Cada final de cuatrienio se repite la historia y en esta ocasión hasta en la Oficina del Gobernador en Fortaleza. Se trata de la apertura de plazas de carrera para acomodar al personal de confianza de la administración por salir. Esta mañana, Bonita Radio reveló el movimiento a nivel de recursos humanos.
Ante esto, la doctora Palmira Ríos, exdirectora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, señaló que “está en juego el principio del mérito en el servicio público”.
Durante una entrevista con Metro Puerto Rico, Ríos abordó la preocupante práctica de “atornillar” empleados de confianza en sus cargos antes de un cambio de administración, una táctica que, según ella, pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de un buen gobierno.
“La Ley Electoral de Puerto Rico impone limitaciones claras en las acciones que puede tomar el gobierno durante el periodo electoral. Estas restricciones buscan evitar que se realicen nombramientos, ascensos o cambios en las condiciones de empleo que no estén basados en el mérito, sino en criterios políticos”, explicó Ríos. La académica subrayó que estas medidas son cruciales para preservar la integridad y la eficiencia del servicio público.
Este análisis ante 18 nuevas convocatorias internas para la Oficina del Gobernador, publicadas en la página web de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OARTH), ha generado preocupaciones sobre la posible politización del servicio público.
La periodista Carmen Enid Acevedo, de Bonita Radio, cuestionó estas convocatorias, que incluyen puestos como Gerente de Proyectos, Ilustrador Gráfico Computadorizado y Trabajador de Mantenimiento, entre otros. Según Acevedo, todas las convocatorias establecen un periodo probatorio de tres meses, lo que significa que, si las plazas son adjudicadas el 1 de septiembre, el periodo probatorio coincidiría con el año electoral, a pesar de que no se supone que se realicen transacciones de personal durante este periodo.
Entre las plazas abiertas para ser ocupadas por personal de la Oficina del Gobernador se encuentran puestos como Coordinadores de Eventos, Ayuda al Ciudadano, Conservación y Mantenimiento, Trabajador de Mantenimiento, Gerente de Gerencia de Proyectos, Ilustrador Gráfico y Supervisor de Archivo y Correspondencia. Los salarios en estas convocatorias oscilan desde los $18,000 hasta los $91,000 anuales, lo que ha levantado aún más sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de estos movimientos.
Además, se publican estas posiciones en un momento crítico, antes de que la ley electoral prohíba transacciones de personal. Esta coincidencia ha sido vista por muchos como un intento de atornillar a empleados que han sido leales al partido en el poder, sin importar si cumplen o no con los criterios de mérito establecidos por la ley.
En este contexto, Ríos señaló que “está en juego el principio del mérito en el servicio público,” una situación que describió como particularmente crítica en los periodos de transición gubernamental. Según ella, es en estos momentos cuando las presiones políticas pueden llevar a que se relajen los criterios de selección, permitiendo que personas que no cumplen plenamente con los requisitos para sus cargos sean nombradas o ascendidas de manera apresurada.
La Dra. Ríos también alertó sobre las posibles consecuencias de esta politización del servicio público, que podría derivar en una disminución de la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. “Todo el mundo paga con esta politización del servicio público,” afirmó, aludiendo a la percepción generalizada de que los servicios públicos han visto una reducción en su calidad debido a nombramientos basados en criterios políticos en lugar de méritos.
Además, Ríos enfatizó la importancia de una fiscalización rigurosa y constante para asegurar que los procesos de selección y promoción en el sector público respeten el principio del mérito, advirtiendo que la prisa por realizar nombramientos antes de un cambio de administración podría conducir a un deterioro aún mayor en la eficiencia y la transparencia del gobierno.
