El Partido Popular Democrático (PPD) ha decidido apostar, una vez más, a la estrategia de restarle legitimidad al resultado de la consulta sobre la estadidad celebrada junto a las elecciones generales de 2024. No es una táctica nueva: cuando el veredicto de las urnas no favorece su visión territorial, la respuesta es cuestionar el proceso, minimizar la participación o cambiar la conversación.
Pero hay un problema fundamental con esa estrategia: choca de frente con la realidad política del país y con el propio discurso de “contraste” que el PPD intenta proyectar en su comunicación semanal.
Mientras su secretario general habla de “agenda clara”, “fiscalización firme” y “reorganización”, el partido insiste en desacreditar un resultado electoral que —les guste o no— volvió a colocar la estadidad como la opción preferida por la mayoría de los votantes que participaron en la consulta. Pretender gobernar o aspirar a gobernar ignorando ese hecho es, cuando menos, una contradicción profunda.
Porque el contraste no es entre el viaje del Partido Nuevo Progresista (PNP) a Washington y la agenda congresional del comisionado residente. El verdadero contraste es entre quienes reconocen que el Estado Libre Asociado (ELA) fue descartado en las urnas y quienes insisten en revivir una fórmula que ya no cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo.
Nuestros ciudadanos se han expresado contundentemente en las urnas en múltiples procesos democráticos en ciclos electorales consecutivos. Desconocer esa expresión reiterada no fortalece la democracia; la debilita.
El ELA, en su versión territorial actual, no es una alternativa viable de futuro. No lo es política ni jurídicamente. El Tribunal Supremo federal lo ha dejado claro en múltiples ocasiones: Puerto Rico sigue siendo un territorio bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. No existe soberanía compartida. No existe pacto bilateral inmutable. Existe subordinación congresional.
Y esa subordinación tiene consecuencias concretas.
En tiempos de guerra —como los que vive hoy el mundo— el ejemplo más crudo y contundente es el de nuestros soldados. Durante más de un siglo, Puerto Rico ha sido una de las jurisdicciones que más hombres y mujeres ha enviado al servicio militar de Estados Unidos. Hemos derramado sangre en Corea, Vietnam, Irak, Afganistán y en múltiples conflictos donde se ha defendido la bandera americana.
Sin embargo, cuando esos soldados regresan a Puerto Rico, reciben menos beneficios que aquellos que regresan a cualquier estado de la Unión. La desigualdad en programas federales, en asignaciones y en trato presupuestario no es una teoría abstracta: es una realidad medible. Es el reflejo de una ciudadanía americana que, aunque real y orgullosa, es jurídicamente inferior en su ejercicio pleno mientras residamos en un territorio.
Ahí es donde la gestión de la gobernadora Jenniffer González Colón adquiere relevancia. Su presencia en Washington no es un “jangueo”, como algunos intentan caricaturizar, sino el ejercicio constante de tocar puertas para adelantar la causa de la estadidad y, en paralelo, procurar paridad en programas esenciales como Medicaid, Medicare y de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés). Cada reunión, cada gestión y cada cabildeo ocurre dentro de una realidad incómoda: bajo el ELA, Puerto Rico no está en posición de exigir; sino de solicitar.
Y esa es la raíz del problema.
La condición territorial nos obliga a viajar a Washington a pedir lo que en justicia debería ser automático. Y, peor aún, muchos congresistas interpretan esa gestión como mendigar, precisamente porque no contamos con representación con voto en la Cámara y el Senado federal. No tenemos senadores que negocien en igualdad de condiciones ni representantes que puedan condicionar legislación. Dependemos de la buena voluntad política del momento.
Bajo la estadidad, el escenario sería distinto. Con dos senadores y representantes con voto en el Congreso, Puerto Rico no tendría que implorar paridad en Medicaid, Medicare o SNAP; estaría en posición de exigir lo que corresponde por derecho a sus ciudadanos americanos. La conversación cambiaría de súplica a igualdad.
Hablar de “costo de vida” sin reconocer que la desigualdad en fondos federales impacta directamente el bolsillo del ciudadano es incompleto. Fiscalizar nombramientos es necesario, pero no sustituye la discusión estructural sobre por qué Puerto Rico no tiene igualdad plena en programas federales. Reorganizar comités municipales puede entusiasmar a la base popular, pero no responde a la pregunta medular: ¿cómo se logra igualdad bajo un régimen territorial?
La respuesta es sencilla: no se logra.
La igualdad plena solo existe dentro de la estructura constitucional como estado de la Unión. Solo allí los ciudadanos eligen senadores y representantes con voto. Solo allí el Congreso no puede tratar unilateralmente a sus residentes como inferiores. Solo allí se garantiza que los beneficios federales no dependan de la discreción política del momento.
Desprestigiar el resultado de la consulta de 2024 puede servir como herramienta de movilización interna para la alegada refundación del PPD. Puede alimentar la narrativa partidista. Pero no cambia el hecho de que nuestros ciudadanos se han expresado contundentemente en las urnas en múltiples procesos democráticos en ciclos electorales consecutivos, ni elimina la realidad jurídica del territorio.
Si el PPD desea realmente crear un contraste creíble, debería comenzar por presentar una alternativa no territorial, constitucionalmente viable y con garantías claras de igualdad. Lo demás es retórica.
En un momento histórico donde el mundo enfrenta conflictos armados, tensiones geopolíticas y redefiniciones democráticas, Puerto Rico no puede seguir anclado en fórmulas del siglo pasado. Nuestros soldados han cumplido con la nación. Nuestros ciudadanos contribuyen, trabajan y sirven.
Lo mínimo que merece este pueblo es igualdad plena.
Y esa igualdad no cabe dentro del Estado Libre Asociado territorial que la mayoría del electorado ha dejado atrás; solo es lograble bajo la ESTADIDAD.