Aunque favoreció el Proyecto de la Cámara 1014 por el alivio contributivo a individuos, la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Sonia Navarro, reclamó que la medida no atendió reducciones al IVU en alimentos preparados, la eliminación del impuesto al inventario ni la consolidación de planillas, cargas que, según afirmó, continúan afectando la operación y la liquidez de los restaurantes.
“Reconocemos que el P. de la C. 1014 persigue aliviar la carga contributiva de individuos, particularmente de empleados asalariados y familias trabajadoras”, expresó Navarro ante la Comisión de Hacienda. Añadió que ese alivio “puede tener un efecto indirecto positivo en el consumo”.
Sin embargo, sostuvo que el proyecto se limita a la contribución sobre ingresos individuales. “Esta medida no constituye una reforma contributiva integral, sino un ajuste parcial centrado en la contribución sobre ingresos individual, sin atender otros componentes estructurales del sistema contributivo que impactan de forma directa y recurrente a los comerciantes”, señaló.
Durante su comparecencia, la presidenta del gremio describió un sector que genera más de $6,000 millones anuales en actividad económica y sostiene sobre 90,000 empleos directos e indirectos, con 4,918 restaurantes en operación. Indicó que en 2025 las ventas superaron los $4,000 millones, equivalentes al 8.3% del total de ventas al detal en el país.
A pesar de ese volumen, el 46.2% de los negocios reportó ventas por debajo del año anterior y el 75% operó con márgenes de ganancia menores al 8%. Navarro atribuyó esa presión al aumento en costos operacionales.
“La baja en ventas no responde a falta de clientes, sino a factores externos como la inflación y el encarecimiento de productos”, afirmó.
También detalló que más de la mitad de los restaurantes enfrentó aumentos de entre 10% y 20% en la factura de energía eléctrica, mientras un 15.4% reportó incrementos mayores al 30%. En la cadena de suministro, todos los distribuidores se vieron afectados por aranceles, especialmente en carnes, vegetales y productos enlatados.
Navarro planteó que la estructura contributiva vigente resulta compleja para negocios con márgenes estrechos y alto volumen de transacciones.
“La experiencia demuestra que sistemas contributivos más simples, con reglas claras y menos excepciones, promueven mayor cumplimiento, reducen controversias y fortalecen la base contributiva sin necesidad de aumentar tasas nominales”, expresó.
Entre las recomendaciones presentadas ante la comisión, Navarro pidió mantener o reducir la tasa del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados, al argumentar que este renglón funciona como uno de los pocos mecanismos que amortiguan el costo de vida para los consumidores y sostiene la demanda de los establecimientos.
La presidenta de ASORE señaló que, para muchas familias trabajadoras, adultos mayores y personas con jornadas extensas, comer fuera del hogar dejó de ser un gasto discrecional y se convirtió en una necesidad cotidiana. A su juicio, cualquier aumento en ese impuesto se trasladaría de forma directa al precio final del plato y afectaría tanto al cliente como al volumen de ventas de los restaurantes. Sostuvo que encarecer los alimentos preparados tendría “un efecto regresivo inmediato” y podría empujar a parte del mercado hacia la informalidad.
Asimismo, insistió en la eliminación del impuesto al inventario, al explicar que los restaurantes operan con productos altamente perecederos, sujetos a mermas, desperdicios y fluctuaciones constantes en costos. Indicó que gravar mercancía que puede dañarse o descartarse antes de generar ingresos no refleja la capacidad contributiva real del negocio y limita el flujo de efectivo necesario para cubrir nómina y gastos operacionales. Según planteó, este impuesto encarece la operación diaria y penaliza la reposición continua de alimentos.
Navarro también solicitó suprimir el IVU en transacciones entre comerciantes, al señalar que la imposición del impuesto en compras intermedias, cuando los bienes no están destinados al consumidor final, genera un efecto acumulativo que incrementa artificialmente los costos a lo largo de la cadena de suministro. Explicó que los negocios terminan asumiendo cargas financieras temporeras mientras tramitan créditos o exenciones, lo que complica la contabilidad y aumenta el riesgo de errores y penalidades. Afirmó que el tributo debería aplicarse únicamente en la venta final al consumidor.
De igual forma, la presidenta del gremio propuso consolidar las radicaciones contributivas estatales y municipales, particularmente las relacionadas con el IVU y las patentes, al sostener que los comerciantes enfrentan calendarios distintos, plataformas separadas y requisitos duplicados.
“Actualmente, los comerciantes enfrentan múltiples radicaciones estatales y municipales, distintos calendarios, plataformas no integradas y requisitos redundantes que incrementan el riesgo de errores y penalidades”, indicó Navarro. Añadió que un sistema más simple y coordinado permitiría a los comerciantes destinar más recursos a la operación del negocio.