El Departamento de Hacienda se opuso al Proyecto del Senado 252, el cual propone enmendar el Código de Rentas Internas para eximir del pago del impuesto sobre ventas y uso (IVU) los medicamentos sin receta adquiridos por personas de 65 años o más en establecimientos autorizados. La medida, según sus proponentes, busca promover la salud preventiva, el acceso a productos esenciales y la justicia social para la población envejeciente.
Durante una vista pública, la asesora técnica del secretario de Hacienda, Johanna Rohena Quiñones, señaló que la agencia no cuenta con información desglosada en las planillas del IVU que permita identificar los artículos de consumo incluidos en el proyecto ni la población que se beneficiaría de la exención. Afirmó que para poder evaluar el impacto económico de la medida, sería necesario recurrir a datos externos.
Además del reto en la disponibilidad de información, Rohena advirtió que la propuesta representaría un efecto significativo en los ingresos del Gobierno. Citó un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), que estima una pérdida de $174.4 millones en 2026, $779.1 millones en 2027, $183.1 millones en 2028, $190.4 millones en 2029 y $195 millones en 2030. Según expuso, la implementación de esta exención tendría que cumplir con la Sección 15 del presupuesto vigente, que requiere una certificación previa de la Junta de Supervisión Fiscal sobre el uso de fondos y su alineación con el plan fiscal certificado.
“El plan fiscal establece el principio de neutralidad fiscal que debe regir en toda legislación contributiva donde hay un impacto al erario”, explicó. Añadió que, aunque algunos impactos puedan parecer mínimos, el plan también advierte sobre el efecto acumulativo de múltiples medidas similares.
Rohena también enfatizó los retos de fiscalización e implementación de la exención y reiteró que el Departamento de Hacienda tiene la responsabilidad de asesorar a la rama legislativa sobre cualquier proyecto que pudiera afectar los recaudos del Fondo General. Recordó que el secretario de Hacienda, en su rol de principal oficial financiero del Gobierno, debe velar por el cumplimiento con el plan fiscal certificado por la Junta.
La funcionaria mencionó que la administración actual presentó otras medidas enfocadas en adultos mayores, como el Proyecto de la Cámara 500 y el Proyecto del Senado 492, que buscan eximir del pago de contribución sobre propiedad mueble las medicinas recetadas. Aun así, recalcó que toda iniciativa con efecto fiscal debe evaluarse con rigor.
“Estamos conscientes de que es una medida que atiende a una población vulnerable, lo que pasa es que la medida no contempla los fondos de repago”, indicó Rohena. Además, sostuvo que cualquier alivio contributivo debe estar debidamente justificado y financiado, conforme a la política fiscal vigente.
De igual forma tanto la OPAL como la Oficina de Gerencia y Presupuesto se opusieron a la medida.