La creación de la UPR, en 1903, constituyó uno de los eventos más importantes y de mayor trascendencia en la historia del país. A lo largo de casi 123 años de existencia, la institución ha sido la protagonista y la gestora de la mayor parte de los proyectos de impacto socioeconómico que ha experimentado Puerto Rico desde principios del siglo 20 y en el periodo moderno y contemporáneo. No existe aspecto de la vida colectiva puertorriqueña en el que la UPR, a través de sus once unidades, programas, instituciones afiliadas e iniciativas puntuales, no haya tenido participación de manera directa o indirecta.
A pesar de lo anterior, durante los pasados 12 años, las distintas administraciones gubernamentales de turno han reducido sustancialmente los fondos públicos que se le han asignado a la UPR. En el año fiscal 2014, se congeló la fórmula que desde 1966 le asignaba a la UPR el 9.6 % del promedio de recaudos recibidos por el Estado durante los dos años fiscales anteriores al año fiscal en cuestión (Ley 2 del 1966). Como consecuencia de tal decisión, la aportación gubernamental a la institución se fijó en $833.9 millones para dicho año.
Durante el año subsiguiente, se aprobaron recortes y alegadas medidas cautelares que resultaron en una reducción absoluta del presupuesto de la UPR. En los años posteriores, y ya bajo la Ley PROMESA en el verano de 2016, la UPR continuó operando con presupuestos ajustados. En los años más recientes, la institución ha dejado de recibir más de $500 millones anuales.
La Ley 53 de 2021 impuso como asignación presupuestaria a la UPR $500 millones para cada año fiscal, durante cinco años. La aprobación de dicha ley respondió a las exigencias impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal. Evidentemente, tanto los autores de la legislación, como el Poder Ejecutivo y los miembros de la Junta, tenían conocimiento de que el efecto práctico de la asignación presupuestaria citada constituiría una congelación del presupuesto de la institución, y provocaría la reducción, en aproximadamente 50 %, de los fondos disponibles si se hubiese utilizado la fórmula de 9.6 %.
La situación descrita en los párrafos anteriores es insostenible. Urge rescatar el presupuesto de la UPR para que la institución recupere los recursos fiscales que le permitan continuar con su invaluable labor. Es cuestión de justicia.
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