Recientemente, una investigación periodística reveló que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) firmó un decreto contributivo, bajo la Ley 60, a favor de un empresario salvadoreño que estaba privado de libertad en una cárcel de Colombia. Según la investigación, en 2023, el aún beneficiario del decreto contributivo lo solicitó como “inversionista residente” en Puerto Rico para disfrutar de unas tasas contributivas preferenciales que van desde 0 % a 4 % de interés. Sin embargo, el decreto fue aprobado el 1 de marzo de 2024, fecha en la que esta persona llevaba tres meses privado de libertad en la cárcel La Picota, la más grande de Colombia.
El beneficiario enfrentaba, en Colombia, un proceso de extradición a El Salvador. Según el reportaje, esta persona era prófuga de la justifica por la Fiscalía de El Salvador desde 2009. Se le acusa de crímenes ambientales por contaminación culposa con plomo. Este caso se suma a una larga lista de inversionistas que vienen a Puerto Rico para pagar menos impuestos y, en muchos casos, evadirlos, y que han sido imputados de delitos que incluyen fraude y evasión contributiva. La Ley 60 no ha servido para aumentar los recaudos públicos ni para mejorar las condiciones de la mayoría de los residentes en Puerto Rico. Pero la gobernadora presentó el Proyecto de la Cámara 505, para extender la vigencia de la Ley 60 hasta 2055.
Puerto Rico necesita una verdadera reforma contributiva que abandone los impuestos regresivos, como el Impuesto sobre Ventas y Uso, y que recupere parte de las ganancias —de corporaciones foráneas— que se fugan del país anualmente. La reforma que necesita Puerto Rico debe tener como resultado el aumento de los recaudos del gobierno con el objetivo de satisfacer las necesidades más importantes del país, como son servicios de salud adecuados y gratuitos, educación pública, vivienda asequible, agua, energía e infraestructura. La fórmula para lograrlo no es secreta: las contribuciones deben ser proporcionales a los ingresos. Quienes más ganancias generen, quienes más bienes de fortuna tengan, más deben contribuir. No al Proyecto de la Cámara 505.