El Departamento de Justicia informó este viernes que atendió la situación reportada con el Registro de Cabilderos, luego de que varias firmas no aparecieran visibles en el portal público.
La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, aseguró que, tras una investigación, se determinó que en ningún momento se comprometieron la seguridad, la información ni los datos del sistema.
Según detalló, la incidencia —detectada desde la noche del jueves— provocó que ocho firmas no fueran visibles para el público, aunque habían cumplido con los requisitos de registro establecidos por la Orden Ejecutiva 2019-031 y la Carta Circular 2019-02.
Las entidades afectadas fueron Feliciano Legal and Government Affairs, Politank Corp., Globalize LLC, The RCL Group LLC, Consensus Law Group LLC, World Professionals Group LLC, McCarthy Strategies LLC y Grupo G25 LLC.
“El personal técnico, tanto del Departamento de Justicia como de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), validó que la información se mantuvo accesible internamente en todo momento”, sostuvo la funcionaria.
La agencia concluyó que el incidente respondió a una falla técnica de programación, la cual ya fue corregida y será reforzada para evitar que situaciones similares se repitan.
Las expresiones surgen luego de que el principal oficial ejecutivo (CEO) de Politank, Manuel Torres Nieves, solicitara a la secretaria de Justicia la realización de una investigación administrativa ante la aparente ausencia de la información de la firma en el registro.
“Nos resulta sumamente preocupante que nuestra información haya desaparecido del registro público sin mediar solicitud alguna de nuestra parte. Politank ha cumplido rigurosamente con todas las disposiciones legales aplicables al registro de cabilderos, como parte de un compromiso firme con la transparencia y el cumplimiento normativo”, expresó Torres Nieves en declaraciones escritas.
El ejecutivo añadió que la situación “plantea interrogantes sobre la integridad y manejo del sistema”, y advirtió que podría afectar la reputación de la firma y de sus clientes al crear una percepción errónea de incumplimiento.
Según indicó, la firma no había solicitado ni autorizado la eliminación de su información, ni había realizado gestiones para modificar su estatus en el sistema.