La Universidad de Puerto Rico (UPR) es uno de los activos más importantes de Puerto Rico. A través de sus 11 recintos, ha formado generaciones de profesionales, científicos y académicos que han sostenido nuestra sociedad desde 1903, fecha en que se fundó la Universidad, hasta el presente.
A pesar de lo anterior y del reconocimiento internacional del que ha gozado la institución desde su fundación hasta el presente, además del rol fundamental que esta continúa jugando en el sostenimiento del bienestar de nuestra población, durante los pasados 12 años las distintas administraciones gubernamentales de turno han reducido sustancialmente los fondos públicos que se le han asignado a la UPR. El efecto de corto y mediano plazo ha sido extremadamente detrimental para su desarrollo institucional, así como para los proyectos y programas académicos e investigativos planificados previamente. Se ha afectado adversamente su crecimiento porque no se ha podido contrarrestar la reducción cuantiosa de fondos disponibles en el pasado inmediato.
En síntesis, la UPR ha estado condenada durante los pasados 12 años a hacer más con menos. A los datos anteriores se añade el hecho de que las determinaciones de la Junta de Control Fiscal, aun cuando la deuda de la UPR representa apenas el 1 % de la deuda total del país, han restringido el presupuesto de la institución; causando así la reducción extrema de exenciones de matrícula para estudiantes con talentos y de escasos recursos, condiciones deplorables y abandono de las instalaciones físicas, falta de vivienda o una residencia para el estudiantado, aumentar los contratos de los docentes con paga inferior, empeorando las condiciones de empleo y bienestar laboral; entre otras fatales consecuencias.
En búsqueda de hacerle justicia presupuestaria a la UPR, el Partido Independentista Puertorriqueño radicó el Proyecto de la Cámara 1201, que busca aumentar escalonadamente el presupuesto de la UPR en los próximos años fiscales por medio de la restitución de la fórmula original de la Ley 2 de 1966, que dispone la cifra de fondos asignados a la Universidad será del 9.6 % del promedio de los ingresos recibidos por el gobierno central durante los dos años fiscales anteriores.
Nos toca garantizar que los estudiantes puedan acceder a una educación pública de calidad. Defender la UPR es defender el futuro del país.
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