El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, reaccionó este jueves a la renuncia de su Ayudante Especial, quien además presentó una querella en su contra por alegado acoso laboral, discriminación por sexo, abuso de autoridad y represalias.

En declaraciones escritas enviadas a este medio, Quiñones Rivera sostuvo que “desde el primer día he sido claro: como secretario, no voy a permitir el narcotráfico, la corrupción, la violación de derechos civiles ni el discrimen político en el departamento. También advertimos que nuestras acciones no serían del agrado de unos pocos”.

“Como exjuez y exfiscal, no voy a permitir que nada ni nadie me intimide en el cumplimiento de esta misión. Hasta el 31 de diciembre de 2028, continuaremos limpiando la casa, mejorando las condiciones de trabajo de nuestro personal y promoviendo la rehabilitación de la población correccional”, añadió.

Detalles de la renuncia

La carta de renuncia, fechada el 4 de diciembre de 2025 y circulada en redes sociales, describe un patrón de “trato humillante y degradante” hacia la Ayudante Especial, incluyendo un incidente ocurrido el 10 de noviembre de 2025, que, según la querellante, la afectó emocionalmente.

“Mientras la Sra. Doria Martínez se encontraba en mi oficina, usted me confrontó de manera brusca, con señalamientos directos al rostro y expresiones intimidantes como ‘tú tienes un problema conmigo; hoy tú te vas de aquí’”, escribió la exfuncionaria.

El documento señala que el incidente se produjo tras una reunión en el Salón Conference de la Oficina del Secretario, que incluyó personal de Carolina Catering Corp, seguridad del DCR y otros participantes, y que, según la renunciante, estuvo marcada por gritos y faltas de respeto. Aunque no formó parte de la reunión, asegura que desde su oficina escuchó claramente los disturbios.

“Al terminar dicha reunión, la Sra. Martínez se dirigió a mi oficina para ofrecerme un insumo sobre lo acontecido, para que se le informara al Secretario. Acto seguido usted me llamó a su oficina, donde se dirigió a mí con expresiones de naturaleza humillante y despectiva, a saber: ‘no sirves para nada, no sirves para el puesto, no tienes los pantalones bien puestos para estar aquí, el puesto te quedó grande, no me cuidaste y tú sabes que Doria es mi enemiga’. Posteriormente ese mismo día, usted acudió a la oficina a la que fui reubicada, manifestando que ‘no era apta para estar en el pasillo de la oficina del Secretario’. Y nuevamente me emitió expresiones intimidantes como: ‘si Doria escribe lo que pasó en tu oficina, tú vas a ver. Más vale que escojas bien el lado en el que vas a estar porque yo te voy a botar’”, añadió la carta.

Lo que alega la querella

En la querella, sometida el 21 de diciembre de 2025, la exfuncionaria alegó que “en repetidas ocasiones” el secretario del DCR “expresó frases ofensivas y denigrantes hacia mi persona, incluyendo expresiones dirigidas a menospreciar mis capacidades profesionales. Estas expresiones afectaron de manera adversa mi autoestima, mi estabilidad emocional y mi percepción de seguridad dentro del lugar de trabajo”.

También denunció que, cuando el funcionario manifestaba desacuerdo con documentos que presentaba, “procedía a lanzármelos al rostro de manera brusca, a modo de frisbee”.

Además, la querella detalla comentarios inapropiados y de connotación sexual sobre su cuerpo, así como comparaciones con otro funcionario: “¿Qué tiene Cabañas que no tenga yo?”, y manifestaciones de insinuación indebida como: “Pudieras ser la primera dama de Corrección, pero tú no quieres”.

Lee aquí los documentos

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñónez Rivera, reaccionó este jueves a la renuncia de su Ayudante Especial, quien además presentó una querella en su contra por alegado acoso laboral, discriminación por sexo, abuso de autoridad y represalias.

En declaraciones escritas enviadas a este medio, Quiñónez Rivera sostuvo que “desde el primer día he sido claro: como secretario, no voy a permitir el narcotráfico, la corrupción, la violación de derechos civiles ni el discrimen político en el departamento. También advertimos que nuestras acciones no serían del agrado de unos pocos”.

“Como exjuez y exfiscal, no voy a permitir que nada ni nadie me intimide en el cumplimiento de esta misión. Hasta el 31 de diciembre de 2028, continuaremos limpiando la casa, mejorando las condiciones de trabajo de nuestro personal y promoviendo la rehabilitación de la población correccional”, añadió.

Detalles de la renuncia

La carta de renuncia, fechada el 4 de diciembre de 2025 y circulada en redes sociales, describe un patrón de “trato humillante y degradante” hacia la Ayudante Especial, incluyendo un incidente ocurrido el 10 de noviembre de 2025, que, según la querellante, la afectó emocionalmente.

“Mientras la Sra. Doria Martínez se encontraba en mi oficina, usted me confrontó de manera brusca, con señalamientos directos al rostro y expresiones intimidantes como ‘tú tienes un problema conmigo; hoy tú te vas de aquí’”, escribió la exfuncionaria.

El documento señala que el incidente se produjo tras una reunión en el Salón Conference de la Oficina del Secretario, que incluyó personal de Carolina Catering Corp, seguridad del DCR y otros participantes, y que, según la renunciante, estuvo marcada por gritos y faltas de respeto. Aunque no formó parte de la reunión, asegura que desde su oficina escuchó claramente los disturbios.

“Al terminar dicha reunión, la Sra. Martínez se dirigió a mi oficina para ofrecerme un insumo sobre lo acontecido, para que se le informara al Secretario. Acto seguido usted me llamó a su oficina, donde se dirigió a mí con expresiones de naturaleza humillante y despectiva, a saber: ‘no sirves para nada, no sirves para el puesto, no tienes los pantalones bien puestos para estar aquí, el puesto te quedó grande, no me cuidaste y tú sabes que Doria es mi enemiga’. Posteriormente ese mismo día, usted acudió a la oficina a la que fui reubicada, manifestando que ‘no era apta para estar en el pasillo de la oficina del Secretario’. Y nuevamente me emitió expresiones intimidantes como: ‘si Doria escribe lo que pasó en tu oficina, tú vas a ver. Más vale que escojas bien el lado en el que vas a estar porque yo te voy a botar’”, añadió la carta.

Lo que alega la querella

En la querella, sometida el 21 de diciembre de 2025, la exfuncionaria alegó que “en repetidas ocasiones” el secretario del DCR “expresó frases ofensivas y denigrantes hacia mi persona, incluyendo expresiones dirigidas a menospreciar mis capacidades profesionales. Estas expresiones afectaron de manera adversa mi autoestima, mi estabilidad emocional y mi percepción de seguridad dentro del lugar de trabajo”.

También denunció que, cuando el funcionario manifestaba desacuerdo con documentos que presentaba, “procedía a lanzármelos al rostro de manera brusca, a modo de frisbee”.

Además, la querella detalla comentarios inapropiados y de connotación sexual sobre su cuerpo, así como comparaciones con otro funcionario: “¿Qué tiene Cabañas que no tenga yo?”, y manifestaciones de insinuación indebida como: “Pudieras ser la primera dama de Corrección, pero tú no quieres”.

Lee aquí los documentos

El Tribunal de Apelaciones desestimó el caso que llevaba el Fiscal Especial Independiente contra la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, en el que el exrepresentante novoprogresista Antonio “Tony” Soto Torres figuraba como testigo.

El foro intermedio revocó una determinación del Tribunal de Primera Instancia y dejó sin efecto el caso por presunta corrupción en la Autoridad de Tierras, al concluir que la investigación del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) se realizó fuera del término que permite la ley.

La decisión implica, en la práctica, la desestimación del caso, luego de que el foro apelativo determinara que la pesquisa se extendió por más de 1,100 días, muy por encima del periodo que la ley dispone para este tipo de investigaciones.

Según la determinación, aunque pueden concederse prórrogas en investigaciones complejas, ese margen no es ilimitado. El tribunal fue claro al señalar que una dilación de más de tres años es incompatible con el carácter expedito que exige la ley que regula al FEI.

El caso está relacionado con el manejo de fondos del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), conocido como el “barrilito”, mecanismo mediante el cual se asignaron $1.2 millones para la canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo, obra que nunca se realizó.

De acuerdo con la investigación, el dinero fue canalizado a una entidad comunitaria sin experiencia en construcción y posteriormente terminó en cuentas vinculadas al contratista José Miguel “Joe” Huertas Torres.

Aunque Soto no figura como acusado, sí es uno de los testigos principales del caso, al haber gestionado la asignación de los fondos como legislador.

La defensa de la exdirectora de la Autoridad de Tierras había argumentado que el FEI actuó fuera de término, lo que implicaría que perdió jurisdicción para presentar los cargos.

El Tribunal de Apelaciones acogió ese planteamiento y concluyó que el foro primario erró al permitir que el caso continuara, al punto de que la actuación del FEI se consideró fuera de sus facultades legales.

En términos prácticos, la decisión invalida el caso tal como fue presentado, al determinar que la investigación se llevó a cabo fuera del marco legal.

El caso se enmarca dentro de una pesquisa más amplia sobre el uso del “barrilito”, un mecanismo que ha sido cuestionado por permitir la asignación de fondos públicos sin procesos transparentes.

El Tribunal de Apelaciones revocó una determinación del Tribunal de Primera Instancia y puso en duda la validez de la investigación del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) en el caso de corrupción que ha salpicado al exrepresentante novoprogresista Antonio “Tony” Soto Torres.

La controversia gira en torno a una pesquisa que se extendió por más de 1,100 días —muy por encima del término que dispone la ley— relacionada con el uso de fondos del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), conocido como el “barrilito”, mecanismo que Soto utilizó para gestionar $1.2 millones destinados a la canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo.

Según la investigación, ese dinero fue asignado a una entidad comunitaria sin experiencia en construcción y terminó presuntamente desviado a cuentas vinculadas al contratista José Miguel “Joe” Huertas Torres, mientras la obra nunca se realizó.

Aunque Soto no figura como acusado en esta etapa, sí es uno de los testigos principales del caso, junto al pastor Heriberto Andújar, de la entidad que recibió los fondos.

El eje del caso dio un giro luego de que el Tribunal de Apelaciones concluyera que la investigación del FEI pudo haberse salido del marco legal al extenderse por más de tres años mediante múltiples prórrogas, paralizaciones y ampliaciones.

“Una demora que supera los mil días es contraria a la naturaleza del trámite ágil que dispone la ley”, sostuvo el tribunal, al advertir que la “justa causa” no puede utilizarse para prolongar indefinidamente una pesquisa.

La defensa de la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez —también imputada en el caso— ha insistido en que el FEI actuó fuera de término y, por tanto, sin autoridad para radicar cargos.

El foro apelativo coincidió en que ese planteamiento merece ser reconsiderado, al concluir que el tribunal inferior incurrió en un “abuso de discreción”.

Aunque la decisión no desestima los cargos, sí representa un golpe significativo al caso, que forma parte de una investigación más amplia sobre el manejo de millones de dólares del llamado “barrilito”, un mecanismo que ha sido señalado por su falta de transparencia.

Actualmente, el proceso continúa en etapa preliminar, mientras el tribunal deberá evaluar si la tardanza en la investigación compromete la validez del caso y los derechos de los imputados.