El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) emitió una resolución y orden en la que advirtió a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a que complete el trámite requerido ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) sobre los cuatro acuerdos finales del Programa Acelerado de Adición de Almacenamiento de energía con baterías (ASAP, por sus siglas en inglés).
El NEPR indicó que, tras LUMA Energy someter la información sobre los acuerdos, el ente regulador determinó que los términos incluidos eran “consistentes” con la política pública energética de la Isla y el Plan Integrado de Recursos (PIR).
Ante esto, el NEPR aprobó los cuatro borradores e instruyó a LUMA a finalizar los contratos, someterlos ante la Junta de Gobierno de la AEE para su aprobación y proveer evidencia de ese trámite, mientras que a la AEE le ordenó buscar la aprobación de la JSAF.
“Se advierte a la AEE a que no ejecute los contratos hasta que obtenga la aprobación de la JSAF, ya que podrían ser declarados nulos sin dicha aprobación”, se estableció en la Resolución y Orden.
El pasado jueves, 20 de noviembre, LUMA presentó evidencia de haber sometido los acuerdos finales ante la Junta de la AEE. A su vez, el operador privado solicitó que estos documentos fueran declarados “confidenciales” por contener información “crítica” de infraestructura energética, datos comercialmente sensitivos e información personal.
En respuesta, el Negociado determinó que Luma cumplió con lo ordenado por el regulador y concedió trato confidencial a la información sensitiva.
Asimismo, el Negociado aclaró el alcance de la integración de almacenamiento de energía mediante baterías dentro del Plan Integrado de Recursos.
El NEPR sostuvo que los 1,500 megavatios (MW) de almacenamiento contemplados en el plan constituyen una guía y no un límite. Al respecto, se indicó en la Resolución y Orden que “el Negociado no ha establecido 1,500 MW como un límite absoluto que no pueda excederse, y los proyectos de baterías en procesos de adquisición deben evaluarse aun cuando la integración propuesta sobrepase esa cantidad”.
De igual manera, se enfatizó que “la determinación de si la cifra de 1,500 MW debe ajustarse hacia arriba o hacia abajo recae exclusivamente en el Negociado”.
La comisionada, Lillian Mateo Santos, emitió un voto disidente en parte, sobre los contratos del programa ASAP y concurrente en parte, sobre la determinación del Negociado en cuanto a la integración de almacenamiento en baterías y que los aproximadamente 1,500 MW del PIR constituyen una guía y no un límite fijo.