El zar de Energía, Josué Colón Ortiz, reaccionó a la determinación del oficial examinador, sobre su oposición a la solicitud de los operadores del sistema eléctrico para aumentar la tarifa de energía eléctrica.
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“Estas provienen de un oficial examinador y no constituyen una determinación final del Negociado de Energía, ni mucho menos la política pública del Gobierno de Puerto Rico. A esos efectos, se puntualiza que la comparecencia del Zar de Energía y de la AAPP se realiza ante el Negociado de Energía (Negociado), ente con autoridad final en este procedimiento, y no ante el oficial examinador, cuyo rol se limita a emitir recomendaciones. En última instancia, corresponde al Negociado evaluar el récord administrativo y adoptar, modificar o rechazar cualquier recomendación conforme al marco legal y regulatorio aplicable”, expuso Colón Ortiz en declaraciones escritas.
Según Colón Ortiz, “el récord administrativo en el cual se sustentan dichas expresiones se encuentra incompleto, como resultado de decisiones tomadas por el propio oficial examinador, que han limitado la incorporación de evidencia material y pertinente, principalmente relacionada con el manejo de fondos federales y con los gastos excesivos e irrazonables incurridos por LUMA”.
“No se puede tomar una decisión que afecte al pueblo sobre un récord incompleto”, sentenció.
El examinador del Negociado de Energía de Puerto Rico, Scott Hempling, rechazó un escrito presentado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Oficina del zar de Energía en el caso de revisión tarifaria de la Autoridad de Energía Eléctrica, al describirlo como una presentación no autorizada y tardía.
“La moción es rechazada. En una democracia, hasta un zar tiene que seguir las reglas”, escribió Hempling en la orden.
El documento identifica la presentación del gobierno como una “moción informativa” recibida el 10 de abril de 2026, once semanas después de la fecha límite para los escritos iniciales y seis días antes del término para una orden final.
Hempling sostuvo que, en una adjudicación formal, el gobierno está sujeto a las mismas reglas que cualquier otra entidad y que, para influir en las decisiones de la agencia, debía intervenir como parte. Añadió que, de haberlo hecho, se habría sometido al mismo escrutinio en récord que las partes reconocidas en el caso.
“En cambio, el gobierno esperó para atacar en un momento en que nadie podía responder.
Y esta ‘moción informativa’ está muy lejos de ser informativa. Sus ataques contra LUMA están plagados de adjetivos vacíos y carecen de hechos en récord. Es un intento flagrante de interferir con las decisiones de una agencia administrativa independiente”, indicó el examinador.
El funcionario también afirmó que la presentación constituye “política de la peor clase, política por emboscada” y la catalogó como un bochorno para el gobierno, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, la Oficina del zar de Energía y el abogado que la presentó.
La orden fue emitida en el caso NEPR-AP-2023-0003, relacionado con la revisión tarifaria de la Autoridad de Energía Eléctrica.