El candidato por Acumulación a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático (PPD) y exadministrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Gabriel López Arrieta, hizo un llamado al Departamento de Justicia (DJ) para que atienda las irregularidades señaladas contra la agencia en un informe del Inspector General de Puerto Rico entre los años 2021 al 2024.
Según detalló mediante declaraciones escritas el aspirante a la Cámara baja, el informe “expone graves irregularidades y una mala gestión en la AVP”, destacando un caso en el que “un contratista obtuvo ganancias millonarias mediante fondos públicos” destinados a mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables.
“Es inaceptable que un contratista haya obtenido ganancias millonarias a costa de los fondos públicos que deberían haber sido destinados a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades más vulnerables y que la AVP no haya tomado acción. El informe debe ser enviado al Departamento de Justicia para que se fijen responsabilidades”, declaró López Arrieta.
El informe del Inspector General cuestiona pagos millonarios realizados por la AVP a contratistas, incluyendo las ganancias por más de $7 millones de dólares obtenidas por uno de ellos. Estas ganancias fueron resultado de un margen de ganancia del 36% al 52% sobre el costo por hora del personal de un subcontratista, sin una supuesta disposición negociada en los contratos para que se justificaran tales márgenes.
“Este informe es un reflejo directo de la falta de supervisión y transparencia por parte de la administración actual. No podemos permitir que los recursos federales, tan necesarios para nuestra isla, sean mal administrados y terminen beneficiando a unos pocos en lugar de cumplir su propósito de asistir a las familias puertorriqueñas en necesidad”, precisó López Arrieta.
El análisis del Inspector General cubrió el período del 1 de julio de 2021 al 1 de marzo de 2024, enfocándose en la utilización de los fondos federales por la AVP para la implementación y administración del Programa de Asistencia para la Renta por COVID-19. Se descubrieron posibles irregularidades en el pago de $7.8 millones en fondos, así como 878 casos de fraude confirmados totalizando aproximadamente $2.75 millones. De estos, 450 casos aparecían asignados al investigador de fraude y 428 casos no estaban asignados o estaban en blanco.
“Es nuestro deber, como servidores públicos y representantes del pueblo, exigir una rendición de cuentas inmediata y tomar medidas correctivas para evitar que este tipo de abusos vuelvan a ocurrir. Es imprescindible que la administración actúe con firmeza y celeridad, implementando las recomendaciones del Inspector General y asegurando que los responsables de estos actos rindan cuentas ante la justicia por sus acciones”, añadió López Arrieta.
El informe también señaló que la AVP no devolvió un sobrante de $1,181,587.51 al gobierno federal, incumpliendo así las estipulaciones de reembolso de fondos no utilizados. Además, la AVP está incumpliendo las directrices del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) respecto a la eficiencia gubernamental y la protección de la privacidad.
“Puerto Rico merece una gestión pública transparente, eficiente y comprometida con el bienestar de todos sus ciudadanos. Es hora de que se tomen las decisiones difíciles para corregir el rumbo y restaurar la confianza del pueblo en sus instituciones. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se perpetúan estas injusticias. Nos toca actuar”, concluyó López Arrieta.