En el mes de diciembre, han ocurrido varios eventos políticos que han demostrado parte de la realidad del gobierno que nos rige en el archipiélago boricua. El primero de ellos fue la radicación de una demanda por parte del gobierno contra la empresa LUMA, basada en un reclamo de nulidad de contrato, por la extensión indefinida del contrato temporero que le permite a LUMA seguir operando la transmisión y distribución de la energía eléctrica de este país. Resalta de ese pleito que no hay alegaciones de incumplimiento de contrato, de los deberes de LUMA, por los cuales se le pagan millones de dólares, su incapacidad para resolver a tiempo las reclamaciones de los consumidores, el aumento en cantidad y frecuencia de apagones, su negligencia en el manejo de la vegetación que afecta las líneas eléctricas de transmisión, y no tener una plantilla de empleados completa para operar responsablemente. Además, la demanda es un reconocimiento a la irresponsabilidad y crasa negligencia del gobierno del Partido Nuevo Progresista en la otorgación del contrato, su administración y fiscalización.
Recientemente, la gobernadora le impartió un veto al Proyecto del Senado 752, aprobado en la Legislatura por consenso de todos los partidos para eliminar todo tipo de escolta a los exgobernadores, funcionarios y candidatos a la gobernación, y sobre todo, eliminar la escolta a una exgobernadora convicta de delitos, quien gracias al veto continúa hoy con el privilegio de escolta. Al igual que el proyecto de ley de legalizar las casas de La Parguera que propuso la gobernadora para beneficio de su familia, este veto, además de proteger una convicta, se aseguró de mantener su propia escolta como exgobernadora.
Finalmente, la gobernadora firmó y convirtió en ley el nefasto y terrible Proyecto del Senado 63, limitando y obstaculizando el derecho a la información a la prensa para cumplir con su deber de fiscalización y a las comunidades en sus luchas para obtener información que les permita conocer actividades o proyectos que los pueden afectar. Esta ley es la antítesis a la transparencia gubernamental, a las cuentas claras que debe tener un gobierno, y a su obligación de proteger derechos constitucionales como lo es el derecho a la información.