El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, confirmó que el Proyecto del Senado 923, aprobado en el Senado, llegaría próximamente a la Cámara para iniciar su trámite legislativo, aunque anticipó que la medida enfrentaría una revisión del lenguaje ante preocupaciones de ambigüedad en disposiciones penales.
Torres Zamora explicó que, tras su aprobación en el Senado, la medida pasaría directamente a la Cámara y debía leerse en primera lectura.
“Eso debería estar llegando en primera lectura. Si pasa hoy o mañana ya es lunes, posiblemente podría estar llegando en primera lectura la semana que viene o la semana arriba”, expresó.
No obstante, sostuvo que todavía no existía una determinación sobre cómo se trabajaría el proyecto una vez comenzara su trámite cameral.
“Realmente cómo lo vamos a trabajar en este momento no te puedo decir”, afirmó.
El legislador indicó que se trataba de un proyecto de administración dirigido a corregir lenguaje, por lo que la Cámara evaluaría el contenido junto al presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.
El Proyecto del Senado 923 propone enmendar el Artículo 92 del Código Penal para redefinir el término ser humano e incluir al concebido en cualquier etapa de gestación, con vigencia inmediata tras su aprobación.
Torres Zamora planteó que el lenguaje aprobado por el Senado presentó problemas desde el punto de vista del derecho penal.
“Personalmente creo que el lenguaje está escrito es ambiguo, creo que tiene problemas de lenguaje”, sostuvo, al añadir que los delitos penales debían definirse con claridad.
“Algo que tenemos que crear un delito tiene que ser un lenguaje específico, porque eso estamos en derecho penal, y los lenguajes tienen que ser claros y exactos”, dijo.
El portavoz de la mayoría insistió en que la ambigüedad podía generar interpretaciones indebidas y dificultar los procesos judiciales.
“Yo no voy a que sea una persona con un lenguaje vago que sea de la interpretación, porque el delito tiene que estar debidamente explicado y la intención o los agravantes tienen que estar precisos en el lenguaje”, expresó. Añadió que, a su juicio, la forma en que se incluyó una línea en la medida provocó ese problema. “De la forma que se incluyó la línea que se incluyó, lo crea ambiguo”, afirmó.
Al abordar el propósito del proyecto, Torres Zamora indicó que no objetó la intención de penalizar con mayor severidad el asesinato de una mujer embarazada. Explicó que, de corregirse el lenguaje, la medida debía cumplir con el objetivo de que las personas responsables respondieran penalmente.
“Si el asesinato es 99 años, son doble asesinato, son 200 años”, expresó.
Ante preguntas sobre si recomendaba enmiendas para evitar que la medida se interpretara como una criminalización del aborto, reiteró su postura sobre la necesidad de claridad legislativa.
“Creo firmemente que la medida tiene problemas de ambigüedad y los delitos penales tienen que ser específicos, claros, para poder encausar a la persona”, sostuvo. Añadió que no deseaba que la intención legislativa se transformara en un debate a favor o en contra del aborto.
Las expresiones del portavoz cameral se produjeron en medio de fuertes críticas al Proyecto del Senado 923 por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico. La directora ejecutiva de la organización, Annette Martínez Orabona, advirtió que la medida, tal como se redactó, tendría el efecto de criminalizar de forma absoluta el aborto en Puerto Rico. “El Proyecto del Senado 923, tal como está redactado y presentado, constituye una criminalización absoluta del aborto en Puerto Rico”, sostuvo en declaraciones autorizadas.
Martínez Orabona afirmó que el proyecto no consideró la jurisprudencia vigente ni su impacto en distintos escenarios. “Resulta evidente que el proyecto se formuló desde una óptica que no toma en cuenta la jurisprudencia vigente, y mucho menos su impacto en escenarios diversos”, expresó. También cuestionó las consecuencias para víctimas de violencia sexual y para la práctica médica. “¿Dónde queda el derecho a la salud y el deber de los profesionales de la medicina de actuar conforme a su criterio clínico, y no bajo la amenaza de cárcel?”, planteó.
La ACLU reclamó que cualquier consideración legislativa garantizara vistas públicas reales y un proceso deliberativo amplio. “Lo primero que debe garantizarse es una discusión amplia y profunda, mediante vistas públicas reales en las que participen todas las partes afectadas”, sostuvo Martínez Orabona.
A esas críticas se sumaron las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño en Cámara y Senado. La senadora María de Lourdes Santiago expresó que la medida representó un retroceso en los derechos de las mujeres. “El liderato del Partido Nuevo Progresista, en repetidas ocasiones, ha declarado su intención de ilegalizar de forma absoluta el que las mujeres ejerzan autonomía sobre sus cuerpos”, afirmó. Por su parte, la representante Adriana Gutiérrez sostuvo que la propuesta formó parte de un patrón legislativo más amplio.
“Esta no es una medida aislada, sino que se une a otras iniciativas que buscan imponer el control del Estado sobre los cuerpos de las mujeres”, expresó.