El cierre de la segunda sesión ordinaria del cuatrienio dejó un grupo de proyectos de ley en manos de la gobernadora, Jenniffer González, que fueron analizadas sobre cuáles podrían enfrentar mayores desafíos antes de ser firmados.
Entre ellos, cinco medidas sobresalieron por su contenido, impacto y debate, según los análisis del exlegislador y analista José “Quiquito” Meléndez y del exlegislador Jorge Colberg Toro.
Los expertos coincidieron en que, aunque la mayoría de los proyectos no debería encontrar obstáculos insalvables para su firma, cada uno presenta matices que atraen atención mediática y política, ya sea por compromisos adquiridos con sectores específicos, por su efecto sobre derechos fundamentales o por posibles repercusiones legales y administrativas.
PS 752 – Limitación del uso de escoltas
El Proyecto del Senado 752 busca limitar quiénes pueden recibir escolta oficial y bajo qué condiciones, incluyendo una cláusula que impediría que gobernadores convictos tengan seguridad personal asignada. La controversia surge porque la exgobernadora Wanda Vázquez, convicta por corrupción, mantiene escoltas. José “Quiquito” Meléndez explicó que, según la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Hernández Colón y Romero Barceló (2009 TSPR 154), el tribunal reconoció que las escoltas otorgadas a exgobernadores constituían un “derecho adquirido”.
Meléndez señaló que, aunque el proyecto incluye restricciones para gobernadores convictos, “si la gobernadora firma el proyecto, dudo mucho que la gobernadora Vázquez vaya a impugnar la legalidad del privilegio de ella”, y agregó que sería difícil que el tribunal cambiara la política pública establecida por la legislatura respecto a la seguridad de un convicto.
Colberg Toro añadió que todavía no está claro si la gobernadora ha recibido oficialmente el proyecto, lo que influye en los plazos de acción. Comentó que la diferencia entre los diez o treinta días de plazo podría impactar la estrategia de la Fortaleza para evaluar el proyecto antes de firmarlo, y dijo que “muchas veces los gobernadores lo que hacen es ganar más tiempo para no tener que actuar de inmediato, lo que añade un componente de incertidumbre administrativa a la medida”.
PS 3 – Ley Keishla Madlane sobre el nasciturus
El Proyecto del Senado 3 busca ampliar las protecciones legales al nasciturus, estableciendo consecuencias penales adicionales cuando una mujer embarazada sufre una agresión que también afecta al no nacido. La medida se inspira en el caso de Keishla Rodríguez.
Meléndez explicó que el proyecto surgió de compromisos con sectores religiosos y que, aunque podría generar preocupación en sectores liberales, “el proyecto que tiene que ver con el nasiturus es un compromiso que se hicieron con sectores religiosos”.
Colberg Toro añadió que es fundamental analizar la versión final del proyecto para asegurarse de que no entre en conflicto con decisiones previas de la Corte Suprema o con la legislación vigente sobre aborto, advirtiendo que “una vez se aprueba el proyecto, cuando llega a Fortaleza, usualmente se vuelve a revisar desde el punto de vista legal sobre la versión aprobada”.
PS 63 – Enmiendas a la Ley de Transparencia
El Proyecto del Senado 63 introduce modificaciones a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Entre sus objetivos está mejorar la eficiencia en la entrega de documentos, ajustar plazos y procesos, y manejar solicitudes masivas que, según Meléndez, se habían convertido en un abuso del derecho a solicitar información. En palabras de Meléndez, “hay unas personas que de verdad están abusando del privilegio, del derecho”, y agregó que la medida “ha causado algún grado de furor entre los medios de comunicación”.
Organizaciones civiles y gremios periodísticos han expresado oposición a la medida, por entender que reduce las garantías de fiscalización pública al extender los plazos de entrega de información y establecer nuevas condiciones para las solicitudes.
Colberg Toro indicó que la controversia surge de la tensión entre garantizar el acceso público a la información y proteger ciertos documentos sensibles. Señaló que “la intención era permitir más acceso y transferencia de información, pero también garantizar que no se afecte la operación del gobierno ni se pongan en riesgo datos privados”.
PS 503 – Penalización por interrumpir actos religiosos
El Proyecto del Senado 503 propone el Artículo 179(A) del Código Penal, que sanciona con hasta un año de cárcel a quienes interrumpan actos religiosos mediante fuerza, intimidación o violencia. Meléndez señaló que la medida busca responder a demandas de grupos religiosos y proteger la práctica de la fe, pero que genera interrogantes sobre cómo se aplicaría a otros tipos de manifestaciones ideológicas o políticas.
Colberg Toro puntualizó que la ley podría generar un debate más amplio sobre libertades civiles, al preguntarse si se aplicaría de la misma manera a protestas políticas o actividades de otros grupos organizados, y explicó que “existen interrogantes sobre si la severidad de la medida se aplica únicamente al sector religioso o también a actos ideológicos, lo que amplifica la discusión sobre su alcance”.
PS 78 – Enmienda a la Ley de Cambio Climático
El PS 78 enmienda el Artículo 6 de la Ley 33-2019, sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, estableciendo que el Comité de Expertos y Asesores debe recibir un mínimo de 500,000 dólares anuales consignados en la Resolución Conjunta del Presupuesto. Jorge Colberg Toro destacó que la controversia de este proyecto surge porque el informe del comité fue aprobado sin que todas las delegaciones se percataran, lo que puede generar conflictos potenciales entre desarrolladores, el sector privado y grupos ambientalistas y académicos.
“Si la gobernadora firma el proyecto, se va a echar en contra de todos los desarrolladores y al sector privado, pero si lo enmienda, tendría que conciliar intereses y negociar con distintos grupos, lo que subraya la complejidad de la medida”, dijo Colberg Toro.