El superintendente de la Policía, Joseph González, rechazó que se apruebe una enmienda a la Ley de Armas de Puerto Rico que se propuso en el Proyecto de la Cámara 1138 que permitiría la portación simultánea de pistolas o revólveres cargadas.
En vista públia, González recomendó mantener la redacción actual del Artículo 2.02 de la Ley 168-2019, que únicamente autoriza tener posesión inmediata de un arma de fuego a la vez.
“Permitir la portación simultánea de múltiples armas podría aumentar el riesgo de pérdida, robo o manejo negligente, lo cual podría tener implicaciones adversas para la seguridad pública. La limitación vigente responde a consideraciones prudentes de seguridad y manejo responsable de armas”, indicó el comisionado en una ponencia escrita.
La enmienda, es uno de los cambios sugeridos a la Ley de Armas de 2020 que fueron discutidos en vista pública de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, presidida por Félix Pacheco Burgos.
Pacheco Burgos presentó el proyecto de ley por petición de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas (Codepola), cuyo presidente Ariel Torres describió la medida como un “esfuerzo por modernizar y corregir vacíos normativos que han sido señalados desde la implementación de la ley vigente”.
“La experiencia acumulada durante los últimos años demuestra que ciertas disposiciones requieren ajustes para lograr un balance adecuado entre la protección de la seguridad pública, la eficiencia administrativa del Estado y el respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos”, pronunció Torres.
El también expolicía argumentó que los ciudadanos con licencia de portación cumplen con los criterios tanto estatales, como federales, para manejar en un mismo momento –y de manera responsable– más de un arma cargada.
“Las personas que hemos pasado por el rigor de la Policía, por un certificado de antecedentes penales, por huellas digitales, por nuestro seguro social, ¿por qué no podemos portar dos armas de fuego?”, cuestionó Torres.
“La Policía tiene un registro de armas. La Policía sabe todas las armas que yo tengo, pero no sabe las armas que tiene el delincuente”, agregó.
Mientras, la Asociación de Portadores de Puerto Rico mostró reservas con la modificación propuesta tras opinar que infringiría la Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y el derecho de los ciudadanos de portar armas largas al solo autorizar pistolas o revólveres de manera simultánea.
“Impide la portación de estas (armas largas) por oficiales independientes de seguridad y oficiales de escolta independientes, limitándolos a solo portar pistolas y revólveres; clara violación a la Segunda Enmienda”, comentó José Cruz, director interino de la entidad que cuenta con 20,000 integrantes.
Sin embargo, el líder de Codepola subrayó que la ley vigente faculta a guardias de seguridad privados que poseen licencia a portar un arma larga de forma expuesta y otra arma oculta en el ejercicio de sus funciones. Abrir esta puerta a oficiales independientes sin el debido proceso de licenciamiento estaría “violentando la ley y el orden”, dijo Torres.
“Las mismas regulaciones que tiene un servidor en una agencia de seguridad lo tiene que tener un portador individual y un ciudadano. Así que creemos fielmente en las regulaciones y que los procesos de fácil acceso agravan y pueden acontecer mayores incidentes”, expresó, por su parte, el representante Pacheco Burgos.
El proyecto también pretende exigir la licencia de armas expedida por la Policía a personas que practiquen la caza deportiva, por lo que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) asumiría un rol enfocado en el ofrecimiento de cursos, certificación de participación, y emisión de sellos o permisos.
“Es deber ministerial del DRNA el manejo del recurso, ya que es la entidad con la facultad y la experiencia técnica para proteger, manejar y conservar la vida silvestre”, destacó el secretario Waldemar Quiles en un memorial explicativo.
El jefe del DRNA manifestó su oposición a la medida al destacar que la agencia correría el riesgo de perder fondos asignados por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos si no cumple con los requisitos federales de certificación de licencias.
De igual forma, Quiles criticó que la legislación pretenda segregar el mecanismo de cacería al dividir la regulación de la actividad: la caza con armas de fuego sería regulada por la Policía, mientras que la caza con arco y flecha permanecería bajo la supervisión del DRNA.
“Esta división podría resultar perjudicial para el Departamento al desconocer la cantidad de cazadores que practican el deporte de la cacería que, como ya mencionáramos, es un mecanismo para el control de población de vida silvestre”, advirtió.
Para atender la preocupación sobre el registro de escopetas, el titular recomendó permitir al DRNA utilizar el sistema de verificación de antecedentes penales a través del Cuerpo de Vigilantes, quienes son agentes del orden público. Además, sugirió que las inscripciones se realicen en el registro electrónico de armas de fuego de la Uniformada.
Departamento de Justicia presentó una ponencia en la que coincidió que trasladar las facultades del DRNA sobre el licenciamiento de cacería podría afectar el balance regulatorio y el rol especializado de la agencia.
