A ocho años del paso del huracán María, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) aún enfrenta retos significativos en la ejecución de los proyectos financiados con fondos federales destinados a la recuperación de Puerto Rico.
Según datos disponibles en el portal de transparencia de COR3, del total asignado de $91,540 millones, se han desembolsado aproximadamente $40,564 millones, lo que refleja que todavía queda más de la mitad de los recursos por distribuir.
El director ejecutivo de COR3, Eduardo Soria, explicó que los aumentos en los costos de materiales representan un desafío constante, aunque la oficina ha implementado mecanismos internos para mitigar el impacto.
“Impacta definitivamente. FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) me da un estimado, vamos a poner que es un millón y si me salió en 1.2 millones, FEMA me paga la diferencia. Hay otros proyectos que no. Lo que puedo hacer es mover el dinero de un proyecto, dejando de hacer una facilidad”, indicó Soria.
Agregó que esta flexibilidad permite que los proyectos continúen sin necesidad de solicitar fondos adicionales en cada caso, aunque reconoció que la inflación es “una realidad innegable”.
Mano de obra y equipos especializados
Sobre la disponibilidad de mano de obra, Soria afirmó que actualmente existe suficiente personal para atender la demanda de reconstrucción, aunque reconoció que no cuenta con estudios formales sobre el impacto de las nuevas políticas migratorias en este sector.
“Hay suficiente mano de obra para depender la demanda”, señaló, mientras resaltó que la complejidad de ciertos proyectos depende de factores externos, incluyendo equipos y materiales especializados.
Citó como ejemplo las baterías de generación que deben ser manufacturadas en Europa, lo que puede demorar hasta tres años en su entrega.
El director también se refirió a la ejecución de proyectos residenciales, particularmente a la situación de los toldos azules que cubren hogares afectados por María.
“Algunos proyectos aún dependen de estos toldos, y estamos trabajando con el Departamento de Vivienda para garantizar que se mantenga la protección temporal hasta que las estructuras sean reparadas”, explicó.
¿En riesgo los fondos?
Respecto al riesgo de pérdida de fondos federales, Soria aseguró que no existe una amenaza inmediata para la mayoría de los proyectos, salvo en casos donde los recipientes no cumplen con los requisitos establecidos por FEMA.
“No creo que haya un riesgo de pérdida de fondo inmediata ahora, excepto en unos casos específicos en donde no ha habido performance (desempeño) o no ha habido un movimiento suficiente de su recipiente como para formular su proyecto”, dijo.
Precisó que la agencia federal ha implementado políticas más estrictas sobre plazos y métricas que cada proyecto debe cumplir, lo que obliga a COR3 a avanzar de manera más eficiente en la ejecución de obras.
Soria destacó que el tiempo es un factor crítico, no solo por las políticas de FEMA, sino también por la inflación y el aumento de costos que genera retrasos prolongados.
“Tenemos que avanzar y hacer los proyectos en el menor tiempo posible porque FEMA quiere salir del desastre y desembolsar los fondos. Eso requiere coordinación constante con los municipios y los recipientes de los proyectos, que tienen otras prioridades y limitaciones”, explicó.
En cuanto a los proyectos afectados por eventos recientes, Soria indicó que unos 500 debieron reformularse tras los terremotos y otros desastres naturales, lo que implica ajustes de presupuesto y plazos. Además, subrayó que cada obra, desde carreteras hasta acueductos y sistemas de generación, enfrenta desafíos particulares en cuanto a diseño, permisos y tiempos de entrega de materiales.
Cómo lo manejan los municipios
En Bayamón, el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz informó que contaban con 154 proyectos permanentes aprobados, con $70 millones obligados, de los cuales ya se habían cobrado $29 millones. Explicó que 106 proyectos, equivalentes al 69 %, ya estaban completados, mientras 32 se encontraban en construcción, con la expectativa de terminarse a finales de este año o principios del próximo.
Rivera Cruz describió la experiencia con FEMA como un proceso extenso que requería múltiples revisiones. “Es como una culebra que va dando vueltas, porque hay que someter la información varias veces y esperar por cada evaluación”, afirmó.
El alcalde destacó que la comunicación con la agencia había sido constante y que los proyectos sencillos avanzaban más rápido, mientras que los de mayor envergadura enfrentaron demoras relacionadas con aspectos ambientales.
En Ponce, la alcaldesa Marlese Sifre indicó que el municipio concentra esfuerzos en proyectos emblemáticos como la Guancha, el Teatro La Perla y el Parque Monagas.
“Desde que tomé esta iniciativa de adelantar los trabajos, los procesos de permisología y coordinación con FEMA estaban un poco atrasados, especialmente en proyectos afectados por María y el terremoto”, señaló.
La alcaldesa detalló que algunos proyectos enfrentaron retrasos por vicios ocultos detectados durante las evaluaciones posteriores al huracán, lo que requirió nuevas subastas y ajustes en los diseños.
Los datos del programa de Asistencia Pública de FEMA, para Ponce, reflejan la magnitud de esa multiplicidad de desastres: terremotos ($15,517,567); huracán Fiona ($73,906,001); y huracán María ($121,241,392).
Sifre advirtió que la recuperación de los fondos es un proceso largo y que los proyectos municipales deben cumplir con estrictas regulaciones para evitar malversación.
“No es que los proyectos estén atrasados por falta de gestión, sino que los procedimientos requieren tiempo y coordinación entre múltiples agencias”, aseguró.