El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, consideró que el desacuerdo entre la gobernadora Jenniffer González Colón y la Legislatura sobre el Proyecto de la Cámara 420 refleja la falta de organización dentro del gobierno. La medida buscaba congelar el impuesto al inventario durante tres años y eliminarlo para 2028, pero fue vetada por la mandataria al no presentar una fuente recurrente de ingresos que compensara la pérdida de recaudos.
“Por un reflejo de la desorganización que reina en este gobierno, cuando tú haces un compromiso programático y la legislatura y la gobernación no se pueden poner de acuerdo sobre el alcance de ese compromiso, pues es un reflejo de serios problemas que hay ahí”, expresó Hernández al reaccionar al veto.
Explicó que favorece una reducción de contribuciones, pero insistió en la necesidad de definir cómo se compensarían los ingresos fiscales que dejarían de recibirse.
“Yo estoy a favor de reducir las contribuciones, lo que pasa es que cada vez que se vayan a reducir las contribuciones tú tienes que identificar de dónde va a salir el dinero, si vas a hacer recortes o si vas a aumentar contribuciones por otro lado, y ese proceso no se siguió aquí”, afirmó.
El comisionado indicó que espera resultados del comité anunciado por la gobernadora tras el veto.
“Yo espero que ese comité que ella ha creado y que debió haber creado en un principio pues rinda algo que sea viable”, señaló.
Hernández sostuvo que el grupo debe proponer una alternativa “revenue neutral”, es decir, que detalle qué contribuciones se aumentarían o qué gastos se recortarían para mantener balance fiscal.
Agregó que cualquier propuesta deberá evitar recortes que afecten servicios esenciales municipales.
“Definitivamente no va a poder ser un recorte de la magnitud que se vislumbraba porque todos los municipios pudieron decirle: si usted hace esto, dejamos de operar”, expresó.
El comisionado también hizo un llamado a la empresa privada a divulgar datos sobre cómo la eliminación del impuesto se traduciría en beneficios al consumidor.
“Deben soltar información sobre cómo la eliminación o la reducción del impuesto al inventario redundaría en un ahorro para el consumidor puertorriqueño”, dijo. Añadió que el propósito de eliminar el impuesto no debe convertirse en un beneficio exclusivo para el sector privado, sino en una medida que reduzca el costo de vida en el país.