos humanos requeridos y las limitaciones presupuestarias actuales del DRNA, que enfrenta un déficit cercano a 76 millones de dólares.
El DRNA aclaró que la zona marítimo-terrestre (ZMT) es dinámica, sujeta a cambios por erosión, marejadas, huracanes y otros fenómenos naturales, por lo que un deslinde nacional y obligatorio carecería de estabilidad a largo plazo. Señaló que los reglamentos actuales, como el Reglamento 4860 y el Reglamento Conjunto de la Junta de Planificación, ya establecen criterios para delimitar, vigilar y conservar la ZMT, incluyendo procedimientos para autorizaciones y concesiones de estructuras existentes.
La agencia también advirtió que la propuesta requeriría coordinar decenas de agrimensores y brigadas técnicas especializadas, sistemas de georreferenciación, bases de datos y actualizaciones periódicas, sin que el proyecto identifique una fuente de financiamiento clara y sostenible.
“Cualquier esfuerzo futuro debe orientarse a fortalecer los mecanismos actuales, optimizar la capacidad técnica del personal y garantizar la actualización continua conforme a los procesos naturales que transforman nuestro litoral”, Sostuvo el DRNA en su memorial explicativo.
Durante la vista pública, el senador independiente Eliezer Molina formuló preguntas sobre la eficiencia de los procesos de deslinde actuales y la viabilidad de un deslinde nacional. Karla Marrero, ayudante especial de Asuntos Legales del DRNA, explicó que el Reglamento 4860 permite que los deslindes sean solicitados de oficio por el departamento o por los proponentes, y que ese marco ya provee las herramientas necesarias para delimitar zonas marítimo-terrestres de manera individualizada.
Reconoció que algunos casos enfrentaron controversias judiciales, como ocurrió con Punta Bandera, debido a errores en los procesos de notificación, pero recalcó que “los mecanismos legales y reglamentarios ya están en vigor y han permitido atender los casos conforme a derecho”.
Al preguntársele si un deslinde nacional representaría mayor certeza jurídica, Marrero respondió que no, ya que “no se ganaría mayor certeza jurídica porque el deslinde tendría que actualizarse constantemente, y eso nos regresaría al mismo punto operativo que tenemos ahora, pero con un costo mayor”.
También explicó que no existe un estimado preciso del costo total de un deslinde nacional, pero aclaró que “sería una inversión multimillonaria” que el presupuesto actual del DRNA no podría absorber. Recalcó que la naturaleza cambiante de la costa haría necesarias revisiones constantes, lo que convertiría el proceso en uno oneroso y difícil de sostener.
La licenciada puntualizó que los mecanismos vigentes ya permiten delimitar y manejar la ZMT de forma eficiente y caso a caso, con base en la realidad geográfica de cada zona costera.
Por otro lado, el DRNA se manifestó a favor del Proyecto del Senado 272 (P. del S. 272), que busca crear un marco legal para regular las estructuras construidas sobre terrenos de dominio público en La Parguera, municipio de Lajas. La medida establecería la “Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles”, un régimen de concesiones mediante el cobro de cánones, así como límites ambientales y legales estrictos para preservar la integridad ecológica de la zona.
Durante el intercambio con el senador Molina, los representantes del DRNA aclararon que el proyecto no legaliza construcciones ilegales, sino que busca poner fin a la incertidumbre jurídica existente y garantizar la protección ambiental. Señalaron que las concesiones se basarán en huellas delimitadas por agrimensores o ingenieros licenciados, sin permitir expansiones ni nuevas construcciones.
El DRNA explicó que los fondos recaudados mediante cánones se destinarían parcialmente a mejoras en la reserva natural y a fortalecer el desarrollo turístico del municipio de Lajas, sin que esto implique privatización de terrenos públicos. La agencia también indicó que los vigilantes del DRNA serían responsables de supervisar el cumplimiento de las regulaciones, aunque destacó que cualquier construcción sobre aguas aún requeriría permisos del Cuerpo de Ingenieros federal.
La agencia subrayó que la legislación busca establecer un ordenamiento claro sobre estructuras existentes, asegurando la conservación de la reserva natural y evitando conflictos legales prolongados, sin contradecir los fines de protección ambiental para los que se creó la reserva.