La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico presentó el lunes, un recurso de mandamus en representación del periodista Carlos Berríos Polanco para exigir a la Policía de Puerto Rico la entrega de información pública sobre Operación Stonegarden.
“Estamos hablando de información sobre uso de fondos públicos, coordinación con agencias federales, adquisición de equipo y salvaguardas de derechos civiles. Esa información no le pertenece a la agencia, sino al país”, dijo el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico, Fermín Arraiza Navas, en declaraciones escritas.
“La ley no permite que una agencia simplemente calle, deje vencer el término y trate el acceso a la información como si fuera opcional”, añadió Arraiza Navas.
La petición fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan y fue dirigida al comisionado de la Policía, Joseph González Falcón. El recurso sostiene que la Uniformada no respondió dentro del término dispuesto por la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública a una solicitud radicada el 19 de febrero de 2026.
Berríos Polanco solicitó documentos sobre la administración y adjudicación de fondos de Operación Stonegarden, además de propuestas, memorandos de entendimiento y acuerdos de cooperación o subadjudicación suscritos con agencias federales entre los años fiscales 2018 y 2025. También pidió informes operacionales y datos sobre arrestos, citaciones y otras intervenciones realizadas durante esas operaciones.
La entidad explicó que la ley fija un término de 20 días laborables para atender solicitudes de información pública y señaló que, en este caso, el plazo comenzó el 20 de febrero y venció el 20 de marzo de 2026. Añadió que, al no mediar respuesta ni prórroga, el Portal de Transparencia marcó la solicitud con el estatus de silencio administrativo.
La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, sostuvo que el acceso a la información pública es un derecho constitucional indispensable para fiscalizar el poder y para que el país pueda evaluar las actuaciones del gobierno con datos y hechos.
La solicitud también reclama acceso a políticas operacionales y materiales de adiestramiento sobre uso de fuerza, interacción con civiles, autoridad para intervenir en asuntos migratorios y protocolos para referir personas a custodia federal. Además, pide documentos sobre garantías de derechos civiles, acceso lingüístico, prevención de discrimen, mecanismos de querellas e impacto comunitario.