El pasado 31 de julio, la prensa informó que dos adultos mayores fueron encontrados sin vida el mismo día, en sus respectivas unidades de vivienda en el edificio Dr. Leopoldo Figueroa, en San Juan. Esta semana, hubo un incendio en el segundo piso del edificio, tragedia que también ocurrió en febrero de 2023.
Según la prensa, la empresa A&M Contract, Inc. -propiedad de Ramón Rosario de la Cruz- es quien administra este edificio como parte de una cartera que incluye más de 20 proyectos de vivienda pública.
Recientemente, visité esta comunidad -junto a Manuel Natal y Eva Prados- para escuchar sobre sus necesidades y sus demandas. Dijeron que quienes denuncian las malas condiciones del edificio han sido objeto de represalias por parte de la administración. Por eso, nos solicitaron que les ayudáramos a visibilizar sus reclamos, razón por la cual escribo esta columna.
Los residentes del edificio denuncian que la administración solo acepta el pago de su renta en efectivo. Demandan que se les permita pagar mediante otros métodos. También, solicitan que se revisen los cánones de arrendamiento. Existe una plaga de insectos y sabandijas que pudimos observar en las áreas comunes. Por eso, reclaman que se fumigue con regularidad. También, informaron que necesitan volver a recibir servicios sociales y de salud que antes tenían, como, por ejemplo, trabajadoras sociales. Hay problemas estructurales que incluyen desprendimientos del techo y la fachada. Solicitan que se haga una lista de familiares autorizados a entrar en situaciones de emergencia. Los residentes viven con mucha ansiedad y con la tristeza que produce el temor de correr la misma suerte que sus dos vecinos que fallecieron y cuyos cuerpos fueron encontrados días después.
Este espacio no me permite incluir todos los reclamos de la comunidad. Pero, en resumen y según sus palabras, quieren que el edificio deje de ser un espacio inseguro, “tierra de nadie”, exigen que se les trate con empatía y que la administración cumpla con su responsabilidad.