La Policía informó que agentes adscritos al precinto policiaco de Bayamón Sur investigaron una muerte violenta ocurrida el miércoles en un pastizal de la carretera 830, kilómetro 6.6, barrio Santa Olaya, en Bayamón.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre una persona muerta en estado de descomposición. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado y parcialmente quemado de un hombre, quien fue identificado como Luis A. Bermúdez Rivera, de 24 años y residente de Bayamón.

El occiso había sido fichado en agosto de 2022 por delitos relacionados con sustancias controladas.

La investigación estuvo a cargo de la agente Vivian Acevedo Jiménez, supervisada por el sargento Julio Figueroa Hernández de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en conjunto con la fiscal Arlene González.

La Uniformada exhortó a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que ayude al esclarecimiento de este caso. Pueden llamar a la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020. También pueden escribirnos a través de X (antes Twitter) en @PRPDNoticias o Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

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Las autoridades investigan la muerte de un joven influencer mexicano cuyo cuerpo fue encontrado en un edificio abandonado en la zona de Santurce.

Se trata de César Peña residente de Carolina del Norte, un joven influencer de viajes en las redes sociales que acostumbraba a viajar a la isla y en esta ocasión se encontraba celebrando su cumpleaños número 34.

Según reportó Telenoticias (Telemundo), el cuerpo de Peña fue encontrado el pasado martes en un edificio abandonado en la calle América en Santurce. Sus hermanos, llegaron hasta el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para identificar el cuerpo.

Su hermano, quien también se llama César Peña exigió en entrevista con el medio televisivo que la Policía de Puerto Rico solicite los videos de las cámaras de seguridad de residencias y negocios aledaños que ayuden a esclarecer los hechos.

Igualmente, dijo que su hermano acostumbraba a visitar la isla y que había hecho varias amistades. Peña, dijo que su hermano habría comunicado que visitaría un local de la Plaza del Mercado en Santurce, previo a su muerte.

Por su parte, el inspector Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) indicó que el cuerpo no presenta signos de violencia. Además, confirmó que ya se realizó el trámite para incautar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Su hermano añadió en el reportaje, que el joven realizó una transacción bancaria antes de morir.

Los vecinos de la zona fueron quienes avisaron a las autoridades sobre el fuerte hedor que salía del edificio abandonado en la zona. Al llegar las autoridades, encontraron el cuerpo del joven influencer.

En una publicación en Facebook, una mujer identificada como Gloria Ruiz, quien dice ser prima y mejor amiga de Peña expresó a sus amistades que luego de la búsqueda del joven este había sido encontrado sin vida.

“Con toda la fuerza y pesar en mi corazón y por consideración a todos los que se preocuparon por mi primo y mejor amigo Cesar Peña lamento informar que ya se encontró su cuerpo sin vida. Les agradezco todos los esfuerzos que se hicieron para hallarlo. Es un momento de dolor para toda la familia, Junior fue muy querido por todos sus amigos y les debo por lo menos esta comunicación para que lo recuerden como él era amable y alegre. Por favor cuídense mucho todos, Puerto Rico es un lugar peligroso, es la segunda perdida cercana que sufrimos en un ano por ir a visitar esa isla”, escribió.

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La Universidad de Puerto Rico (UPR), el primer centro docente del país donde se forman profesionales en diversas disciplinas, está tratando de reclutar personal con una oferta de salario por debajo del mínimo que establece la ley.

Metro Puerto Rico pudo revisar diversas convocatorias de trabajo en la UPR que especifican que el salario es $9.50 la hora. Sin embargo, desde el 1º de julio pasado en Puerto Rico el salario mínimo es de $10.50 la hora. No es la primera vez que este escenario surge en el sistema UPR, pues el año pasado muchos de sus empleados también estaban por debajo del salario mínimo, lo que provocó protestas laborales. Sin embargo, no fue hasta que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) les autorizó presupuesto que pudieron aumentar al $9.50 la hora que ahora vuelve a quedarse por debajo de la ley.

El presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) de la UPR, Carlos De León Martínez se expresó al respecto.

“El salario mínimo no lo recibimos. Los empleados que están por debajo de ese $10.50, no se ha recibido nada en la primera quincena de julio. (…) Nosotros nos comunicamos con el patrono, desde la administración nos dijeron que ellos no pensaban en estos momentos subir a $10.50 porque estaban esperando por un proceso que tenemos del Plan de Clasificación y Retribución nuevo, que la Junta de Gobierno no atendió ese plan en junio pasado”, indicó León Martínez.

Asimismo, el presidente de la Hermandad detalló que su organismo se ha tratado de comunicar múltiples veces con su patrono, el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, pero “no han recibido respuesta” más allá de la que obtuvieron anteriormente.

“Nosotros intentamos decirle, nosotros tenemos por escrito en un convenio nuevo que cualquier aumento que se de en el gobierno se nos tiene que otorgar a nosotros, además de que luego de las negociaciones que tuvimos, tras no subirse el sueldo a $8.50 y a $9.50, (fue) el momento que se llevó la lucha aquí en la universidad,” indicó.

El convenio al que León Cruz hace referencia figura una oración al final que dice: “…y cualquier otro aumento que en lo sucesivo ocurra”.

Por su parte, la Dra. Mayra Cruz, ayudante ejecutiva del presidente de la UPR, expresó que la UPR, por disposición de ley, está excluido de acoger el salario mínimo.

“Eso es una disposición de ley. ¿Qué sucede? El año pasado, a raíz de un reclamo de los diferentes gremios, del sindicato, de la Hermandad y de otros, elevaron esa misma petición de ver si se podían los empleados de la Universidad de Puerto Rico acogerse a los $9.50. Nosotros hicimos un procedimiento de elevarlo a la Junta de Gobierno, que es el organismo rector de la oficina del presidente, y por ende elevarlo a la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Por qué? Porque reconocíamos que la Universidad de Puerto Rico no le aplica. Sin embargo, en ese entonces, cuando se hizo el análisis de la cantidad de empleados que le podía aplicar, porque sí, ciertamente no estaban en el salario mínimo, pues la Junta de Supervisión Fiscal aprobó de un dinero que ellos tenían fuera del presupuesto de la universidad (…) no por disposición de ley, pero por un reclamo justo″, detalló Cruz.

Asimismo, Cruz planteó que en el nuevo Plan de Clasificación y Retribución, un análisis que detalla todas las clases que tiene la UPR y el salario devengado, y que se encontraba trabajando la Junta de Gobierno de la UPR, podría presentar escenarios de un aumento de hasta $13.50, dado a que a los docentes no les aplicaría el aumento al salario mínimo federal, por la universidad ser exenta.

La ayudante ejecutiva, además, informó que el Plan de Clasificación y Retribución concluyó recientemente y se encuentran esperando a que en los próximos días se eleve a la Junta de Supervisión Fiscal. Mientras, en torno al convenio al que la León Martínez hizo referencia, la administración universitaria aún aguarda un pronunciamiento de la Junta.

A pesar del acuerdo pactado con los trabajadores, la administración universitaria no actuará hasta recibir las instrucciones pertinentes. “Con relación al convenio, se aprobó una disposición de lo que se llama una estipulación económica. La Junta aprobó que se diera un pago no recurrente que fue parte de ese nuevo convenio y estamos en espera de la respuesta de la Junta de Control Fiscal con relación a ese convenio que se sometió. Estamos siendo prudentes (por) si ese convenio va a venir con cambios o sugerencias, por lo que obviamente nosotros nos tenemos que ceñir al convenio previo que, aunque es el que vamos a decir ya terminó, pero es el que prevalece en lo que recibimos esa aprobación”, admitió Cruz.

La aprobación del nuevo Plan y el convenio se estima que se logrará al final de este mes.

La asistente ejecutiva confirmó que la administración universitaria se reunirá con el presidente de la HEEND este lunes, 12 de agosto. Pero tras no recibir la respuesta deseada, Leon Martínez afirmó que la Hermandad ya había comenzado un proceso de querellas y de todas las alternativas que encuentren necesarias.

Sin embargo, el ejecutivo de la HEEND no confirmó a este medio alguna fecha estimada o programada para un llamado de acción o una manifestación dado a que esperarán a que toda la facultad regrese de vacaciones como el cumplimiento de una reunión con la Junta de Gobierno de la UPR, liderada por la doctora Mayda Velasco, y de directores, para discutir alternativas legales. La reunión está programada para el próximo martes, 13 de agosto.

“En cuanto al Plan de Clasificación y Retribución, la administración universitaria ha acogido una recomendación que dieron los técnicos que lo trabajaron y lo presentaron a la Junta de Gobierno. (….) Ellos (los técnicos) decidieron no tocarlo, y sabemos, confidencias, de que Mayra Velasco pidió a los técnicos que se hiciera a base de $10.50, lo que a nosotros resulta ridículo. Y sabemos que a los técnicos que lo trabajaron le dijeron que el Plan se había trabajado con un salario más alto que $10.50″, reclamó.

Según León Martínez, la Junta de Gobierno permitió que los técnicos tomaran la decisión sobre la espera para elaborar un nuevo plan para los docentes. Sin embargo, la administración universitaria le indicó a este medio que han acogido la petición de la Hermandad y ” harán el debido proceso de evaluación”, en reconocimiento de que la UPR está fuera del requisito de aumento salarial federal.

“Yo de la manera en que lo veo, tenemos dos oportunidades y ambas las veo positivas. Que pudiéramos lograr honrar lo de los $10.50 o por otro lado que se apruebe el Plan de Clasificación y Retribución que ya reconocemos que en las recomendaciones el mínimo excede los $10.50. Son dos escenarios que tenemos pero ambos escenarios dependen de la aprobación de los fondos de la Junta de Supervisión Fiscal, o sea la Universidad de Puerto Rico, en su presupuesto eso no está considerado. Así que dependemos que la Junta lo apruebe y que nos asigne los fondos como fue cuando fue los 9.50″, culminó Cruz.

“La Junta de Gobierno debe atender esto, ya la Junta de Control Fiscal se expresó en el país de que se tiene que trabajar las agencias, los Planes de Clasificación y Retribución y que cualquier aumento que haya la Junta de Control Fiscal tiene que proveer presupuesto para el mismo. El que la Junta de Gobierno retenga esto y no lo envié a la Junta de Control Fiscal lo que ya se trabajó y la recomendación de la administración universitaria nos parece muy peligroso”, concluyó.

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Cada final de cuatrienio se repite la historia y en esta ocasión hasta en la Oficina del Gobernador en Fortaleza. Se trata de la apertura de plazas de carrera para acomodar al personal de confianza de la administración por salir. Esta mañana, Bonita Radio reveló el movimiento a nivel de recursos humanos.

Ante esto, la doctora Palmira Ríos, exdirectora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, señaló que “está en juego el principio del mérito en el servicio público”.

Durante una entrevista con Metro Puerto Rico, Ríos abordó la preocupante práctica de “atornillar” empleados de confianza en sus cargos antes de un cambio de administración, una táctica que, según ella, pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de un buen gobierno.

“La Ley Electoral de Puerto Rico impone limitaciones claras en las acciones que puede tomar el gobierno durante el periodo electoral. Estas restricciones buscan evitar que se realicen nombramientos, ascensos o cambios en las condiciones de empleo que no estén basados en el mérito, sino en criterios políticos”, explicó Ríos. La académica subrayó que estas medidas son cruciales para preservar la integridad y la eficiencia del servicio público.

Este análisis ante 18 nuevas convocatorias internas para la Oficina del Gobernador, publicadas en la página web de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OARTH), ha generado preocupaciones sobre la posible politización del servicio público.

La periodista Carmen Enid Acevedo, de Bonita Radio, cuestionó estas convocatorias, que incluyen puestos como Gerente de Proyectos, Ilustrador Gráfico Computadorizado y Trabajador de Mantenimiento, entre otros. Según Acevedo, todas las convocatorias establecen un periodo probatorio de tres meses, lo que significa que, si las plazas son adjudicadas el 1 de septiembre, el periodo probatorio coincidiría con el año electoral, a pesar de que no se supone que se realicen transacciones de personal durante este periodo.

Entre las plazas abiertas para ser ocupadas por personal de la Oficina del Gobernador se encuentran puestos como Coordinadores de Eventos, Ayuda al Ciudadano, Conservación y Mantenimiento, Trabajador de Mantenimiento, Gerente de Gerencia de Proyectos, Ilustrador Gráfico y Supervisor de Archivo y Correspondencia. Los salarios en estas convocatorias oscilan desde los $18,000 hasta los $91,000 anuales, lo que ha levantado aún más sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de estos movimientos.

Además, se publican estas posiciones en un momento crítico, antes de que la ley electoral prohíba transacciones de personal. Esta coincidencia ha sido vista por muchos como un intento de atornillar a empleados que han sido leales al partido en el poder, sin importar si cumplen o no con los criterios de mérito establecidos por la ley.

En este contexto, Ríos señaló que “está en juego el principio del mérito en el servicio público,” una situación que describió como particularmente crítica en los periodos de transición gubernamental. Según ella, es en estos momentos cuando las presiones políticas pueden llevar a que se relajen los criterios de selección, permitiendo que personas que no cumplen plenamente con los requisitos para sus cargos sean nombradas o ascendidas de manera apresurada.

La Dra. Ríos también alertó sobre las posibles consecuencias de esta politización del servicio público, que podría derivar en una disminución de la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. “Todo el mundo paga con esta politización del servicio público,” afirmó, aludiendo a la percepción generalizada de que los servicios públicos han visto una reducción en su calidad debido a nombramientos basados en criterios políticos en lugar de méritos.

Además, Ríos enfatizó la importancia de una fiscalización rigurosa y constante para asegurar que los procesos de selección y promoción en el sector público respeten el principio del mérito, advirtiendo que la prisa por realizar nombramientos antes de un cambio de administración podría conducir a un deterioro aún mayor en la eficiencia y la transparencia del gobierno.

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La presidenta del comité municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en San Juan y candidata a alcaldesa, Terestella González Denton, atendió este miércoles a la prensa a bordo de un vehículo similar a los usados en la transportación pública, para presentar su Propuesta de Movilidad y Transportación.

González Denton comunicó los resultados de un grupo de trabajo designado por su campaña, donde se identificaron los retos del transporte público y las posibles soluciones, que beneficiarán a San Juan y Guaynabo.

“Los problemas que enfrentamos en San Juan de movilidad, interconectividad y transportación ocasionan dificultades a nuestra gente y visitantes para desplazarse de manera eficiente, segura y accesible. San Juan esta así porque el sistema actual es arcaico, frágil y poco confiable. Tenemos problemas de interconectividad, y la ciudadanía no cuenta con la información de los servicios, sea por falta de tecnología y rotulación adecuada”, dijo la aspirante a liderar la capital.

Explicó que la situación se agrava por la congestión vehicular y la falta de infraestructura adecuada y mal estado de calles, carreteras, aceras y paradas. De igual manera, que hay problemas de drenaje, manejo de aguas estancadas y poco acceso para personas con impedimentos.

“Hay una falta de visión, de compromiso y capacidad del incumbente Miguel Romero. Desde sus inicios, el sistema de transporte público municipal siempre estuvo administrado por empresas municipales. Este departamento le daba una visión integral, incluyendo también el desarrollo económico y turístico, pero la presente administración tiene la transportación pública bajo ‘Asuntos Urbanísticos’, que incluye desde vivienda, operaciones y ornato, hasta desarrollo de proyectos, disposición de desperdicios sólidos y hasta la flota municipal. La ciudadanía se asombra cuando se entera se que ‘Asuntos Urbanísticos’ cuenta con una asignación de $80.6 millones anuales y asigna solamente $1 millón al área de transportación. Peor aún, de ese millón, se reflejan gastos de $992,504 para cubrir nómina y contratos. En síntesis, es un absurdo que no funciona”, señaló la candidata popular a San Juan.

González Denton además emplazó al alcalde a que informe a los sanjuaneros cómo ha usado los fondos de la Administración Federal de Tránsito (FTA, por sus siglas en inglés). Asimismo, cómo han gerenciado los fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), si los han solicitado.

“Nos proponemos realizar un estudio actualizado de la infraestructura urbana, para trabajar con las comunidades y comerciantes la Propuesta de Movilización y Transportación. Además, proponemos la iniciativa ‘San Juan se Mueve’, para lograr la integración de los servicios de taxis, Uber, guaguas municipales y de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), ‘trolleys’, pisa y corre y Tren Urbano (TU)”, expuso.

González Denton presentó además la creación del Centro Integral Metropolitano (CIM), uno en cada precinto, donde se ofrecerán diversos servicios municipales, para llevar el gobierno a la gente en Santurce (Precinto 1), Gándara (Precinto 2), Río Piedras (Precinto 3), Centro Médico (Precinto 4), Caimito (Precinto 5).

Allí se ofrecerán servicios al ciudadano (como vacunaciones), al empresario (como pago de patentes y asesoramiento) y a las comunidades (gestoría para atender situaciones comunitarias, desde notificación de focos fundidos hasta obras de infraestructura). Adicional, la creación de la CIM Card, que funcionará para que el proceso de pago del transporte sea eficiente, sin necesidad de contacto, sin que medie tarjeta de crédito o dinero en efectivo.

El servicio de transporte tendrá una tarifa de bajo costo para estudiantes, madres jefas de familia, personas con discapacidad y de la tercera edad. La CIM Card se adquirirá en cada Centro Integral Metropolitana.

El fin es promover la “modernización de la flota, la frecuencia y puntualidad de los servicios de transporte público, que los carriles exclusivos mejoren los tiempos de espera, reducir tiempos de viaje, garantizar la conexión de la ciudad para promover la economía, que tengan acceso a servicios básicos municipales y crear empleos”. Sobre la inclusión social, que se garantice accesibilidad y el acceso y movilidad universal.

“Por otro lado, venimos con la conectividad y accesibilidad para: (1) asegurarnos que todas las áreas de San Juan estén interconectadas; (2) implementar tecnologías de información en tiempo real para el monitoreo y
gestión del tráfico; y (3) desarrollar infraestructura para peatones, garantizando aceras seguras y accesibles para personas con discapacidades”, abundó González Denton.

Con las propuestas coincidió el candidato popular a la alcaldía de Guaynabo, Ernesto Cabrera Fuentes, quien señaló que “tanto Terestella como este servidor, venimos de tener la experiencia tanto del servicio público, como de la empresa privada, y estamos convencidos que nuestras ciudades deben integrarse y maximizar recursos. Hoy hablamos de San Juan y Guaynabo, pero estas ideas aplican a toda la zona metropolitana. Hoy sostenemos que nuestras ciudades merecen más de lo que tienen hoy”.

“¿Como lo vamos a lograr todo esto? Con el diagnóstico y evaluación inicial que identifique las principales áreas de mejora y oportunidades de desarrollo. Con el desarrollo de proyectos piloto para evaluarla efectividad de las nuevas iniciativas de transporte. Con inversión en infraestructura a través de fondos municipales, financiamiento y alianzas público-privadas. Con campañas de concienciación y educación sobre los beneficios del uso de transporte sostenible y el respeto a las normas de tránsito, fomentando a su vez una cultura de movilidad segura y responsable entre todos los usuarios de la vía pública”, finalizó González Denton.

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Agentes adscritos a la sección de Personas Desaparecidas del CIC de San Juan, buscan dar con el paradero de un hombre que desapareció en el mes de diciembre del año 2023, en la calle 3 de la urbanización La Riviera del mencionado municipio.

Christian Carlos Colón Rivera, de 23 años, fue reportado desaparecido por su padre Carlos Colón Colón y descrito como de tez trigueña, 5 pies y 9 pulgadas de estatura, 120 libras de peso, ojos marrones y cabello negro.

Se desconoce el tipo de vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Si usted tiene información sobre el paradero de esta persona que ayude a la Policía, comuníquese con la Línea CONFIDENCIAL del Negociado de la Policía al (787)343-2020 o la oficina del Coordinador de Persona Desaparecida de la Superintendencia Auxiliar Criminales (SAIC) al (787)793-1234 ext. 2464 o 2465.

Su llamada será tratada con estricta confidencialidad.

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