El portavoz de la delegación PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, reiteró su oposición a la determinación del gobierno de penalizar con otro cargo a los clientes que tienen placas solares y están conectados al sistema eléctrico.
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“Desde el año pasado hemos estado alertando al ciudadanía del intento del gobierno de imponer cargos a los consumidores de medición neta”, señaló.
De acuerdo con datos que la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado exigió a LUMA Energy, y que se divulgaron en una conferencia de prensa el 3 de septiembre de 2025, más de 96 mil clientes residenciales están conectados a estos sistemas de energía alterna, señaló el senador.
“La determinación del Negociado de Energía, lejos de celebrarla, como hizo la gobernadora, debe invitarnos a la reflexión. El Gobierno celebra esta determinación cuando lejos de ser beneficiosa es otro impacto al bolsillo de los consumidores. Un gobierno que no fue hasta el último momento que acudió al Negociado de Energía a presentar su posición en medio del proceso de revisión tarifaria. Una intervención que incluso el propio Negociado señaló como “improcedente”, al presentarse 11 semanas después de vencido los términos para la presentación de escritos y a solo días de que el Negociado tomara la determinación final”, añadió Hernández Ortiz.
El portavoz popular recordó que muy recientemente la primera ejecutiva había enviado un proyecto a la Legislatura, donde se pretendía eliminar la exención del IVU en los sistemas de placas solares. La delegación PPD en aquel momento denunció ese cargo e incluso identificó otros recortes que podía hacer el gobierno antes de eliminar ese beneficio que ha permitido que miles de familias se integren en estos sistemas energéticos costo efectivos.
“La política pública de Jenniffer González ha quedado más que evidente. Prefiere celebrar los cargos que se le imponen a los consumidores, antes de exigir a sus subalternos en la AEE y el COR3 para que hagan un uso eficiente de los fondos federales para la red energética, sin tocar el bolsillo de la gente”, sentenció Hernández Ortiz.
“Recordemos que este sistema de medición neta se concibió con la idea de facilitar la interconexión a la red eléctrica y permitir la retroalimentación de electricidad a los clientes que instalen en sus hogares un equipo solar eléctrico o cualquier fuente de energía renovable que sea capaz de producir energía. Dicha política pública ha permitido que las familias y los negocios puertorriqueños puedan ahorrar en sus facturas eléctricas al acreditar a estos la energía limpia que generan con sus sistemas solares y que exportan a la red a través de fuentes renovables, como paneles solares. Ahora este gobierno no tan solo acabó con eso, sino que también lo celebra”, sentenció.