Desde cualquier punto de vista, una propuesta seria y responsable de reforma contributiva debe incluir una revisión integral, rigurosa y profunda de todos los componentes o actores del sistema impositivo de un país. Esto significa que el análisis de las fuentes de recaudos del gobierno central está obligado a incorporar las aportaciones del sector empresarial, incluyendo las corporaciones, así como a las familias e individuos. Cualquier iniciativa de enmiendas a leyes existentes, si no incorporara ese principio, debe considerarse un ejercicio legislativo convencional, pero ciertamente no una reforma tributaria.
La propuesta de la gobernadora se limita básicamente a reducir las tasas contributivas para los individuos y aumentar de $2,500 a $5,000 la deducción por dependientes; esto, por sí solo, no representa una reforma contributiva.
El proyecto elimina la exención del pago de Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en los equipos solares eléctricos utilizados para producir y almacenar energía eléctrica (sistemas de placas solares), incluyendo sus accesorios y piezas y el arrendamiento de estos. Este cambio, que replica la política fiscal de Donald Trump, favorece principalmente a LUMA porque va a generar más dependencia en su servicio, favoreciendo directamente las industrias del petróleo y el gas natural, descartando décadas de adelanto en el futuro energético del país y propinándole una “estocada” a la política pública de impulsar la energía renovable, que es la más barata, limpia y conveniente para el país.
Además, la propuesta elimina los beneficios de reintegro de arbitrios para los autos eléctricos, que es una medida que han establecido la mayoría de los países del mundo. Si esto se aprueba, se elimina la motivación principal para que el país se una a las corrientes de desarrollo tecnológico que prevalecen en el planeta, y echa hacia atrás las posibilidades de que tengamos, en el mediano plazo, una mayoría de vehículos eléctricos. No podemos perder de perspectiva los múltiples impuestos que existen en la actualidad y que urge que sean revisados, como lo son el IVU de 11.5 %, el impuesto sobre la propiedad, sobre el inventario, las exenciones contributivas a grandes corporaciones y los incentivos contenidos en la Ley 60, que absorbieron los antiguos incentivos a millonarios de la Ley 22. Mientras esto no se revise, no habrá una verdadera reforma contributiva.