Sin duda, el tema de mayor importancia en la discusión pública puertorriqueña durante los pasados días ha sido el de las dos propuestas –una de la gobernadora y la otra, del presidente del Senado—para “reformar” el sistema de permisos vigente en el país. No nos llamemos a engaño: ambas propuestas persiguen el propósito de entregarle el patrimonio natural de Puerto Rico, incluyendo las determinaciones sobre sus usos en el presente inmediato y en el futuro previsible, a diversos intereses que no promueven ninguna visión de planificación integral ni balance de intereses.
Todo el mundo estaría de acuerdo con agilizar los procesos de permisos que, en múltiples ocasiones, afectan a los comerciantes, permisos que no tienen ningún impacto negativo en comunidades, en el medio ambiente o convivencia social. Una reforma de permisos no puede ser la oportunidad para limitar, impedir o violar el cumplimiento del debido proceso de ley, el acceso a los tribunales, provocar daños a comunidades, a los recursos y medioambiente.
En la articulación de ese plan, no se han tomado en cuenta los mejores intereses de nuestra gente. Es decir, no ha habido consultas con residentes y grupos comunitarios de las zonas o regiones del país. Por consiguiente, no se han tomado en cuenta los impactos ecológicos, y mucho menos, las consecuencias sobre el medioambiente y sobre la salud de muchos seres humanos. La comunidad científica, que al igual que en el caso de la errada política energética que sufre y padece el país, ha expresado contundentemente las advertencias de rigor, y no ha sido escuchada.
En ambas propuestas para “reformar” un sistema de permisos al que se dedicaron miles de horas y la participación de cientos de expertos/as y profesionales a lo largo de décadas, se obvian los principios de planificación integral, participativa y democrática. De hecho, se propone eliminar la Junta de Planificación y se deja en manos del “mercado” el uso más sensato de nuestros suelos. El contenido de ambas propuestas revela la ausencia absoluta de una propuesta de verdadero desarrollo sustentable o sostenible en su acepción más amplia y universal.
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