Recientemente, un representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) radicó el Proyecto de la Cámara 1115, con el fin de derogar (o dejar sin efecto) una de las leyes más importantes del cuatrienio pasado y que fue de beneficio para las familias trabajadoras y para las finanzas del país. Me refiero a la Ley 47 de 2021, firmada por el entonces gobernador del PNP Pedro Pierluisi. Dicha ley aumentó el salario mínimo vigente al 2021, que era $7.25 la hora, de manera escalonada, para llegar a $10.50, que es al salario mínimo actual para algunos sectores laborales.
La Ley 47 de 2021 también creó una Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, que está compuesta por representes del sector patronal, del gobierno y de trabajadores/as. Esta comisión debe evaluar el salario mínimo para ajustarlo al aumento del costo de vida. Este ajuste es necesario para que las familias puedan aportar a la economía y puedan tener una mejor calidad de vida. El propósito de que se vaya aumentando el salario en la medida que haya un aumento en el costo de vida permite que las personas puedan continuar pagando por sus servicios, puedan adquirir alimentos y medicinas y puedan disfrutar de actividades de ocio y entretenimiento. Porque si hay un aumento en el costo de vida, pero no se aumenta el salario, entonces, cada vez más, familias reducirán su poder de compra, afectando a la economía.
Igual que cuando se aprobó la Ley 47 de 2021, los patronos, muchos de los cuales son integrantes del Super Pac Patronal Democracia es Prosperidad, alegaron que aumentar el salario mínimo sería desastroso y que cerrarían empresas y aumentaría el desempleo. Nada de eso pasó. Por el contrario, el Departamento de Hacienda confirmó que, debido a que el 75 % de los recaudos proviene de las contribuciones que se les retienen mediante salarios y que, además, el 85 % de las personas que rinden planillas son asalariadas, un aumento en el salario significó aumentos históricos en los recaudos del gobierno para el 2022 y 2023. ¡No al Proyecto de la Cámara 1115!