Portavoces de los partidos principales se pronunciaron sobre las cartas enviadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que instan al gobierno a no poner en vigor la reforma al sistema de permisos, ni el proyecto de retiro incentivado para empleados esenciales.
La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde, se mostró a favor de la señal de alerta de la Junta sobre la reforma de permisos. Explicó que la ley permite que, si una agencia no responde en 30 días, el permiso se considere aprobado automáticamente.
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“La misma Junta dice que eso puede generar que no los atienda, ya sea por un taponamiento de proyectos o simplemente por la mala fe de querer aprobar las cosas. Qué bueno que la Junta dijo eso”, sostuvo.
En primer lugar, la entidad señaló que la reforma al sistema de permisos no podía implementarse en su forma actual, debido a que no incluía una estimación fiscal válida y modificaba la estructura del proceso. Entre los cambios cuestionados, la Junta destacó la asignación de nuevas funciones al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que ahora tendría un rol más amplio en la asesoría de proyectos relacionados con recursos naturales, lo que según la JSF contradecía los objetivos establecidos en el Plan Fiscal.
Álvarez Conde indicó que la reforma al sistema de permisos incluye cambios en el rol del DRNA, que ahora asesoraría proyectos que involucren recursos naturales en lugar de adjudicar permisos directamente. Señaló que la agencia es clave en temas de basura, especies invasoras y construcciones que afectan el entorno natural.
“La Junta levanta bandera sobre otorgar permiso rápido, pero yo aprovecharía esta coyuntura para levantar bandera sobre cuál es el concepto de desarrollo económico que tiene la gobernadora”, añadió.
Sobre la reforma de permisos, el representante y portavoz de la mayoría, José “Pichy” Torres Zamora defendió que agilizar los procesos no implica gasto adicional y beneficia la economía.
“Si el andamiaje ya está, solo se trata de reglamentar y aclarar requisitos ambientales. Esto fomenta negocios, construcción de vivienda y empleo. No veo el impacto económico que señala la Junta; su intervención es excesiva”, comentó.
Torres Zamora expresó que siempre se ha considerado contrario a la Junta. Señaló que, aunque en un inicio el propósito del organismo pudo ser loable para atender la quiebra del país, con el paso del tiempo la Junta se convirtió en un problema porque, a su entender, asumió un control excesivo. Añadió que, en su opinión, la Junta ha ido demasiado lejos y ha caído en un nivel de microgestión que no le corresponde.
El senador y portavoz de la mayoría, Juan Oscar Morales, coincidió en que la Junta actúa con microgestión y cuestionó su credibilidad. Morales recordó un caso previo con la regulación de los Administradores de Beneficios de Farmacia (PBM), Proyecto del Senado 218 convertido en la Ley 82-2019, donde la JSF sobreestimó el impacto fiscal, y aseguró inicialmente 25 millones de dólares y reconociendo finalmente que el verdadero impacto fue de 2 millones.
Señaló que, frente a esto, resulta difícil dar credibilidad a advertencias de la Junta sobre permisos. Morales enfatizó que la prioridad en la reforma de permisos debe ser eliminar obstáculos que afectan a ciudadanos y negocios y que la Junta debería enfocarse primero en los problemas generales antes de atender los detalles, para no afectar el funcionamiento global del gobierno. También describió la obtención de permisos como un “desastre”, con barreras altas que limitan la actividad económica.
Críticas al rechazo del retiro incentivado
Por otro lado, la Junta urgió a la gobernadora, Jenniffer González, a no firmar el proyecto de retiro incentivado destinado a empleados esenciales que habían quedado excluidos por la Ley 80‑2020. La entidad sostuvo que la medida podría violar el Plan de Ajuste de la Deuda, contradecir órdenes federales y reabrir obligaciones de pensión prohibidas por PROMESA, lo que generaría riesgos legales y fiscales para el gobierno.
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Sobre el proyecto de retiro incentivado, Álvarez Conde explicó que busca ofrecer una salida a empleados esenciales excluidos por la Ley 80‑2020.
“El plan de retiro incentivado intenta hacer justicia a algunos servidores públicos, pero la Junta ha dicho no a muchos proyectos relacionados con salarios y pensiones. Me preocupa que haya un montón de proyectos aprobados sin identificar la fuente de fondos. Esperaría que se diera prioridad a los trabajadores públicos o privados”, indicó.
Por su parte, Torres Zamora, señaló que la JSF ha limitado históricamente decisiones sobre salarios y pensiones, lo que dificulta atender necesidades reales de empleados.
“No puedo estar de acuerdo con que todo lo que tenga que ver con retiro o salarios dependa de la Junta. Hay personas que ya han dado todo y no se pueden jubilar. Si la gobernadora firma, que el tribunal decida; si no, debemos buscar alternativas legislativas viables”, afirmó.
Torres Zamora añadió que el retiro incentivado busca equilibrar el costo fiscal con la justicia hacia los empleados. Señaló que es un tema complejo, ya que se debe cuidar el dinero público y al mismo tiempo garantizar la calidad de vida de los servidores que han dedicado años a su trabajo. Además, subrayó que el Gobierno debe producir evidencia y datos claros para justificar sus decisiones, pero que en ocasiones la Junta impone bloqueos que dificultan el funcionamiento del Estado.
Juan Oscar Morales sostuvo que, si bien el proyecto de retiro incentivado es justo para los empleados, la Junta no debe limitar las posibilidades de buscar alternativas. Morales indicó que, más allá de paralizar el proyecto, la JSF debería fomentar mesas de diálogo y explorar soluciones prácticas que permitan implementar la medida sin violar el Plan de Ajuste de la Deuda. Señaló que es necesario atender primero la situación general del gobierno y luego los detalles específicos de cada proyecto para no afectar el funcionamiento global.