Desde que, en Puerto Rico, se adoptó la primera Ley de Contribución sobre Ingresos, en 1954, el enfoque que las distintas administraciones gubernamentales le han dado a este tema se ha caracterizado por una visión fragmentada. Siete años antes, en 1947, se aprobó la Ley de Incentivos Industriales, estatuto que sirvió de punto de partida para la estrategia de industrialización, por vía de la importación de capital estadounidense, para establecer fábricas promovidas por la Compañía de Fomento Industrial. Esa estrategia, con las enmiendas aprobadas cada cierto número de años, está vigente hasta el día de hoy mediante la aprobación de la Ley 60 de 2019, y no se vincula con las leyes contributivas que aplican a los individuos y familias que han residido en el país desde siempre, sino que incluye unos pocos inversionistas que la referida ley convierte en “residentes”.
Lo expresado en el párrafo anterior nos lleva a reiterar lo que el Partido Independentista Puertorriqueño ha planteado desde siempre: la necesidad de redactar y aprobar un sistema impositivo/contributivo en el que la responsabilidad del sector privado –tanto local como del exterior—se determine con absoluta claridad y sin privilegios para el capital foráneo por encima de lo que se le ofrezca al capital puertorriqueño. En ese mismo contexto, hay que incorporar las leyes y reglamentos que apliquen a los individuos y familias, pero sin desvincular los objetivos fiscales y las políticas contributivas de aquellas que se articulen para las empresas productoras de bienes y servicios. Un sistema de esa naturaleza se concebiría como una reforma contributiva integral.
En otras palabras, la reforma contributiva que deberíamos conceptualizar, para el Puerto Rico del presente, no debería “divorciar” el tratamiento impositivo que aplique a las empresas (sean locales o foráneas) de aquel que aplique a nuestros residentes, independientemente de sus niveles de ingresos. En todo caso, tal y como hemos insistido durante los pasados nueve años de labor legislativa, un sistema impositivo progresivo de verdad debería hacerle justicia a los nuestros y otorgar los beneficios de rigor al inversionista, pero asignándole responsabilidad en su justa perspectiva y eliminando privilegios que benefician a unos pocos. A ello deberíamos aspirar.