Para la procuradora interina Madeline Bermúdez Sanabria, la asignación presupuestaria del próximo año fiscal que se apruebe para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) será determinante, ya que definirá si tendrán que ejecutar “un juego de ajedrez” para establecer las prioridades y distribuir los recursos.
En los últimos años, el presupuesto de la OPM ha registrado un aumento, pasando de aproximadamente $4.7 millones en el año fiscal 2020-2021, a unos $7.4 millones en el periodo de 2023-2024.
No obstante, Bermúdez Sanabria señaló que “la Oficina viene de haber tenido un presupuesto prácticamente inoperante”.
Si bien la financiación del organismo gubernamental —cuyas funciones van más allá de combatir la violencia de género— es completada con fondos federales, estos están condicionados por estatutos específicos, lo que restringe su uso para cubrir todas las áreas de necesidad.
Por consiguiente, para el año fiscal entrante, la funcionaria solicitó un aumento de $1 millón destinado a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que atienden asuntos de la mujer, más $740,000 para reclutar personal necesario en las divisiones de Monitoreo y Fiscalización, Legal, y de Educación de la OPM.
“Hemos adelantado mucho, sí, con la declaración del estado de emergencia. Nos ha traído un aumento del presupuesto de $2.5 millones, que están ahora en la calle, están en las orientaciones, están en las distintas entidades (sin fines de lucro)”, celebró Bermúdez Sanabria, refiriéndose al estado de emergencia declarado, en 2021, por la crisis de violencia de género, el cual ha sido extendido hasta el 31 de diciembre de 2024.
“Si me preguntan si es suficiente, no, no es suficiente. Hemos trabajado año por año por nosotros poder recuperar ese presupuesto y esas asignaciones especiales, pero no ha sido lo suficiente”, contrapuso.
Bermúdez Sanabria indicó que anteriormente la Procuraduría de las Mujeres contaba con una educadora, un abogado para fiscalizar las leyes protectoras de las féminas, y un monitor de los fondos federales.
Con el aumento en el presupuesto, la plantilla se ha acrecentado, e incluye actualmente tres educadores, cuatro abogados, y tres monitores. Sin embargo, la mano de obra aún se queda corta.
Por su parte, la oficial de cumplimiento del disuelto Comité PARE (Prevención, Apoyo, Rescate y Educación), Ileana Espada Martínez —una de las piezas clave en la ejecución de la orden ejecutiva de estado de emergencia— aseguró que el gobernador Pedro Pierluisi solicitó que se destinen al menos $7 millones para el financiamiento de la OPM.
Además, Espada Martínez recalcó que existen partidas para otras agencias gubernamentales que van dirigidas a los fines de combatir la problemática, tanto en esfuerzos de monitoreo como de educación.
“A modo de ejemplo, el año pasado, el Instituto de Estadística tuvo su propia asignación de fondos para todo lo que tiene que ver con estadísticas y estudios de la violencia de género”, especificó la fiscal.
“El estado de emergencia contempla una visión multisectorial. El trabajo que hay que hacer de prevención y todo el peso no le corresponde solamente a la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres”, puntualizó.
Subrayan necesidad de fondos recurrentes
Las ONG, incluyendo los albergues para víctimas de violencia de género, no reciben fondos recurrentes del Estado, sino que dependen de participar en un proceso competitivo donde solicitan financiamiento a través de la convocatoria de la OPM.
La directora ejecutiva de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Jessica Fuentes Cátala, destacó la incertidumbre que esto genera y la presión constante para asegurar financiamiento adicional.
“Lo puntual sería enfatizar que, dada la problemática, dado el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país, precisamente por la problemática de violencia de género, que la Red y sus albergues integrantes sean considerados servicios esenciales, ya que el Estado no tiene el espacio ni provee los servicios de albergues a sobrevivientes de violencia de género”, resaltó Fuentes Cátala.
“Así que, el no tener una certeza de unos fondos recurrentes, de unos fondos que les permita garantizar la continuidad de servicios, pues es todo el tiempo trabajando bajo fuego para precisamente poder permanecer y brindar los servicios”, agregó.
Mientras, la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón Miguel, enfatizó que los recursos no son suficientes para hacerle frente a la demanda que enfrentan.
Dicha organización ha asistido a miles de mujeres inmigrantes de diversas nacionalidades en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan en su diario vivir, así como con servicios directos a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, acecho y violencia en cita.
“No damos abasto, son demasiadas necesidades y muy pocos recursos. Hemos hecho de tripas corazones para poder mantener a las empleadas que tenemos, muchas veces reduciendo las horas, y manteniéndolas en un pago que a veces yo sé que no son muy competitivos con otras organizaciones u otras instituciones”, confesó la trabajadora social.
Ante un alarmante panorama
El Observatorio de Equidad de Género ha registrado un total de 32 casos de feminicidios en lo que va de 2024 en Puerto Rico, lo que refleja un aumento en las muertes violentas de mujeres cuando se compara con el mismo periodo en 2023.
Grullón Miguel destacó que, en medio de la alarmante situación de violencia que vive el archipiélago, es crucial asignar una mayor partida a las ONG y a la entidad gubernamental encargada de proteger los derechos femeninos para fortalecer la respuesta institucional ante esta problemática.
Por su parte, la procuradora interina de las Mujeres resaltó que las manifestaciones de la violencia contra la mujer continuarán “hasta que no completemos el ciclo de la prevención y de la educación —que es donde tenemos todos la esperanza— un cambio de formación psicológica y sociológica de la sociedad, los vamos a seguir viendo”.
Respecto al aumento en los casos de violencia doméstica registrado este año, Bermúdez Sanabria destacó que se debe tener en cuenta que, al alentar a las víctimas a reportar a sus agresores, podría observarse un incremento en la cantidad de denuncias.
“El propósito de estas campañas que llevamos a nivel de Puerto Rico, precisamente se trata de eso, de que todas estas mujeres que llevan años en silencio siendo víctimas de violencia de género busquen ayuda. Y cuando hemos visto que estos casos han aumentado es que están buscando ayuda”, destacó la funcionaria.
“Esto es un ciclo por años, pero han escuchado el mensaje, han visto que se ha trabajado, ven que hay servicio para ellas y están buscando ayuda”, aseguró.
Después de que la Junta de Supervisión Fiscal notificara este lunes el incumplimiento del presupuesto de la Legislatura al Plan Fiscal, se acordó que la versión revisada del gobierno será entregada el viernes, 28 de junio.