La enviada del presidente estadounidense, Donald Trump, para Venezuela, Laura Dogu, llegó este sábado a Caracas para asumir funciones como encargada de negocios, en lo que representa un nuevo paso en el acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Venezuela.

La llegada de Dogu fue confirmada por el canciller venezolano, Yván Gil, quien informó que la visita forma parte de la agenda de trabajo entre ambos gobiernos.

Según indicó el funcionario, el objetivo del encuentro es “marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional”.

Dogu sustituye en el cargo a John McNamara, quien viajó a Caracas hace aproximadamente dos semanas para evaluar una posible reanudación gradual de las operaciones diplomáticas entre ambos países. Tras ese acercamiento inicial, el Gobierno venezolano confirmó que también enviaría una delegación a Washington.

La diplomática estadounidense cuenta con una trayectoria amplia en la región, habiendo fungido previamente como embajadora en Honduras y Nicaragua. Además, se desempeñó como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y como subdirectora de la oficina para la recuperación de rehenes del FBI.

Este movimiento diplomático ocurre en un contexto político inusual, luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro fuera capturado el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense. Desde entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la Presidencia de forma interina y alcanzó acuerdos con Washington que incluyen la venta de petróleo venezolano y un proceso de liberación de personas detenidas, tanto venezolanas como extranjeras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que ordenó al Departamento de Seguridad Nacional no intervenir en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata ante protestas o disturbios, salvo que las autoridades locales o estatales soliciten asistencia federal.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Trump informó que instruyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a no desplegar intervención federal “bajo ninguna circunstancia” en ciudades demócratas “a menos que y hasta que nos pidan ayuda”.

No obstante, el mandatario dejó claro que el Gobierno federal sí protegerá edificios y propiedades federales. “Vamos a custodiar, y con grandes medios, los edificios federales que están siendo atacados por lunáticos, agitadores e insurreccionistas bien pagados”, expresó.

Trump indicó que ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza aplicar estrictamente la protección de instalaciones federales. Además, lanzó una advertencia directa a quienes participen en actos violentos durante manifestaciones.

“No van a escupir a la cara a nuestros agentes, no van a dar puñetazos ni patadas a las luces de nuestros coches y no van a lanzar adoquines a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas”, afirmó, al advertir que quienes lo hagan “sufrirán una consecuencia igual o mayor”.

El presidente señaló que su mensaje fue remitido también a autoridades estatales y municipales, a quienes instó a proteger sus propias instalaciones y cumplir con su responsabilidad de resguardar propiedades federales.

Como ejemplo, Trump mencionó un incidente ocurrido en Eugene, Oregón, donde, según dijo, personas irrumpieron en un edificio federal, causaron daños y acosaron a empleados, sin que la Policía local interviniera. “No vamos a permitir que vuelva a pasar”, sostuvo.

Trump afirmó que, si las autoridades locales no pueden manejar disturbios, el Gobierno federal intervendrá cuando se solicite ayuda, tal como —según dijo— ocurrió durante los disturbios en Los Ángeles el año pasado.

Finalmente, reiteró que fuerzas federales, incluyendo ICE, la Patrulla Fronteriza y, de ser necesario, el Ejército, estarán disponibles para proteger propiedades federales, pero subrayó que la intervención se realizará únicamente tras una solicitud expresa de los gobiernos locales.

“Me eligieron por una política de control de fronteras, de seguridad nacional y de ley y orden. Eso es lo que quiere Estados Unidos y eso es lo que está teniendo Estados Unidos”, concluyó.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó este sábado a países europeos de colaborar con Israel y Estados Unidos para “fragmentar” a la sociedad iraní, en medio de una ola de protestas y disturbios que el Gobierno de Teherán atribuye a la injerencia de fuerzas extranjeras.

En declaraciones transmitidas por la televisión estatal iraní, Pezeshkian afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y gobiernos europeos “se aprovechan de nuestros problemas para provocar y perseguir, como siguen haciendo ahora mismo, fragmentar la sociedad”.

Las protestas comenzaron a finales del año pasado tras el desplome del rial, la moneda nacional, y derivaron posteriormente en disturbios generalizados en distintos puntos del país. Aunque el Gobierno iraní reconoció inicialmente el trasfondo económico de las manifestaciones, ha insistido en que la escalada de violencia fue alentada desde el exterior.

“Fueron ellos quienes han sacado a estos alborotadores a las calles para destrozar este país, sembrar el conflicto y el odio entre la gente y crear división”, sostuvo el mandatario, quien afirmó que “todo el mundo está al tanto ya de que esto no es una protesta social”.

Pezeshkian añadió que, a su juicio, las potencias extranjeras buscan “provocar, crear división y proporcionar recursos, atrayendo a algunas personas inocentes a este movimiento”. No obstante, el presidente —considerado un reformista moderado dentro del sistema político iraní— indicó que su Gobierno debe atender las demandas legítimas de la población.

“Debemos trabajar con el pueblo y para el pueblo, y servirle tanto como sea posible”, expresó.

Advierte que la guerra no beneficia a Irán ni a Estados Unidos

Más tarde, Pezeshkian sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, en la que reiteró que la guerra no beneficia ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región.

“Creemos profundamente que la guerra no beneficia a Irán, Estados Unidos ni a la región”, afirmó el mandatario iraní, según un comunicado oficial de la Presidencia. Añadió que para la República Islámica “resolver las cuestiones a través de la diplomacia siempre ha sido prioritario” y que Irán no puede ser forzado a negociar “con amenazas y fuerza”.

El presidente iraní responsabilizó a Estados Unidos e Israel por lo que describió como una escalada de hostilidades, presiones, sanciones y el fomento del descontento interno. Aun así, aseguró que Irán no busca la guerra, aunque advirtió que cualquier ataque contra su territorio “será respondido con decisión y autoridad”.

Por su parte, el presidente egipcio coincidió en que no existe una solución militar a los conflictos y aseguró que Egipto continuará sus esfuerzos para reducir las tensiones y respaldar iniciativas diplomáticas que promuevan la estabilidad regional.

Un juez federal ordenó la liberación provisional del niño de cinco años Liam Conejo Ramos y de su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, quienes permanecían detenidos en el centro de detención de inmigrantes de Dilley, en el estado de Texas, mientras se resuelve el procedimiento migratorio en su contra.

La orden fue emitida por el juez federal Fred Biery, del Distrito Occidental de Texas, quien dispuso que ambos sean excarcelados el próximo martes, según recogió el diario San Antonio Express-News. El menor y su padre, de nacionalidad ecuatoriana, fueron detenidos durante una intervención de agentes federales en el estado de Minnesota, lo que generó una fuerte reacción pública debido a la corta edad del niño.

En su dictamen, el juez cuestionó severamente la actuación del Gobierno federal y señaló que el caso “tiene su génesis en un intento de aplicar unas cuotas de deportación mal concebidas y aplicadas de forma incompetente, incluso traumatizando a niños”. Asimismo, afirmó que la Administración federal ignoró principios fundamentales del sistema constitucional estadounidense.

“Las órdenes administrativas emitidas por el Ejecutivo no se sostienen ante la prueba de la causa probable”, expresó Biery en su resolución, al tiempo que subrayó que la Constitución exige la intervención de un poder judicial independiente en este tipo de casos.

Los abogados de Conejo Arias y su hijo han indicado que ambos solicitaron formalmente asilo en Estados Unidos. Sin embargo, las agencias federales sostienen que no se encuentran legalmente en el país y que el plazo concedido para abandonar territorio estadounidense expiró en abril.

El magistrado ya había emitido el pasado lunes una orden para impedir la deportación del menor y su padre mientras evaluaba el fondo del caso. La detención ocurrió el 20 de enero en Columbia Heights, en las afueras de Minneapolis, y la imagen del niño junto a un vehículo de agentes federales se difundió ampliamente en redes sociales y medios internacionales.

Vecinos y personal de la escuela del menor denunciaron que los agentes federales habrían utilizado al niño como “cebo” para provocar que su madre abriera la puerta de la residencia, una alegación que incrementó la controversia en torno al operativo.