El municipio de Aguadilla se declaró una ciudad santuario, al igual que lo han hecho múltiples ciudades y condados a través de los Estados Unidos. Mediante la Ordenanza 82, el Municipio de Aguadilla estableció que no colaboraría con las agencias federales en temas migratorios, a menos que hubiera una orden judicial que así lo requiriera. Según la ordenanza, el gobierno municipal estaría cumpliendo con las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico que establecen que la dignidad del ser humano es inviolable.
La referida ordenanza correctamente aclara que su implementación no viola ley federal alguna y que, por el contrario, es parte de una política pública “inclusiva y respetuosa de los derechos humanos”, “basada en el principio de equidad y justicia”, para asegurar que todas las personas tengan acceso a los servicios básicos.
Sin embargo, el gobierno central ha insistido en colaborar con las autoridades migratorias federales aun cuando las redadas migratorias han demostrado ser ilegales, crueles y abusivas. Las consecuencias de estas redadas migratorias de Donald Trump han sido las siguientes: miles de personas desaparecidas, persecución, privación de libertad en condiciones de hacinamiento, en temperaturas extremas, aislamiento sin poder comunicarse y la muerte de al menos once personas, según las cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Como si no fuera suficiente la vergonzosa colaboración del gobierno con las redadas ilegales e inmorales contra las personas migrantes, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) informó que retiró fondos federales de Homeland Security al municipio de Aguadilla por haber aprobado su Ordenanza 82. Esto, sin haber citado disposición legal alguna que le autorizara a hacerlo. De hecho, no existe memorando alguno de parte de la administración de Trump que faculte al DSP a actuar de esta manera.
Por tanto, no solo el gobierno de Jenniffer González está colaborando con redadas migratorias sin órdenes judiciales que así lo requieran, sino que además está tomando represalias y discriminando contra los municipios que cumplan con el estado de derecho actual. El llamado de organizaciones defensoras de los derechos civiles y humanos, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), es a que más municipios se conviertan en santuarios y denuncien las políticas migratorias inhumanas y abusivas.