Wednesday, June 19, 2024
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Estudio doctoral comprueba una década de deficiencias en intentos para reclutar y retener médicos

Una tesis doctoral de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) encontró que 18 medidas legislativas aprobadas entre 2010 y 2019, mayormente dirigidas al reclutamiento y la retención de médicos, no tuvieron un rendimiento positivo en su implementación.

El estudio de la doctora en Salud Pública con Especialidad en Análisis de Sistemas de Salud y Gerencia, Reydi J. Morales Martínez, identificó un total de 41 propuestas legislativas en la década pasada, de las que 18 —12 leyes y seis resoluciones— se aprobaron y atendían, entre otros aspectos, reclutamiento y retención de médicos, formación de profesionales, regulación de aseguradoras, turismo médico y exención por impericia médica.

No obstante, la académica sostuvo en entrevista con Metro Puerto Rico que las medidas son insuficientes porque “ataca(n) una parte del problema o porque no incluye (a) todos los médicos de la misma manera. Cuando miramos cómo están redactadas estas leyes, carecen de elementos que podemos decir cómo se implementaron o hay demasiada burocracia en esos procesos de implementación o no se están fiscalizando adecuadamente”.

La investigadora analizó 10 de las 12 leyes aprobadas (dos de ellas eran enmiendas y excluyó las resoluciones) con un modelo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que detalla cuatro fases que deben tener las políticas: definición de problema, diseño, implementación y evaluación. Si bien las medidas cumplieron con las fases iniciales del modelo, las leyes no cumplieron, o al menos parcialmente, con las últimas dos, halló la investigación doctoral. Tampoco se establecieron mecanismos para generar datos o para estudiar la viabilidad y efectividad de las estrategias ejecutadas.

El estudio incluso halló que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston invalidó una de las leyes aprobadas —la Ley 90 de 2019— porque interfería con el manejo de fondos federales, puesto que buscaba prohibir que los planes médicos Medicare Advantage pagaran una tarifa menor a lo establecido por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Lo mismo sucedió dos años después con la Ley 60 de 2021, que amplió el alcance de profesionales de salud elegibles a la tarifa fija contributiva de 4 % para médicos especialistas y que también había sido paralizada por la Junta de Supervisión Fiscal, publicó este medio.

Por otra parte, casi todas las medidas, salvo una de 2011, se implementaron entre 2017 y 2019, atribuíble al paso de los huracanes Irma y María en 2017. Morales Martínez aseguró que las exposiciones de motivo de las legislaciones también mencionaron que otros factores que propiciaron la emigración desde al menos diez años antes son la reducción poblacional y de médicos y falta de competitividad de Puerto Rico, comparado con otras ofertas similares en jurisdicciones de Estados Unidos.

Las 23 medidas restantes, que no fueron analizadas a profundidad porque salían del alcance del estudio, recibieron un “veto de bolsillo”, no fueron recomendadas por la comisión a la que estaba referida o no se supo del estatus, expuso Morales Martínez.

Recomiendan perspectiva holística

Una de las recomendaciones principales del estudio es que la política pública debe “alejarse de la fragmentación” y proporcionar una mirada holística a la retención de médicos para integrar otras perspectivas de salud pública, como proveer satisfacción laboral, eliminar aspectos burocráticos para facilitar establecimiento de prácticas u ofrecer mejor preparación al especialista.

Un panel de 13 expertos consultados, con representación del Departamento de Salud, el Colegio de Médicos Cirujanos y aseguradoras médicas, entre otras organizaciones, concordaron en cinco estrategias destacadas para desarrollar nuevas medidas. Estas incluyen reducir barreras de aseguradoras para que médicos entren a redes de proveedores de planes médicos, proveer apoyo económico en matrículas, ofrecer repago de préstamos a cambio de un compromiso de servicio, ampliar espacios de residencia médica en la isla y que médicos con especialidades puedan auscultar oportunidades de subespecialización.

“Los expertos miran un rango mucho más amplio y las leyes miraron un espectro más pequeño”, dijo la investigadora, al enfatizar la integración de miradas que amplifiquen la viabilidad de las legislaciones.

Este medio habló recientemente con médicos radicados en Estados Unidos que no consideran regresar a ejercer medicina en Puerto Rico por problemas con aseguradoras médicas y pobres condiciones laborales, por lo que encuentran que las estrategias de retención han sido insuficientes para mitigar la emigración de profesionales de salud.

El estudio también concluyó que algunos elementos imprescindibles para la política pública son contar con mecanismos de evaluación y fiscalización para velar por el cumplimiento, incluir estrategias de revisión de resultados, involucrar múltiples sectores de la sociedad en el proceso de elaboración de leyes, incluir análisis sobre posibilidades de sostenibilidad, incorporar a todos los médicos sin limitar especialistas o generalistas, promover procesos de informados, participativos y transparentes e incluir recopilación de datos como elemento fundamental.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.



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