La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Aydin González Colón convirtió en ley dos medidas de administración.
La primera de ellas es la Ley 52-2026 | Proyecto del Senado 438 crea la Ley de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos y Propiedad Pública, que establece un marco regulatorio y fiscalizador mediante el cual se notifique a la Oficina del Contralor de Puerto Rico toda perdida o irregularidad en el manejo de fondos o bienes públicos.
La nueva ley representa una reforma estructural del régimen de notificación y fiscalización de pérdidas de bienes y fondos públicos, al sustituir un modelo declarativo débil por uno procedimental, digitalizado y con consecuencias concretas, orientado a fortalecer la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.
En los pasados diez años el Gobierno de Puerto Rico ha perdido sobre $4.2 millones en fondos públicos por propiedad extraviada o manejada de manera “irregular” por parte de 81 entidades gubernamentales que no cumplieron con el requisito de notificación ante el Contralor de Puerto Rico que impone la ley.
Además, la Ley 53-2026 enmienda la Ley 222-2011 (Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico) a los fines de prohibir la influencia económica de personas jurídicas extranjeras en Puerto Rico.
La medida ajusta el estado de derecho local en materia del financiamiento de campañas políticas, como han hecho otras jurisdicciones en aras de aclarar el vacío del caso Citizens United v Federal Election Commission
Para propósitos de esta Ley, las personas jurídicas extranjeras, serán aquellas organizadas, incorporadas o registradas fuera de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América, independientemente de que posean o no operaciones en Puerto Rico, estas no podrán, directa ni indirectamente, o a través los miembros de sus juntas de directores, ejecutivos, gerentes, socios gestores o subsidiarias, realizar donativos, organizarse como un comité de acción política, comité de fondos segregados, o gastos independientes alguno con fines de influir y/o participar en el financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico”.
“Cumpliendo con el compromiso contraído con nuestro Pueblo, este Gobierno reconoce la importancia de garantizar que nuestro proceso electoral quede libre de toda influencia corporativa extranjera, que pueda atentar con nuestro sistema democrático. De esta manera también protegemos nuestro sistema electoral de otros intereses ajenos a nuestras costumbres y tradiciones. Por ello, este Gobierno considera meritorio aprobar toda legislación necesaria, que redunden en fortalecer el derecho electoral, nuestro sistema de financiamiento de campañas políticas, y con ello, el sagrado derecho al sufragio universal”, lee parte de la medida.