Hablar hoy de Venezuela exige algo más que análisis geopolítico o discusiones jurídicas entre expertos. Exige una postura humana y moral. Un país que ha visto salir a casi ocho millones de sus ciudadanos no puede ser descrito simplemente como un Estado en crisis: es una nación herida.
Familias rotas, niños creciendo lejos de su tierra, profesionales obligados a empezar de cero. Ese éxodo no ocurrió por accidente ni por factores externos inevitables; ocurrió como consecuencia directa de un régimen dictatorial y despiadado.
En ese contexto, las acciones de Estados Unidos han provocado un debate intenso y legítimo. Desde el punto de vista del derecho internacional, no hay duda de que intervenir en el territorio de otro país sin el consentimiento de ese Estado plantea serios cuestionamientos. Ese debate es válido y necesario. El respeto al orden internacional no puede descartarse a la ligera, incluso cuando se enfrenta a regímenes autoritarios.
Pero el análisis no puede quedarse ahí.
Desde el derecho interno de Estados Unidos, la realidad es distinta. Las autoridades estadounidenses ejecutaron una orden de arresto amparada en órdenes judiciales válidas por delitos graves, relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Para el sistema legal estadounidense, estos delitos trascienden fronteras y permiten acciones extraterritoriales. Esa base legal existe, ha sido utilizada antes y fue la que se invocó en este caso.
Más allá del debate legal, hay una verdad que no puede ignorarse: la permanencia de Nicolás Maduro en el poder es incompatible con la recuperación democrática de Venezuela. Su salida no representa un capricho extranjero ni una obsesión ideológica; representa la posibilidad real de que un país vuelva a respirar libertad, institucionalidad y esperanza. Apoyar la salida de Maduro es apoyar al pueblo venezolano, no a una potencia extranjera. Ese es el deber de todo el que se vanaglorie de defender las causas justas.
Esto no significa celebrar intervenciones ni normalizar el uso de la fuerza como herramienta política. Significa reconocer que la inacción también tiene consecuencias, y que en Venezuela esas consecuencias se han medido en hambre, represión y migración forzada.
La discusión jurídica continuará, como debe continuar, pero no puede servir de excusa para la indiferencia. La crisis venezolana es inaceptable. Y la democracia venezolana merece algo más que comunicados diplomáticos: merece una oportunidad real de renacer. Por eso respaldo la democracia para Venezuela.