“Sin información no hay libertad, y sin libertad no hay democracia”. — Ryszard Kapuściński
Hoy, martes, los senadores votarán sobre el Proyecto del Senado 63, una medida que pone en riesgo el derecho de todos los ciudadanos a saber cómo actúa su gobierno.
Sin vistas públicas ni discusión abierta, se intenta cambiar la Ley 141 de Transparencia, reduciendo las garantías que permiten la fiscalización y el acceso a datos oficiales.
En Metro Puerto Rico conocemos de primera mano las consecuencias de la falta de transparencia. Hemos tenido que acudir a los tribunales para obtener datos tan básicos como las notas finales de los estudiantes del sistema público. Las clases terminan en mayo y los datos llegan en agosto. Con las nuevas prórrogas que propone el PS 63, esa espera se alargaría aún más.
Durante los procesos electorales, la medida permitiría que los encargados de administrar los comicios tomen hasta 60 días laborables para entregar información pública. Esto limitaría la posibilidad de obtener datos en tiempo electoral.
Además, el proyecto eliminaría la obligación de entregar datos en formatos abiertos, impidiendo el análisis independiente de la información y dejando espacio para versiones ya filtradas por las agencias.
Esto no solo afectaría a la prensa: impactaría directamente a cada ciudadano que espera respuestas oportunas sobre su comunidad o su gobierno.
Y quienes impulsan esta medida parecen olvidar que las barreras contra la transparencia —tarde o temprano— terminan afectando a todos los sectores, sin importar quién gobierne.
Hay garantías democráticas que no se deben poner en riesgo.
La democracia depende de la transparencia. Sin acceso a la información pública, no hay rendición de cuentas.
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