La jueza federal Silvia L. Carreño Coll desestimó oficialmente el caso criminal que involucraba a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, al banquero Julio Herrera Velutini y al exagente federal Mark T. Rossini, tras reconocer los indultos presidenciales plenos e incondicionales concedidos por el presidente Donald Trump.

En una orden emitida hoy, lunes, la magistrada determinó que, debido a que los tres acusados aceptaron formalmente los indultos y ninguna de las excepciones constitucionales que limitan el poder de clemencia presidencial aplica en este caso, todos los asuntos pendientes en el expediente quedan sin objeto (“moot”).

Como resultado, el tribunal procedió a desestimar el caso en su totalidad, acogiendo la solicitud presentada por la Fiscalía federal, y ordenó que se emita sentencia conforme al cierre del expediente.

Tribunal queda sin jurisdicción

En su resolución, la jueza Carreño Coll señaló que, al quedar el caso sin objeto tras los indultos presidenciales, el tribunal queda efectivamente privado de jurisdicción para continuar atendiendo el proceso.

La magistrada también destacó que, aunque las defensas realizaron múltiples intentos para lograr la desestimación del caso antes del indulto, el pliego acusatorio se mantuvo vigente y el caso no llegó a juicio, quedando finalmente concluido por la intervención directa del poder ejecutivo.

Antes de concluir la orden, la jueza expresó su agradecimiento al personal del tribunal, al juez magistrado Héctor L. Ramos-Vega y a la Oficina de Probatoria federal por el tiempo y trabajo dedicado al caso.

El caso había sido radicado originalmente en 2022 como un esquema de soborno y corrupción pública relacionado con el financiamiento de la campaña primarista de Vázquez Garced en 2020. Posteriormente, tras negociaciones con el Departamento de Justicia federal, los acusados se declararon culpables en 2025 por delitos menos graves relacionados con donativos ilegales de campaña y se encontraban a la espera de sentencia.

El indulto presidencial fue concedido mientras las partes aún discutían la recomendación de la Fiscalía federal de imponer una pena de un año de prisión a la exgobernadora.

Con esta orden, el proceso judicial federal queda cerrado de manera definitiva para los tres imputados.

La jueza federal Silvia L. Carreño Coll desestimó oficialmente el caso criminal contra el banquero Julio Herrera Velutini, tras reconocer el indulto presidencial emitido por el presidente Donald Trump y su aceptación expresa por parte del acusado.

En una orden emitida hoy, lunes, el tribunal determinó que, a la luz del indulto y su aceptación, el caso queda sin objeto (“moot”), por lo que se cancela la vista de lectura de sentencia pautada para este jueves, 29 de enero de 2026 y se ordena la entrada de sentencia correspondiente para cerrar el expediente.

La determinación responde a notificaciones presentadas tanto por la Fiscalía federal como por la defensa de Herrera Velutini, informando al tribunal sobre la concesión del indulto presidencial y su aceptación formal.

En el expediente electrónico de la coacusada, Wanda Vázquez Garced, todavía no se registra la orden de la jueza.

Contexto del caso

Herrera Velutini figuraba como uno de los principales coacusados en el caso federal que también involucra a la exgobernadora Vázquez Garced y al exagente federal Mark Rossini, relacionado con donativos ilegales de campaña y que fue originalmente radicado en 2022 como un esquema de soborno.

Luego de negociaciones con el Departamento de Justicia federal, los acusados se declararon culpables en 2025 por un delito menos grave de violaciones a las leyes electorales federales, y se encontraban a la espera de sentencia. Hace unas semanas se supo que el presidente Trump les concedió a los acusados un indulto total. El indulto presidencial se otorgó en momentos en que las partes aún debatían la recomendación de la Fiscalía federal de imponer una pena de un año de prisión a Vázquez Garced.

Con esta orden, el caso de Herrera Velutini queda cerrado de forma definitiva en el foro federal, tras la intervención directa del indulto presidencial. El banquero había solicitado la devolución de la fianza de $1 millón.

La Cámara de Representantes concedió un plazo de 10 días calendario al Departamento de Hacienda y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que entreguen la información económica solicitada como parte de la evaluación de los cambios al Código de Rentas Internas, informó el martes el presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier Chinea.

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“Se le preguntó al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantojas Rodríguez, y al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, y dijeron que en cinco días iban a producir la información que se les requirió. No estamos pidiendo nada que sea del otro mundo, es un informe económico, el desglose de las partidas de los ahorros que va a hacer el gobierno de Puerto Rico”, dijo Charbonier Chinea en declaraciones escritas.

El legislador indicó que la información requerida incluye el impacto fiscal que tendría la eliminación de la exención del Impuesto sobre Ventas y Uso en el renglón de las placas solares y los autos híbridos, datos solicitados durante la primera vista pública celebrada el 14 de enero.

Charbonier Chinea negó expresiones atribuidas al secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, sobre la supuesta entrega de la información desde el inicio del proceso, y señaló que ambas agencias solicitaron formalmente una prórroga para cumplir con el requerimiento.

“A mayor tiempo tarden en brindar la información, mayor tiempo toma la Cámara y el Senado en tomar su decisión. Aquí nadie va a renunciar a su responsabilidad constitucional”, añadió.

El presidente de la Comisión de Hacienda advirtió que, de no cumplirse con el término concedido, la Cámara puede recurrir a los tribunales para exigir la entrega de la información necesaria para continuar con la evaluación legislativa.

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado evaluó el martes el Proyecto del Senado 916, medida de administración que propone establecer un sistema uniforme de registro digital y autorizar, bajo condiciones de seguridad, la circulación limitada de vehículos todo terreno, vehículos de baja velocidad y carritos de golf en vías públicas de Puerto Rico.

Durante la vista pública, el presidente de la comisión, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, expresó preocupaciones sobre disposiciones del proyecto que permitirían que menores de 16 años puedan ser legalmente dueños de motoras y vehículos todo terreno, al señalar la necesidad de examinar con mayor rigor los aspectos de seguridad y responsabilidad legal asociados a ese lenguaje.

“Nuestro compromiso es legislar con datos, peritaje técnico y apertura al diálogo, para lograr un balance entre el uso de estos vehículos y la protección de la vida y el orden vial”, dijo Sánchez Álvarez.

La Policía de Puerto Rico respaldó la necesidad de un marco regulatorio, pero recomendó que la circulación de vehículos todo terreno se limite estrictamente a vías secundarias, terciarias y caminos vecinales, excluyendo autopistas y expresos. Además, planteó la importancia de establecer requisitos claros de licenciamiento, tablillas especiales, fiscalización efectiva y sanciones disuasivas para proteger la seguridad vial y el orden público.

La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles expresó que la autorización de nuevas categorías de vehículos en las vías públicas tendría un impacto directo en el sistema de compensaciones, por lo que sostuvo que cualquier esquema de circulación debe estar acompañado de un registro formal, requisitos de licenciamiento y una cubierta de seguro adecuada. La agencia recomendó primas diferenciadas y enmiendas legales para proteger la autosuficiencia financiera del sistema.

Mientras tanto, la Oficina del Comisionado de Seguros favoreció el proyecto, con señalamientos dirigidos a la necesidad de clarificar los requisitos de seguro aplicables a estos vehículos e integrar cubiertas de responsabilidad pública y seguro obligatorio como parte del proceso de autorización y registro.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas respaldó la medida como una herramienta para atender la proliferación de estos vehículos en las vías públicas, al subrayar la importancia de la integración tecnológica entre agencias para fortalecer la fiscalización, la trazabilidad de los vehículos y el cumplimiento contributivo.

Mientras, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito sostuvo que el proyecto atiende una problemática persistente de seguridad vial y destacó la necesidad de incorporar requisitos de seguridad personal, campañas educativas y mecanismos de fiscalización dirigidos a reducir accidentes, lesiones graves y muertes.

Por su parte, organizaciones especializadas en motoras favorecieron la modernización del marco regulatorio y el sistema de registro digital, pero manifestaron su oposición a autorizar la circulación de estos vehículos y carritos de golf en autopistas y expresos. Además, advirtieron que el uso del término “Street-Legal” requiere mayor precisión, al señalar que la instalación de equipos o modificaciones no convierte automáticamente a un vehículo todo terreno en apto para transitar por vías públicas conforme a las especificaciones del fabricante.

Sánchez Álvarez informó que la comisión celebrará una segunda vista pública el próximo 10 de febrero, en la que comparecerán otras agencias gubernamentales y manufactureros, como parte del análisis integral de la medida.