Diversas organizaciones del sector de la construcción y agencias gubernamentales expresaron su rechazo a al Proyecto del Senado 744, que propone imponer penalidades a las plantas de concreto por suministrar material a proyectos sin permisos vigentes.
Las entidades se expresaron en vista pública de la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico.
La medida, de la autoría del senador independiente Eliezer Molina, busca obligar a las concreteras a conservar copia de los permisos por cinco años y establece multas de $25,000 por despacho sin autorización, adjudicadas por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
La Asociación Puertorriqueña del Concreto (APC) indicó que, aunque reconocen la gravedad de la construcción informal en Puerto Rico, “pretender que las plantas de concreto actúen como fiscalizadoras de las obras que suplen no solo es impracticable, sino injusto y contraproducente”.
La organización enumeró seis razones técnicas y de política pública que sustentan su oposición, incluyendo el error de enfoque al exigir permisos en etapas finales de la construcción y el impacto económico negativo por aumento de costos operativos y retraso en proyectos de infraestructura. La APC señaló que “el deber de fiscalización recae en el Estado, no en los productores privados”, y que la solución está en fortalecer la fiscalización estatal y simplificar los procesos de permisos.
Por su parte, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a través de su asesor legal Luis B. Méndez del Nido, advirtió que trasladar la responsabilidad de fiscalizar y multar a la OGPe “colocaría a la oficina en una función que se aleja diametralmente de los objetivos de su existencia”.
Méndez del Nido recordó que la Ley 161-2009 separa las funciones de emisión de permisos de las de fiscalización, atribuidas a la Junta de Planificación, y que condicionar la venta de concreto a requisitos que no aplican a todos los usos del material podría generar sanciones arbitrarias y afectar la industria.
El presidente de la Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico (ACGPR), José Torrens, coincidió en que la medida sobrecarga al sector privado con responsabilidades de fiscalización.
“La imposición de la gestión de verificar permisos y guardar copia de estos, sujeto a severas multas, representa una delegación onerosa, foránea a los objetivos del negocio y un menoscabo a los intereses propietarios de las empresas dedicadas a procesar cemento”, explicó Torrens.
Añadió que la Ley 161-2009 ya contempla mecanismos para garantizar que toda persona o entidad cumpla con las obligaciones de permisos, por lo que la medida sería redundante y podría generar incertidumbre jurídica.
Por su parte, el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph Gonzalez, indicó que su rol frente a la medida debe limitarse a apoyo operativo y de seguridad, coordinado con las agencias competentes, y que imponerle funciones de fiscalización constituiría una “indebida usurpación de las facultades conferidas por ley a la OGPe”.
Gonzalez recomendó que se recaben las opiniones de la OGPe, el Departamento de Asuntos al Consumidor y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, como entidades con autoridad primaria en los procesos de permisos, para orientar mejor la evaluación legislativa de la medida.
Por su parte, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, señaló que la medida podría resultar confusa y discordante con el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos.
“El exigir que toda planta procesadora de concreto requiera copia digital o física del permiso vigente y del número de expediente de la OGPe, con la obligación de conservar constancia de este por un término no menor de cinco años, podría resultar confuso y discordante a las disposiciones reglamentarias”, afirmó Quiles.
El DRNA destacó que la fiscalización propuesta implicaría un gasto extraordinario y recursos humanos especializados que superan el presupuesto aprobado de la agencia, que enfrenta un déficit de alrededor de 76 millones de dólares.
Quiles Pérez agregó que “el DRNA reconoce la importancia de fortalecer el cumplimiento ambiental y la planificación ordenada en Puerto Rico, pero enfatiza la necesidad de proveer los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios a esos fines”.