Durante décadas, el gobierno de Puerto Rico ha padecido diversos males, como el clientelismo político, la corrupción y la falta de empatía y solidaridad en los servicios. Desde el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) promovemos un gobierno ágil, sensible y protector de todos los seres humanos que habitan en esta isla y sus derechos.
Como establece nuestro programa de gobierno Patria Nueva, elaboraremos un Plan de Reorganización de la Rama Ejecutiva, que buscará la reestructuración integral mediante la consolidación, redefinición, disolución y creación de nuevas estructuras, evitando duplicidades y mejorando la eficiencia.
Reestructuraremos las agencias gubernamentales para mejorar la coordinación, simplificar procedimientos y descentralizar funciones. Promoveremos la participación ciudadana mediante la publicación de datos abiertos, auditorías continuas y sistemas integrados. Crearemos un Panel de Justicia y Verdad para investigar la responsabilidad legal en la crisis económica de Puerto Rico, con capacidad de referir casos de conducta delictiva a las autoridades competentes.
En el ámbito legislativo, retomaremos la iniciativa de un sistema legislativo unicameral, junto con una propuesta que permita una representación más justa y proporcional en el poder legislativo.
En la rama judicial, tendremos como norte incorporar la carrera judicial y la del ministerio público a nuestro ordenamiento de manera que las personas seleccionadas a los respectivos cargos de jueces, fiscales y procuradores cumplan con criterios formativos superiores. La selección estos se efectuará bajo rigurosos procedimientos evaluativos dispuestos en la ley en torno a la competencia, el desempeño y el trasfondo jurídico de las personas aspirantes. A nivel municipal, crearemos regiones administrativas que permitan, a los municipios, colaborar entre ellos para gestionar y racionalizar los servicios municipales para que se compartan entre municipios vecinos, como una forma de reducir gastos y evitar la duplicación de funciones.
En el área de la corrupción, se creará el cargo de Fiscal de la Ética Gubernamental, adscrito a la Oficina del Contralor con nombramiento de 10 años, quien tendrá a cargo el procesamiento de casos judiciales y administrativos contra funcionarios incursos, ciudadanos y terceros partícipes. Este cargo fungirá como un ente autónomo desligado de las ramas políticas y se seleccionará a base de los mecanismos y requisitos establecidos para el nombramiento de jueces y fiscales bajo la Carrera Judicial. Solamente en la Patria Nueva transformaremos el gobierno para cumplir con las expectativas de nuestro pueblo.