La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera denunció este lunes que el proceso judicial contra la joven, acusada por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts, ha estado marcado por un trato desigual y un nivel de escrutinio que atribuyen a que se trata de una mujer en un caso de alto perfil.
Las expresiones surgieron tras una vista en el Tribunal de Aibonito, donde el juez Juan Reyes declaró no ha lugar a la solicitud de la defensa para paralizar los procedimientos bajo el argumento de que la imputada no es procesable por alegada discapacidad intelectual.
Durante la audiencia, el magistrado también rechazó la petición de celebrar una nueva vista de procesabilidad, al acoger la postura del Ministerio Público de que la acusada comprende el proceso judicial y las posibles consecuencias legales.
Más allá del revés judicial, la defensa cuestionó el manejo del caso tanto en sala como en la esfera pública, señalando que se han introducido elementos ajenos a la prueba que, a su juicio, buscan incidir sobre la percepción del carácter de la acusada. En ese sentido, criticaron que durante la argumentación del Ministerio Público se hicieran referencias a aspectos de la vida personal de la joven, como si “sale o janguea”, lo que calificaron como contenido “inflamatorio” y sin pertinencia probatoria.
“De eso se ha tratado todo este proceso desde el inicio”, sostuvo la defensa, al insistir en que se ha intentado “destruir su reputación”.
Asimismo, plantearon que este tipo de cobertura y cuestionamiento público no suele darse en casos similares cuando los acusados son hombres, lo que, según indicaron, evidencia un trato diferenciado por razón de género.
La controversia también alcanzó el uso en sala de un informe pericial preparado a solicitud de la defensa. Según explicaron, la fiscalía citó extractos del documento fuera de contexto para sostener que la acusada comprende los procesos judiciales, cuando —aseguran— dichas respuestas fueron incluidas precisamente para evidenciar que sus contestaciones eran “rudimentarias” y no cumplían con los criterios mínimos para ser considerada procesable.
Además, la defensa cuestionó que se revelaran en sala detalles de un informe que consideran confidencial, calificando esa actuación como inapropiada.
Por su parte, la fiscal Silda Rubio utilizó partes de ese mismo informe para argumentar que la imputada tiene conocimiento de los cargos en su contra, incluyendo diferencias entre delitos y posibles penas, lo que fue determinante para que el tribunal concluyera que comprende el proceso judicial y sus consecuencias legales.
Con estas determinaciones, el caso continúa su curso y el inicio del juicio fue pautado para el 4 de mayo.
Avilés Cabrera enfrenta cargos por el asesinato ocurrido en agosto de 2025 en Aibonito.