La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó al gobierno de Puerto Rico sobre incumplimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en proveer información precisa para el proceso de confección del plan fiscal para la corporación pública y le requirió la entrega de datos y proyecciones que se ajusten a la realidad.
Entre las preocupaciones que levantó la JSF se incluyen la falta de revisión de la tarifa básica de la luz y el uso lento de fondos federales para proyectos estratégicos. De hecho, señalaron la posibilidad de que la falta de ejecución eficaz resulte en que los fondos federales asignados para la red eléctrica se queden cortos.
También, advirtieron que en el proceso de quiebra de la AEE los proveedores podrían solicitar la desestimación de la protección para la corporación pública. “Algunos acreedores pedirán al Tribunal que desestime el caso del Título III de la AEE y, si bien creemos que eso causaría un caos innecesario, es un riesgo que debemos reconocer y tener en cuenta en nuestra planificación”, lee la misiva.
La extensa carta, firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, apunta a acciones necesarias por parte de la gerencia de la AEE y de los operadores privados LUMA Energy y Genera PR.
Se señala que deben priorizar “que las proyecciones financieras reflejen las verdaderas necesidades operativas y de mantenimiento del sistema y reflejen el financiamiento para las mejoras necesarias en la calidad del servicio para los contribuyentes”. También les pidieron que incorporen proyecciones de pronóstico de carga que permitan proyecciones financieras precisas para alinear las estrategias financieras y operativas con las necesidades actuales y proyectadas del sistema. Además, que desarrollen un plan integrado para alinear las inversiones estratégicas en el sistema con los objetivos de confiabilidad y resiliencia, abordando los desafíos de la ausencia de un plan de gastos holístico y brindando la visibilidad tan necesaria para la reparación y reconstrucción del sistema energético.
La JSF advirtió que las proyecciones financieras presentadas por la AEE parecen “no abordar por completo las verdaderas necesidades de las partes interesadas del sistema energético para una operación, mantenimiento, reparación y transformación adecuadas del sistema energético de Puerto Rico”. Agregaron que estas proyecciones están limitadas por la tarifa base del 2017. El Negociado de Energía reabrió el proceso para revisar esa tarifa base de la luz.
“Esperamos recibir proyecciones de gastos de O&M actualizadas más allá del año fiscal 2025 que reflejen las verdaderas necesidades del sistema energético. Además, como parte de estas proyecciones de gastos, las partes interesadas deben incluir montos estimados y costos incrementales anuales que actualmente no tienen una fuente de financiamiento recurrente y que pueden requerir ser financiados por tarifas”, lee la carta.
De igual manera, se pidió que las proyecciones sobre el Programa de Eficiencia Energética sean más realistas.
Otro ajuste solicitado fue sobre las proyecciones de los costos de las pensiones de la AEE para que reflejen datos más recientes sobre los activos ilíquidos existentes y un cronograma de pago futuro de estos préstamos de los participantes.
Sobre datos poco realistas señalaron que “el recuento de clientes residenciales parece ser potencialmente inconsistente con las proyecciones macroeconómicas y de población del Estado Libre Asociado. Para abordar estas cuestiones, se debe proporcionar en el Plan Fiscal información detallada por escrito sobre la metodología y los supuestos utilizados para calcular la carga bruta, los modificadores de carga (por ejemplo, GD) y los supuestos relacionados (por ejemplo, el recuento de clientes)”.
Fondos federales
La carta de la JSF destaca que el ritmo actual de implementación de fondos federales para la transformación del sector energético de Puerto Rico plantea preguntas importantes y posibles inquietudes.
“El total de fondos federales obligados para la transformación del sistema energético de Puerto Rico es de aproximadamente $16 mil millones (neto de participación en los costos y seguros). De esta cantidad, solo aproximadamente $1 mil millones en proyectos se han completado o están en construcción.5 Esto subraya posibles problemas estratégicos en la implementación de estos fondos y Esto plantea interrogantes sobre la evaluación de si los fondos federales son suficientes para satisfacer las necesidades exhaustivas del sistema.
Para abordar esto, los operadores de la AEE deben proporcionar descripciones detalladas, cronogramas de gastos y beneficios esperados alineados con los Planes de Estabilización de dos años y/o su plan más reciente para reparar y revitalizar. Esta actualización debe incluir un relato detallado de la utilización de los fondos federales, contrastando los gastos previstos con los reales y una revisión de las tasas de finalización de los proyectos para resaltar tanto las proyecciones como los resultados reales”, señalan.
Se destaca la falta de un plan holístico entre todas las partes relacionadas con la inversión de fondos federales para proyectos energéticos.
“Existe un problema de posible uso superpuesto de las fuentes de financiamiento por parte de las tres partes interesadas, lo que puede crear un riesgo de que estos fondos se agoten sin ninguna priorización, lo que conduce a ineficiencias y posibles conflictos sobre la asignación de recursos”, advirtieron en la carta.
Incluso, la JSF sostuvo que debe cuestionarse si los $16 millones federales asignados para proyectos de energía será suficiente.
La fecha límite para que la AEE entregue la información requerida es el 16 de septiembre próximo.
Reacciona la AEE
El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, reaccionó al plantear que mucha de la información que la JSF está solicitando está en manos de LUMA y Genera.
“Nos encontramos en el proceso de evaluar en detalle la información requerida. Sin embargo, como mencionamos, del propio contenido de la notificación se desprende que los requerimientos principales de la Junta están dirigidos a Luma Energy y Genera PR quienes, como parte de la transformación ordenada por las leyes vigentes y aprobado por la Junta, administran y operan los activos de transmisión y distribución, y de generación de la corporación pública, respectivamente. Ambos operadores privados deben atender los requerimientos de la Junta con la urgencia que tan importante tarea requiere de manera que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda responder como corresponde y en el término solicitado. Los datos ofrecidos por la Junta en su comunicación reflejan la necesidad apremiante de que ambos operadores privados mejoren su desempeño para garantizar la ejecución eficiente de las responsabilidades y obligaciones de éstos conforme a los contratos, incluyendo la solicitud y utilización de los fondos federales disponibles para realizar las obras necesarias de reconstrucción y así lograr la confiabilidad y la resiliencia de nuestro sistema eléctrico”, dijo Colón mediante declaraciones escritas.