El Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad cuestionaron en una vista pública ante la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa las enmiendas propuestas al Código Electoral y pidieron que cualquier reforma surja de un proceso amplio y multipartidista.
El PPD, representado por el comisionado electoral, Ernesto González, en nombre del presidente Pablo José Hernández Rivera, expresó que el proyecto aprobado por el Senado “concentra la gerencia electoral en manos de unos pocos” y señaló que algunas enmiendas podrían “excluir la representación de los diferentes sectores del electorado en cada etapa de los procesos electorales”.
La colectividad insistió en que cualquier cambio al ordenamiento electoral debe reflejar la diversidad del pueblo y mantener la transparencia y legitimidad en los comicios. Destacaron que la consolidación administrativa iniciada en 2020 sigue siendo “la mayor amenaza al sufragio libre, igual, directo y secreto”.
Entre los señalamientos del PPD figuraron la clasificación de la Oficina de Reproducción de Operaciones Electorales como un ente administrativo, la liberalización de compras y contrataciones por parte del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, la reducción de frecuencia de reuniones del pleno, la delegación de funciones del Secretario sin coordinación con el pleno y la eliminación de subjuntas de balance en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado. Asimismo, criticaron el cierre del Registro Electoral con 50 días de antelación y las disposiciones sobre voto adelantado presencial, señalando que algunas podrían generar confusión o sobrecarga operativa.
Mientras el secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, afirmó que “el sistema electoral no es un simple mecanismo administrativo” y añadió que el andamiaje electoral debía modificarse solo con consenso amplio, transparencia y respeto al pluralismo político.
Dalmau advirtió que tras los episodios de 2020 y 2024 existía menor confianza pública en el sistema electoral y enumeró preocupaciones como la ampliación del voto adelantado a grupos específicos, el inicio prematuro del conteo de votos adelantados y la reducción de representación partidista en órganos administrativos.
Solicitó que la Comisión Conjunta realizara consultas públicas vinculantes con universidades, organizaciones civiles, observadores y partidos políticos, y pidió evaluaciones de impacto democrático y estudios técnicos independientes.
Por su parte, el Movimiento Victoria Ciudadana, representado por su coordinadora general, Eva Prados, rechazó las enmiendas y exigió la convocatoria de un proceso participativo que involucrara a sectores más allá de los partidos.
Prados señaló que “necesitamos una nueva ley electoral elaborada con amplia participación multisectorial y aportes de ideas frescas, más allá incluso de los mismos partidos”. Criticó medidas como el cierre del registro electoral 50 días antes de los comicios y la posibilidad de enviar papeletas a direcciones distintas al registro, argumentando que no fortalecerían la confianza ciudadana y podrían legitimar prácticas que afectaron la transparencia en procesos previos.
Proyecto Dignidad, representado por su presidenta Nilda A. Pérez Martínez, coincidió en la necesidad de un diálogo inclusivo. Pérez Martínez aseguró que “Puerto Rico necesita un nuevo pacto electoral, no parchos”.
La delegación del partido manifestó su oposición a disposiciones que, según su ponencia, concentraban poder en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y debilitaban la fiscalización multipartidista. Entre las preocupaciones mencionaron la creación de figuras que podrían dejar fuera a partidos que carecen de presupuesto o representación plena.
Las cuatro colectividades reclamaron medidas técnicas para reforzar la integridad del proceso electoral. Entre las propuestas comunes destacaron limitar modificaciones hasta garantizar la capacidad operativa de la CEE, exigir cadena de custodia documentada para el voto adelantado y por correo, proteger la representación proporcional en juntas y dependencias electorales, y convocar expertos técnicos no partidistas para auditar procesos y sistemas.