La nominación de Arthur Garffer Croly como Secretario de Estado quedó en entredicho luego de que saliera a relucir su inscripción activa como elector en el estado de Florida, un dato que pone en duda su cumplimiento con el requisito constitucional de haber residido en Puerto Rico durante los últimos cinco años.
Tras la divulgación de documentos por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), senadores de todos los partidos comenzaron a reaccionar, exigiendo explicaciones claras del nominado y cuestionando el proceso de evaluación llevado a cabo por La Fortaleza.
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, aseguró que la evidencia presentada —que incluye información del registro electoral de Florida— deja poco espacio a dudas. Según el legislador, Garffer solo lleva unos meses viviendo en Puerto Rico, tras haber sido nombrado como secretario del Departamento de Seguridad Pública.
“Garffer es elector activo en el estado de Florida. Tras una búsqueda en el Registro de Electores de ese estado, el designado aparece inscrito en esa jurisdicción. Y no solo eso, sino que también aparece como elector activo”, denunció. A su juicio, la designación no solo viola la Constitución, sino que representa un patrón preocupante de improvisación y falta de transparencia por parte de la gobernadora Jenniffer González.
La Constitución de Puerto Rico establece que el secretario de Estado debe haber sido residente bona fide de la isla durante los cinco años previos a su designación.
La senadora popular Ada Álvarez Conde coincidió en que no es necesario continuar con el trámite en la Comisión de Nombramientos si la documentación ya revela que el nominado no cumple con los requisitos constitucionales. Afirmó que su delegación entregó evidencia y que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitó más documentos a la CEE para corroborarla.
“No hay que llevar esto a la Comisión si ya hay documentos que demuestran que no cumple. El valor de Garffer como secretario del DSP no está en duda, pero esto es un asunto legal y constitucional”, sostuvo, al enfatizar que el proceso debe detenerse si se confirma la irregularidad.
Desde el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la senadora María de Lourdes Santiago cuestionó el criterio con el que se están haciendo los nombramientos desde el Ejecutivo.
Aunque reconoció que corresponde al presidente de la Comisión de Nombramientos decidir si se celebrarán vistas públicas, señaló que el Senado ya anticipó la solicitud de documentos del expediente militar del nominado para tratar de determinar con mayor claridad su lugar de residencia.
“La pregunta de fondo sigue siendo hasta dónde va a llegar la incompetencia del proceso de selección de nominados y nominadas de La Fortaleza; ya van tres nombramientos con señalamientos determinantes sobre elementos que la Gobernadora conocía o debía conocer”, planteó.
El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Juan Oscar Morales adoptó una posición similar a la de sus colegas en cuanto a la necesidad de claridad por parte del nominado. Aunque destacó la experiencia y preparación de Garffer, subrayó que el cumplimiento de los requisitos constitucionales no es negociable.
Morales afirmó que ahora le corresponde al propio Garffer explicar su situación residencial, sin intermediarios.
“Luego de haber obtenido la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones, corresponde al nominado explicar todo lo relacionado con su domicilio y residencia. Tiene que demostrar que cumple con los requisitos que exige el puesto de secretario de Estado, para que el Senado pueda considerar la nominación. Si no cumple con el requisito de los cinco años en Puerto Rico, ni tan siquiera debe someterse al Senado para consideración”, declaró.