En medio de diversas denuncias de organizaciones ambientales que aseguran que el Proyecto de la Cámara 25 (PC25) podría reducir el dominio público en las costas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) defendió la medida y aseguró que no afecta el acceso público a las playas en Puerto Rico.
El PC25 busca atemperar la definición de la zona marítimo terrestre, estableciendo como criterio principal el nivel medio de pleamar mayor basado en datos de largo plazo, en lugar de referencias más amplias como eventos extremos.
El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, afirmó en vista pública que el proyecto no altera el acceso ni los derechos existentes sobre las playas.
“Quiero que el récord quede claro, aquí no hay ningún cambio, aquí no se le está quitando nada a nadie (…) todo se mantiene igual”, dijo el secretario.
Según explicó, el cambio principal de la medida es incorporar datos científicos, particularmente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), para establecer con mayor precisión los deslindes de la zona marítimo terrestre.
Quiles también planteó que el proyecto surgió en parte para atender controversias históricas sobre cómo se define la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), que actualmente depende de criterios amplios como el flujo y reflujo del mar o el alcance de las olas en temporales.
“La diferencia es que esta medida da una base estadística a la hora de que los compañeros agrimensores vayan a establecer el límite de la Zona Marítimo Terrestre, porque el fundamento que se usaba era un fundamento que básicamente era casi mágico. Usted tenía que ver cuándo era el temporal mayor. Ahora se está usando datos científicos de la NOAA, donde ya se va a establecer un punto específico y no va a variar”, aclaró el secretario.
Las expresiones del secretario se dieron durante la vista pública de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, presidida por la senadora Marissa Jiménez Santoni, en la que se evaluó proyecto junto a diversas agencias y organizaciones citadas.
Agencias respaldan la medida
Tanto el DRNA como el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se expresaron a favor del Proyecto de la Cámara 25 durante sus ponencias, al coincidir en que la medida busca “aclarar y uniformar la definición” de la ZMT sin alterar su carácter público.
Quiles sostuvo en su presentación que la propuesta mantiene los elementos esenciales que definen esta zona y no representa un cambio sustancial en su alcance, aunque sí atiende áreas de controversia técnica, como el caso de los acantilados y la delimitación precisa del litoral.
“En síntesis, del análisis comparativo de ambas versiones se desprende que en lo sustancial mantiene los elementos que delimitan la zona marítimo-terrestre como el espacio costero sujeto a la acción del mar incluyendo los terrenos ganados al mismo y las márgenes de los ríos hasta donde sean navegables o sean sensibles a las mareas. En ese sentido, la definición adoptada no altera la naturaleza jurídica fundamental de este bien de dominio público, ni representa un cambio significativo en cuanto a su alcance (…) Por lo anterior, respaldamos la aprobación de esta medida”, expresó Quiles.
Por su parte, el DDEC también favoreció la medida, al entender que responde a una necesidad de política pública al establecer criterios técnicos más claros para determinar los límites de la zona marítimo terrestre.
En su ponencia, el agrimensor Marcos Colón Mercado explicó que la legislación vigente carece de precisión en los parámetros utilizados, lo que ha generado controversias recurrentes en los procesos de deslinde.
“La definición vigente desde la Ley 151 describe la zona marítima o terrestre en función del flujo y reflujo del mar en aquellas áreas donde las baleas son sensibles y de las mayores olas en los temporales donde no lo son, pero no establece con suficiente especificidad cuál es el parámetro técnico que debe utilizarse para fijar ese límite en el terreno. Precisamente por esa razón, el propio informe positivo de la Honorable Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y el representante de Puerto Rico reconoce que el ordenamiento actual no define con claridad qué referencia marial debe emplearse al momento de determinar la zona marítima o terrestre. Esa falta de precisión ha alimentado controversias recurrentes sobre la manera correcta de medirla e identificarla”, destacó el agrimensor.