El tribunal federal que atiende la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo PROMESA ordenó levantar parcialmente la paralización del litigio para permitir que avance una fase clave del caso, centrada en disputas legales y contables entre las partes.
La jueza Laura Taylor Swain determinó que, aunque eventualmente será necesario establecer el valor de las reclamaciones de los bonistas, hacerlo en este momento sería prematuro debido a que esos cálculos dependen de datos económicos cambiantes.
En su orden, el tribunal optó por reorganizar el proceso y avanzar primero en la resolución de controversias fundamentales sobre cómo se calculan los llamados “ingresos netos” de la corporación pública. Esta definición es crítica porque determinará si existen fondos disponibles para el pago de la deuda y bajo qué criterios deben evaluarse esos recursos.
“Un litigio enfocado de forma limitada en llegar a una cifra… corre el riesgo de alcanzar una conclusión que podría quedar socavada por datos económicos actualizados”, señaló el tribunal al justificar su decisión de no entrar aún en la cuantificación final de la deuda.
Como parte de la determinación, la jueza levantó el “stay” exclusivamente para permitir que continúe el litigio de una contrademanda contable presentada por los bonistas, así como un proceso limitado de descubrimiento de prueba relacionado a esa reclamación. El enfoque inmediato será establecer una metodología clara para definir qué ingresos de la AEE pueden considerarse disponibles, incluyendo la interpretación de términos contractuales y disposiciones del Código de Quiebras aplicables al caso.
En una fase previa, el Tribunal de Apelaciones de Boston había determinado que los bonistas podían cobrar contra los ingresos netos de la corporación pública.
La jueza Swain anticipó que esta etapa permitirá construir una fórmula que sirva, primero, para analizar si históricamente la AEE generó ingresos netos suficientes y, más adelante, para determinar el valor de las reclamaciones de los bonistas utilizando información financiera actualizada. Además, esa definición será determinante para futuras etapas del proceso, incluyendo la evaluación de cualquier plan de ajuste de deuda.
La orden también fija un calendario inicial para esta fase del litigio, con plazos durante abril y mayo de 2026 para completar la producción de documentos, presentar mociones relacionadas al descubrimiento de prueba y someter informes conjuntos sobre el curso del caso, así como una vista judicial programada para mayo.
En una orden separada, la jueza magistrada Judith Gail Dein concedió tiempo adicional para que la Junta de Supervisión Fiscal y la empresa EIF PR Resource Recovery LLC continúen negociaciones relacionadas con reclamaciones por lucro cesante. Las partes deberán informar al tribunal sobre el progreso de esas conversaciones en o antes del 8 de mayo de 2026.