El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, convocó a una cumbre con alcaldes y alcaldesas de ambas organizaciones municipales, junto a portavoces legislativos y al presidente del Negociado de Energía, con el fin de presentar el marco jurídico que permitiría a los municipios participar directamente en la reparación y mantenimiento de luminarias con fondos federales ascendentes a $1,185 millones.
Durante la reunión, Méndez explicó que los fondos, asignados por FEMA para la reparación del sistema de alumbrado público en Puerto Rico, originalmente serían utilizados por LUMA Energy. Sin embargo, sostuvo que el proceso no avanzó con la rapidez esperada.
“Hay asignado alrededor de 1.185 millones de dólares para la reparación de las luminarias en todo Puerto Rico”, expresó Méndez. Añadió que el dinero se encuentra en FEMA, pero que pasaría a la Autoridad de Energía Eléctrica y, por tratarse de transmisión y distribución, eventualmente a LUMA.
Según detalló, la Cámara solicitó al Negociado de Energía un análisis jurídico para establecer la viabilidad legal de que los municipios ejecuten esos trabajos. El presidente legislativo indicó que dicho análisis incluyó la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, el estado de derecho vigente y el Código Municipal, y concluyó que los municipios tienen capacidad para realizar estas labores.
“El negociado de energía preparó un análisis jurídico para darle claridad a los gobiernos municipales”, afirmó.
Méndez adelantó que radicarán un proyecto de ley bajo el mecanismo de “fast track” para establecer reglas claras y garantizar que los municipios tengan acceso a los fondos. Señaló que la intención es que LUMA no sea el único ejecutor de los trabajos de alumbrado público.
“La legislación va a establecer lo que es el deseo de los alcaldes y la intención legislativa nuestra, de que LUMA no sea el único ejecutor de poner al día las luminarias en Puerto Rico, sino que se le tiene que dar participación a los municipios”, sostuvo.
Por otra parte, presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz, detalló que el estudio examinó si los municipios pueden participar en la instalación, reparación y mantenimiento de luminarias conforme al marco legal y regulatorio vigente. La evaluación tomó en consideración la Ley 57-2014, la Ley 17-2019, la Ley 107-2020 conocida como Código Municipal y los contratos que rigen actualmente el sistema eléctrico.
El análisis determinó que la intervención municipal es jurídicamente viable, siempre que opere como un mecanismo colaborativo sujeto a una reglamentación uniforme del Negociado, con criterios técnicos definidos, coordinación con el operador del sistema eléctrico y salvaguardas regulatorias específicas.
“El Negociado de Energía reafirma su rol como regulador del sistema eléctrico, promoviendo una colaboración municipal ordenada y regulada para acelerar la ejecución y fortalecer la resiliencia del alumbrado público en Puerto Rico”, expresó Avilés Deliz.
Al 30 de septiembre de 2025, el programa de alumbrado público contaba con 114 proyectos bajo formularios de proyecto, con una asignación total aproximada de $1,676 millones en fondos federales.
Además, el Negociado emitió tres resoluciones que ordenan reactivar proyectos que habían quedado fuera del plan de ejecución y reasignar $527 millones en fondos federales disponibles para poner en marcha la Fase 1 correspondiente a 35 municipios.
Durante la reunión, el presidente cameral informó que 35 municipios habían sido excluidos previamente del proceso, pero tras gestiones legislativas fueron reincorporados.
“Habían 35 municipios que habían sido excluidos y ante la petición que nosotros hicimos, el negociado los volvió a incluir. Eso quiere decir que ahora todos los municipios pueden participar cumpliendo con una serie de requerimientos”, afirmó.
Por su parte, el representante Víctor Parés destacó que la iniciativa responde a reclamos constantes de comunidades afectadas por luminarias apagadas.
“Esa preocupación es muy legítima. Una persona nos llama, un adulto mayor, un viejito, frente a mi casa hay un foco apagado. Y para esa persona adulta mayor representa cambiar su nivel de vida”, expresó.
Desde el ámbito municipal, la alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario, en representación de la Asociación de Alcaldes, afirmó que el problema es generalizado en todos los municipios.
“Es un problema que es real en cada uno de los municipios de Puerto Rico”, indicó. Añadió que los alcaldes favorecen “la colaboración estructurada, realista, fiscalmente responsable” y modelos viables tanto para municipios grandes como pequeños.
Rosario sostuvo que los municipios están dispuestos a colaborar, pero insistió en que necesitan acceso directo a los recursos y no operar bajo un esquema exclusivo de reembolso.
En términos similares, el alcalde de Utuado, Jorge Pérez, señaló que su municipio tiene asignados $24 millones para estos fines y cuestionó la viabilidad de adelantar esa suma con fondos municipales.
“¿De dónde yo voy a sacar 24 millones para yo reparar para que después me los devuelvan? No hay manera”, planteó.
El alcalde de Las Piedras, en representación de la Federación de Alcaldes, Miguel López Rivera, afirmó que el objetivo es que los fondos no sean desembolsados a LUMA, sino directamente a los municipios.
“Después que la ley está escrita y está en las exigencias, en vez de la autoridad desembolsarle a LUMA que directamente le desembolse a los municipios. Ahí es donde queremos llegar”, expresó.
Méndez indicó que una de las peticiones que presentarán a la gobernadora es que los municipios reciban adelantos y no operen exclusivamente bajo reembolso, para que puedan comenzar los trabajos y luego certificar las obras realizadas.
Asimismo, sostuvo que tras la aprobación de la legislación “no va a haber excusa para que LUMA transfiera a los municipios según los trabajos realizados”.
La Cámara anticipó que el proyecto se radicará la próxima semana, mientras continúan recibiendo comentarios de alcaldes y delegaciones legislativas antes del 6 de marzo, fecha límite para someter observaciones al Negociado de Energía.