La Cámara de Representantes aprobó hoy el Proyecto de la Cámara 822, que busca crear la Compañía de Turismo de Puerto Rico como una corporación pública del gobierno y separarla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). La medida pasará ahora al Senado para su evaluación.
La medida contó con 46 votos a favor y 3 votos en contra.
El proyecto establece la personalidad jurídica de la Compañía de Turismo, define sus funciones generales, facultades del director ejecutivo, divisiones operativas, administración de personal y la transferencia de programas adscritos. También contempla enmiendas a diversas leyes vigentes, entre ellas la Ley 272-2003 sobre el canon por ocupación de habitación y el Código de Incentivos de Puerto Rico, y la derogación de leyes relacionadas con la administración turística bajo el DDEC.
En vista pública el abogado de Turismo Raúl Márquez aseguró que la legislación amplía la autoridad de la agencia para reglamentar, contratar y hasta crear subsidiarias, además de que reincorporaría a la directora ejecutiva Willianette Robles a la Junta de Gobierno del Distrito del Centro de Convenciones.
“Al mantener una estructura corporativa, la Compañía de Turismo tiene la flexibilidad de tener su propio Departamento de Finanzas, tener su propia chequera, y la distribución del canon (de ocupación por habitación) se facilita dramáticamente”, indicó el licenciado Raúl Márquez.
A su juicio, estas facultades reforzarán el potencial de la CTPR para establecer acuerdos importantes para la promoción de Puerto Rico como destino turístico con empresas internacionales.
“En la medida en que ellos vean que no es estable la Compañía de Turismo… eso afecta, definitivamente, la habilidad de Puerto Rico de sentarse con estas compañías”, manifestó Márquez.
“Llega el presidente de Iberia, y él no quiere sentarse con un director de una oficina; él se quiere sentar con el que toma la decisión final”, puntualizó.
El deponente explicó que la CTPR ha estado sujeta a distintos planes de reestructuración desde 2018, cuando la entidad pasó de ser una corporación pública a una oficina adscrita al DDEC mediante la Ley 141-2018.
Desde entonces, al menos dos proyectos de ley han sido aprobados por las pasadas Asambleas Legislativas para devolverle su autonomía, pero ninguno prosperó cuando llegaron al escritorio de los gobernantes de turno. No obstante, Márquez abundó que la transición a la Oficina de Turismo nunca ocurrió como se dispuso en la reorganización del DDEC, por lo que la entidad sigue operando como una corporación pública.
La exposición de motivos del proyecto indica que la Compañía de Turismo ha sido clave en la promoción de Puerto Rico como destino turístico desde 1970, mediante campañas, programas de paradores, ecoturismo y eventos internacionales. Señala que la estructura centralizada del gobierno ha limitado su capacidad de acción, y que otorgarle autonomía permitirá mayor agilidad operativa, innovación financiera y gestión técnica especializada.
El proyecto también busca reforzar el papel de la Compañía en el desarrollo económico local, la conectividad aérea y marítima, la oferta turística por regiones y la mejora del clima de inversión. Se prevé que la Compañía tenga la autoridad para continuar proyectos estratégicos como The District y participar en la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.
La medida aprobada refleja la intención del gobierno y de la Asamblea Legislativa de concentrar la inteligencia pública en el sector turístico y dotar a la Compañía de la estructura administrativa necesaria para enfrentar los retos de un mercado global competitivo, mientras se asegura el desarrollo económico, social y cultural de Puerto Rico.