La Cámara de Representantes aprobó hoy el Proyecto del Senado 752, presentado por el senador Juan Oscar Morales Rodríguez, que enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 83-2025, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”, para establecer restricciones al otorgamiento de escoltas, seguridad y protección a exgobernadores y otros exfuncionarios del Gobierno.
La medida fue aprobada de manera unánime.
La medida prohíbe de manera automática la asignación de escoltas a todo exgobernador una vez concluido su mandato. Sin embargo, permite que, en casos excepcionales, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico autorice de forma limitada la protección dentro de la jurisdicción de la isla, siempre que exista una amenaza específica y verificable contra la seguridad del exmandatario. La ley establece que la concesión de escoltas será temporal, revisable y podrá suspenderse si cesan las condiciones que la justifican.
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Héctor Ferrer, indicó que la medida permitirá garantizar transparencia y un uso responsable de los recursos públicos, al limitar privilegios de escoltas para exfuncionarios y exgobernadores, especialmente en casos de condenas por delitos. Ferrer destacó que la legislación responde a un reclamo de la ciudadanía sobre el uso de fondos públicos en servicios que benefician a unos pocos.
La medida afecta directamente a la exgobernadora Wanda Vázquez, quien se declaró culpable de corrupción el 27 de agosto de 2025. Con la nueva legislación, cualquier escolta que reciba será eliminada automáticamente. Los portavoces de la Cámara coincidieron en que la ley busca impedir que exfuncionarios convictos mantengan privilegios pagados con fondos públicos.
“65 días han pasado y el gobierno de Jennifer González Colón no se ha atrevido a quitarle las escoltas a Wanda Vazquez Garced. 65 días, compañero, que el pueblo de Puerto Rico le está pagando chofer, peaje, gasolina, mantenimiento a una persona que se declaró culpable por corrupción”, dijo en su turno.
Además, la legislación dispone que cualquier exgobernador o exfuncionario que resulte convicto de delito grave o menos grave perderá automáticamente el derecho a recibir escolta, seguridad o protección, sin necesidad de trámite adicional. La norma aplicará de manera prospectiva y retroactiva en casos de dictámenes de culpabilidad vinculados con funciones del cargo.
Dennis Márquez, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), propuso una enmienda a la sección que establecía un plazo de 30 días para quitar las escoltas a exfuncionarios convictos, solicitando que la eliminación se realizara de manera inmediata.
Márquez explicó que la medida busca impedir cualquier “ejercicio abusivo del derecho” por parte de personas condenadas y garantizar que no se mantengan privilegios injustificados.
“La legislación establece que ningún derecho es absoluto y que la ley no ampara el abuso del derecho ni el ejercicio contrario al orden social”, comentó. La enmienda fue aprobada durante la sesión y quedó incorporada al proyecto antes de su aprobación final.