El Proyecto del Senado 63 es un atentado contra el derecho constitucional al acceso de información pública, que tiene un vínculo estrecho con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la prensa. Además, es un obstáculo al derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de fiscalizar, cuestionar al gobierno, a conocer el manejo de fondos públicos y obtener información para defender, oponerse o estar enterado de las acciones gubernamentales.
El proyecto, por ejemplo, elimina la oración que prohibía la divulgación de la información personal del solicitante en los informes mensuales que publican. Quien único debe decidir si hace públicas sus solicitudes es el solicitante. Esto puede desincentivar a personas y entidades a solicitar.
Añade requisito de notificar solicitud al jefe o director de la agencia o entidad gubernamental de las distintas ramas del gobierno, con copia al oficial de información. De no hacerlo, la solicitud es defectuosa y no corre el término para entregar lo solicitado. Esto hace más burocrático un proceso que, de entrada, es complicado.
El proyecto propone: “ninguna entidad estará obligada a crear o preparar un documento inexistente al momento de recibir la solicitud de información”. De esta manera, el solicitante ya no tendría el derecho de acceder a la información en un formato que le sea útil.
También, aumenta el doble de días laborables que tiene el gobierno para entregar la información; el aumento de términos serían casi dos meses. Esta enmienda supone una demora sustancial que se convierte en un obstáculo al ejercicio del derecho. Diversas organizaciones opositoras al proyecto han señalado que el notificar a jefes de agencia, como establece el proyecto, pone en entredicho la independencia de los oficiales de información. Esta, y demás enmiendas, institucionalizan la dilación, aumentan la burocracia y debilitan los mecanismos de rendición de cuentas en detrimento de la justicia, equidad y derechos de la ciudadanía.
El proceso actual de obtener información pública ya representa múltiples barreras. Las enmiendas, lejos de mejorar, consolidan un modelo autoritario de gobernanza. Cualquier enmienda debe fortalecer, no debilitar la capacidad ciudadana de fiscalizar al Estado.