Según los datos del Censo, el 42 % de las personas que residen en Puerto Rico vive en pobreza. Sobre 50 % de las familias viven en la pobreza. Sobre el 70 % de madres solteras jefas de familia viven en la pobreza. Esto es alarmante e inaceptable. Significa que casi la mitad de la población carece de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. A las familias, especialmente a las de madres solteras, no les da para vivir. No podemos quedarnos cruzados de brazos.

La Ley 47-2021 dispone para un módico aumento al salario mínimo de $9.50 a $10.50 la hora, desde julio de 2024. El salario mínimo actual ($9.50) equivale un salario anual de $19,760 lo que está por debajo del umbral de pobreza. Según esta Ley, es política pública “adecuar el salario mínimo al costo de vida” para que “ningún trabajador o trabajadora esté bajo el nivel de pobreza”. Por lo tanto, lo mínimo que se quiere lograr es sacar a las familias de la pobreza.

Existe una insensible campaña empresarial y patronal en contra del aumento al salario mínimo, cuando lo cierto es que las familias trabajadoras —el motor que mueve la economía— estuvieron alrededor de 25 años (desde la eliminación de la Junta de Salario Mínimo en el 1998) con una sola revisión salarial que ocurrió cuando se aumentó de $5.15 a $7.25. Según el informe de la firma Abexus Analytics (requerido por la Ley y comisionado por la Comisión de Salario Mínimo), los salarios mínimos vigentes en PR durante los 70′ a 80′ equivaldrían entre $12.00 y $13.20 ahora. Además, que los indicadores actuales de la economía demuestran un comportamiento positivo, lo que ofrece el escenario apropiado para darle paso al módico aumento al salario mínimo.

Finalmente, le recordamos al Secretario del Trabajo que según la Ley que creó el Departamento del Trabajo, es su deber “patrocinar, alentar y desarrollar los intereses y el bienestar de los trabajadores[…], laborar por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y promover sus oportunidades para obtener empleos lucrativos”. ¡Sí al aumento al salario mínimo!

Más columnas de Rosa Seguí:

• Puerto Rico atraviesa una bancarrota moral
• Nuestro futuro ante la crisis climática
• Esencia, Cabo Rojo: ¿Vivienda para quiénes?

Source link

En Puerto Rico, se presume que una menor de 15 años o menos no tiene la capacidad para consentir a tener relaciones sexuales. Es por esto que el Código Penal dispone que constituye una agresión sexual contra esa menor cualquier relación sexual con ella, aun cuando esta haya prestado su consentimiento. Se exime de dicha responsabilidad al varón, si la diferencia entre la menor y el varón es de 4 años o menos. Así que, toda menor de 15 años o menos que esté embarazada se presume que ha sido víctima de agresión sexual.

El 22 de febrero de 2024, el Departamento de Justicia le rindió un informe a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico (Comisión), presidida por la senadora Joanne Rodríguez Veve, con los resultados de sus hallazgos, luego de investigar 67 casos de menores de 15 años o menos a quienes las clínicas de aborto le practicaron un aborto entre el 2018 al 2022. Esta investigación surge como referido de la propia Comisión a la luz de información recibida como parte de su análisis del P del S 495.

De los 67 casos de menores de 15 años o menos embarazadas a quienes le practicaron un aborto y que, según la ley, debieron ser referidos para investigación por sospecha de abuso sexual, solo una clínica hizo tres referidos. 64 casos no fueron referidos a las autoridades para investigar esta sospecha de agresión sexual. A su vez, del informe rendido por el Departamento de Justicia a la Comisión surge que 36 de los 67 casos la menor fue acompañada con su madre, o madre y padre. En 30 de los casos, del expediente de la clínica de aborto o de la entrevista a la menor, no surge si esta fue acompañada o fue sola a realizarse un aborto. En un solo expediente surge específicamente que la menor fue sola.

Dos niñas de las 67 identificadas por el Departamento de Justicia, resultaron ser víctimas de agresión sexual. En 32 de los 65 casos en que se descartó agresión sexual, el embarazo se produjo entre menores de edad. Es decir, tanto la niña como el niño eran menores de 16 años. En 22 casos se trató de niñas de 14 o 15 años que sostuvieron relaciones sexuales con varones de 18 a diecinueve 19 años. Es decir, estas menores quedaron embarazadas de personas cuya diferencia de edad con ellas era igual o menor de cuatro años. En ocho casos las menores quedaron embarazadas como producto de una relación con una persona cuya diferencia de edad excedía los cuatro años.

Como resultado de este Informe, y de la evidencia recopilada por la Comisión, se llevó a cabo una evaluación exhaustiva del P del S 495, atemperando su marco de acción a procurar brindar una protección inmediata a las menores de quince 15 años. A su vez, busca que al menos uno de los padres de estas menores preste su consentimiento informado al aborto, con la excepción de los casos de incesto. Esto último debe ser así, pues si presumimos que la menor no tiene capacidad para consentir a una relación sexual, como vamos a pretender que esta menor, sin la intervención de los padres, este capacitada para tomar una determinación irreversible y con las posibles consecuencia físicas y emocionales que acarrea. Por consiguiente, sí, existe un problema grave en Puerto Rico de niñas de 15 años o menos que viven bajo sospecha de agresión sexual y acuden a las clínicas de aborto. Esta situación es una puerta abierta para que violadores lleven menores a abortar para encubrir el delito y quedar impunes. Por lo que es necesario implementar el protocolo que propone el P del S 495.

Este protocolo establece: (1) que en todo caso donde se vaya a realizar un aborto de una menor de 15 años o menos bajo sospecha de agresión sexual, el médico tiene que hacer un referido al Departamento de la Familia; (2) como norma general, antes de la realización del aborto, se requerirá el consentimiento de al menos unos de los padres de la menor de 15 años o menos; (3) como excepción a la norma general, en aquellos casos donde la menor alegue que su embarazo es consecuencia de una violación por parte de su propio progenitor o tutor legal, no se le exigirá el consentimiento de al menos uno de sus padres; (4) no se le denegará el aborto si cumple con los requisitos del Código Penal para ello, pero el médico, la clínica o el hospital tendrán que llevar a cabo un custodia de emergencia hasta que el Departamento de la Familia intervenga para asegurar que esa menor no regrese a la casa donde está el violador ni vaya a otro lugar inseguro.

Así que, aquellos que se han dedicado a hablar públicamente o a hacer expresiones relacionadas a que en Puerto Rico no existe un problema con relación al aborto en menores de 15 años o menos, o que las clínicas llevan a cabo estos procesos de conformidad con la ley, y protegiendo a las menores, la evidencia clara y contundente apunta en la dirección contraria. Es necesario aprobar el P del S 495, el cual ya fue refrendado por el Senado y se encuentra ante la Cámara de Representantes para su evaluación y aprobación. Si queremos proteger a las menores de 15 años o menos de la agresión sexual que puedan estar sufriendo, aprobar el P del S 495 es una herramienta importante para lograrlo. ¡Adelante, con fe!

Más columnas de Juan Manuel Frontera:

• Una crisis de liderato eficiente
• Vísteme despacio…
• Las primarias de los famosos

Source link

La crisis que atraviesa Puerto Rico en servicios esenciales es una situación que merece atención inmediata y el enfoque de todo el andamiaje gubernamental. Por las pasadas semanas hemos sido víctimas de un servicio eléctrico deficiente que afecta no solo la calidad de vida de cientos de miles, sino que impacta negativamente el desarrollo económico de nuestro país.

A este problema, se le une el pobre acceso de nuestra gente a un recurso esencial para vivir; el agua potable. Durante los pasados días, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, levantó nuevamente su voz para exigirle al Gobierno acción inmediata ante el problema de agua potable que enfrentan constantemente los moroveños.

El que constantemente los medios de comunicación estén reseñando los reclamos de los alcaldes y la ciudadanía sobre problemas de acceso a la electricidad y al agua potable es insostenible e inaceptable. Es un retrato de la crisis de servicios esenciales que vivimos y una de las causas de la enorme emigración que vive Puerto Rico. Además demuestra que el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) no tiene la sensibilidad necesaria para atender las necesidades de nuestra gente y los municipios.

Los esfuerzos gubernamentales para atender esta situación, hasta ahora, han sido insuficientes y muchas veces tardíos. Por los pasados siete años el PNP nos ha sometido a un gobierno silente y cómplice cuando de exigir servicios a su gente se trata. El país ha sido víctima de la falta de fiscalización del gobierno al contrato de LUMA y la falta de planificación efectiva por parte de la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) para el suplido de agua potable. No podemos seguir a merced de un gobierno que no prioriza la necesidad de sus ciudadanos.

Puerto Rico necesita y merece un sistema eléctrico confiable y eficiente; y estabilidad y acceso al agua potable. Nadie pide varitas mágicas para solucionar los problemas; lo que pedimos es un gobierno que sienta y padezca la necesidad de aquellos que no tienen acceso a los servicios que se supone su gobierno le garantice. Un gobierno que se ponga en nuestros zapatos.

Más columnas por Jesús Manuel Ortiz:

• El deber supremo
• Impulsar, transformar y desarrollar
• El país de rehén

Source link

A mediados del siglo pasado el servicio público puertorriqueño logró la electrificación del archipiélago, al adquirir paulatinamente las empresas privadas de energía, en un esfuerzo enlazado con la construcción de embalses y canales de riego. Así nació nuestra primera corporación pública, la Autoridad de Fuentes Fluviales, luego Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Como conocemos, el desenlace no fue feliz. La politización rojiazul, la burocracia inútil y la incapacidad administrativa alcanzaron tal nivel que llevaron a la quiebra el monopolio de un servicio esencial.

El remedio impuesto por la Junta de Control Fiscal ha resultado peor que la enfermedad. LUMA y sus ejecutivos con salarios de seis cifras han condenado al país a la oscuridad, y mientras deciden si el bendito transformador llega a Santa Isabel por tierra o por mar, se acumulan pérdidas millonarias y angustias incontables. El consenso, sin duda, es que Luma no merece otra oportunidad, y que tampoco queremos revivir los desatinos de la AEE. ¿A dónde dirigirnos entonces?

El representante Denis Márquez y quien suscribe hemos presentado una propuesta de diálogo y racionalidad: la designación por la Asamblea Legislativa de un Comité Especial para la Recuperación del Sistema Energético del Pueblo de Puerto Rico. En este, personas conocedoras del tema energético, de administración pública y de derecho iniciarán el diseño de una nueva corporación pública que opere en atención a la necesidad de transición a renovables, que responda al principio del mérito en el empleo público y que esté sujeta a una rigurosa rendición de cuentas. Proponemos que colaboren docentes del sistema UPR especializados en energía, representantes del interés público en la AEE, organizaciones comunitarias dedicadas a asuntos energéticos y de crisis climática, economistas, administradores y representación de los trabajadores con conocimiento de la infraestructura eléctrica del país.

Hacemos este llamado a la Decimonovena Asamblea Legislativa que concluirá sus funciones en medio de una crisis energética que —salvo la experiencia inmediata luego del Huracán María— no tiene precedente en Puerto Rico, y que por lo tanto, tiene una responsabilidad única con el futuro. El servicio público logró hace un siglo lo que la privatización impuesta por la Junta de Control no ha logrado recuperar. Es momento de emprender otro rumbo.

Más columnas por otros miembros del PIP:

• Pa’ atrás ni pa’ coger impulso
• Que vivan las y los graduandos
• 24 niñas y niños excepcionales

Source link

La decisión del presidente Joe Biden de cerrar la frontera a la mayoría de los inmigrantes que buscan asilo envió una señal importante sobre lo que él y sus principales asesores consideran su mayor problema en la carrera presidencial. Y no es oposición de la izquierda.

Ese es un punto crítico porque gran parte de la cobertura de noticias presta una atención desproporcionada a los progresistas que atacan a Biden.

Hay que recordar que cuando Biden se postuló para la nominación demócrata en el 2020, era el candidato moderado que se enfrentaba a varios candidatos a su izquierda, incluidos entre estos los senadores Elizabeth Warren de Massachusetts y Bernie Sanders de Vermont. Así que es natural que la gente piense en el ala más liberal del partido como el centro de su oposición.

Además, Biden ha perdido terreno entre los jóvenes, especialmente entre los votantes negros y latinos. Mucha gente piensa incorrectamente que esos grupos son mayoritariamente de izquierda. De hecho, la mayoría de los votantes negros y latinos se identifican como moderados.

Los defensores de la izquierda participan en acciones de alta visibilidad que atraen la atención: manifestaciones universitarias por la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, por ejemplo, o activistas climáticos que protestan por la aprobación de Biden de algunos proyectos de combustibles fósiles. Los activistas tienen fuertes incentivos para decir que si Biden aceptara sus problemas, su situación, especialmente con los votantes más jóvenes, mejoraría. Las noticias a menudo repiten esas afirmaciones sin mucho escepticismo.

Sin embargo, encuesta tras encuesta ha demostrado que Biden se ha aferrado al apoyo de la gran mayoría de los votantes que se identifican como liberales o muy liberales. Es entre los que se identifican como moderados que ha sufrido serios descensos, y la orden de inmigración proporciona más evidencia de que el presidente está dispuesto a arriesgarse a una disidencia significativa dentro de su partido para atraer de nuevo a esos votantes.

La inmigración proporciona un ejemplo perfecto de lo que los politólogos llaman la naturaleza termostática de la opinión pública, una forma elegante de decir que el público a menudo reacciona contra los excesos de cualquier partido que ocupe la Casa Blanca. Durante los años de Donald Trump, el público rechazó enérgicamente sus políticas restrictivas de inmigración. La separación de niños de sus familias en la frontera por parte de Trump fue una de las acciones que más le afectaron políticamente durante su presidencia. La reacción contra Trump llevó a un aumento en el apoyo a los inmigrantes legales e ilegales.

Ese aumento en el sentimiento pro-inmigrante influyó fuertemente en la carrera primaria demócrata en 2020. Los llamados a “abolir el ICE” o despenalizar la frontera eran comunes.

Biden nunca abrazó esos eslóganes, pero los reclamos en cuanto al tema de la inmigración ayudaron a dar forma al primer año de su administración, en el que revocó varias de las órdenes de inmigración de Trump, y los funcionarios de la administración enfatizaron los esfuerzos para abordar lo que denominaron las “causas fundamentales” de la migración, especialmente desde Centroamérica.

Esas medidas en materia de inmigración fueron parte del esfuerzo en gran medida exitoso de Biden para mantener la unidad en las filas demócratas forjando acuerdos políticos con Bernie Sanders y otros líderes de la izquierda del partido. Sin embargo, a medida que los cruces fronterizos se dispararon a niveles récord, la opinión pública comenzó a retroceder rápidamente.

Hoy, la proporción de adultos estadounidenses que están a favor de permitir que los inmigrantes indocumentados permanezcan en Estados Unidos se ha reducido drásticamente. Los votantes republicanos e independientes se han desplazado sobre todo hacia la derecha en estos asuntos— los temas de inmigración son una prioridad mucho mayor para los votantes republicanos que para otros. Incluso entre los demócratas, la opinión se ha movido.

La percepción de caos en la frontera ha lacerado la opinión pública sobre el desempeño de Biden. La crisis fronteriza se ha convertido en un elemento primordial del esfuerzo de Trump por persuadir a los votantes de que él, y no Biden, es el candidato de la estabilidad.

El plan de Biden tiene como objetivo el asilo, el derecho legal adoptado después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a las personas que huyen de la persecución.

En teoría, el proceso es sencillo: una persona que huye de su país de origen puede llegar a la frontera de Estados Unidos, presentarse ante un oficial fronterizo, declarar que teme ser perseguido en su país y se le otorga derecho a una vista. Si su solicitud de asilo se considera creíble, pueden permanecer legalmente en los Estados Unidos. De lo contrario, pueden ser deportados.

En la práctica, el abuso del sistema es patente. Según cifras oficiales publicadas, en el 2006, los tribunales de inmigración tenían una carga de trabajo pendiente de aproximadamente 170,000 casos de asilo. Para el año pasado, ese número había aumentado a casi 2.5 millones. El número de casos se duplicó con creces durante los cuatro años de Trump en el cargo y se ha duplicado nuevamente en lo que va del mandato de Biden. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos tiene ahora una acumulación de más de un millón de casos de asilo. La espera para una audiencia dura años.

El año pasado, Biden se separó de la izquierda al respaldar un proyecto de ley de inmigración bipartidista en el Senado que habría restringido significativamente los derechos de asilo. Biden lo apoyó a pesar de la apasionada oposición de los defensores de los inmigrantes. Además de limitar las solicitudes de asilo, el proyecto de ley del Senado habría agregado millones de dólares para contratar más oficiales de la patrulla fronteriza, jueces de inmigración y oficiales para administrar las vistas en un esfuerzo por resolver el retraso y crear un sistema en el que las solicitudes de asilo pudieran adjudicarse rápidamente. El proyecto de ley, sin embargo, finalmente fracasó después de que Trump les dijera a los republicanos que se opusieran.

La Orden Ejecutiva que Biden emitió recientemente copió algunas de las disposiciones de ese proyecto de ley, pero sin los recursos financieros adicionales, que solo pueden ser proporcionados por el Congreso. El objetivo de la misma, según Biden, es cerrar las nuevas entradas hasta que el “número de personas que intentan ingresar legalmente se reduzca a un nivel que nuestro sistema pueda manejar de manera efectiva”.

La orden de Biden enfrenta desafíos legales de la ACLU y otros grupos de defensa de los inmigrantes. Si sobrevive al escrutinio de los tribunales, es posible que no tenga el impacto que Biden espera. E incluso si lo hace, algunos estrategas demócratas se muestran escépticos de que muchos votantes le den crédito a Biden.

Pero, como mínimo, la medida le da a la administración algo que puede incluir como parte de su carta de presentación ante el electorado de cara a la elección de noviembre —un plan de acción para lidiar con un problema que ocupa un lugar destacado en la agenda de muchos votantes, especialmente en importantes estados indecisos como Arizona y Nevada.

El mejor escenario para el presidente es que la orden le de a su campaña una oportunidad para desviar el debate hacia qué plan prefieren los votantes: el de Biden o el de Trump.

El plan de Trump, que ha promocionado en repetidas ocasiones, se centra en un esfuerzo masivo para deportar a los más de 10 millones de inmigrantes que actualmente se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal. Esa idea ha ganado terreno entre los republicanos: más de 6 de cada 10, según una reciente encuesta. Sin embargo, entre el público en general, la idea de Trump recibe es rechazada enfáticamente por una proporción de 6 a 4. Cuanto más pueda Biden cambiar el debate sobre la inmigración para centrarse en la comparación del Plan Trump vs Plan Biden, mejor le irá. Si funciona, echarse en contra a los defensores de la izquierda habrá sido un pequeño precio a pagar.

Más columnas de Alejandro Figueroa:

• La convicción de Trump y las elecciones
• Un patrón que la define
• La comisionada ausente

Source link

Pese a que los principales bancos de sangre en Puerto Rico introdujeron las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) para actualizar los cuestionarios de donaciones de sangre, persisten denuncias de discrimen hacia las comunidades lésbica, gay, bisexual, trans, queer, intersexual y asexual (LGBTQIA+), particularmente hombres gay o bisexuales.

La FDA anunció en mayo de 2023 que concretó guías para evaluar riesgo individual antes de donar sangre, incluyendo la revisión de los cuestionarios para eliminar preguntas con alusiones a géneros u orientaciones sexuales. Esta tarea estuvo a cargo de la Asociación para el Avance de la Sangre y las Bioterapias.

Ahora, en vez de usar categorías como “hombres que tienen sexo con hombres” (HSH), las preguntas van dirigidas a conocer si una persona, independientemente de su género u orientación, tuvo contacto sexual (vaginal, oral o anal) en los últimos tres meses con una “pareja nueva” o con múltiples parejas.

La gerente del Banco de Sangre de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Ada Justiniano Soto, confirmó que en enero de este año incluyeron las preguntas actualizadas a su formulario, mientras que el doctor Gerardo Latoni, director médico de Servicios Mutuos, Inc., indicó que en noviembre de 2023 lanzaron el cuestionario enmendado con las recomendaciones federales.

“Si tienes una pareja estable y eres de la comunidad [LGBTQIA+], puedes donar. Anteriormente eran tres meses [que] se te disponía que no podías donar. Ahora puedes donar, siempre y cuando cumplas con todos los demás requisitos. Nunca se juzga por ser de la comunidad”, sostuvo Justiniano Soto en entrevista con Metro Puerto Rico. (Los requisitos básicos para las donaciones de sangre son tener, al menos, 18 años, pesar más de 110 libras y estar saludable al momento de donar).

Ambos contaron, por separado, que enmendar el cuestionario conllevó meses para ajustar sistemas de información, adiestrar personal de enfermería, adaptar formularios y corregir materiales educativos, entre otros asuntos administrativos. También indicaron que la FDA revisa en las inspecciones anuales (o bienales) que el banco de sangre haya adaptado el cuestionario, aunque no es exigido por la agencia y queda a discreción del establecimiento si lo incluye. Los bancos de sangre que no adapten los cuestionarios no son multados ni se les revocan licencias, porque las guías actúan como recomendaciones que reflejan el “pensar actual” de la FDA.

Según el tablero de cumplimiento de la FDA, la última inspección del Banco de Sangre de ASEM se realizó en junio de 2023, mientras que la de Servicios Mutuos, Inc. fue en septiembre de ese mismo año.

Catalogan guías como “homofobia institucionalizada”

Desde 1983, entre la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), existía una guía para prohibir de por vida a los hombres gay y bisexuales donar sangre. En 2015, se flexibilizó la regla para que miembros de estas comunidades pudiesen donar si no habían tenido contacto sexual en un año, cuyo período fue acortado a tres meses en 2020 para ampliar la cantidad de donantes tras la escasez de productos de sangre a causa de la pandemia de COVID-19.

Pese a las nuevas enmiendas al cuestionario de historial del donante, las preguntas sobre historial sexual permanecieron para conocer riesgo de exposición a VIH/SIDA, pero aún reciben críticas de personas que ofrecen servicios de salud a las comunidades LGBTQIA+.

“¿Porque tenga múltiples parejas, eso te hace sospechoso? La mayoría de los contagios de VIH en nuestro país vienen por la pareja primaria, porque es la que tú confías”, criticó José Joaquín Mulinelli Rodríguez, director ejecutivo de la organización Coaí, Inc..

Según datos del Sistema de Vigilancia de VIH y SIDA de la División de Epidemiología del Departamento de Salud (DS), que registra casos acumulados desde al menos 1985, el porcentaje más alto de contagios entre adultos y adolescentes proviene de uso de drogas inyectables (40 %), seguido por contacto heterosexual (29 %) y, en tercer lugar, contacto sexual entre hombres (23 %).

No obstante, la FDA exhorta a no donar sangre si una persona toma PrEP o PEP, al igual que si es VIH positivo o ha tenido contacto sexual con alguien con el diagnóstico, entre otras excepciones abordadas en el material educativo que provee la agencia. “Estos medicamentos antirretrovirales (PrEP o PEP) no eliminan completamente el virus del cuerpo y la sangre donada aún puede transmitir la infección por VIH al receptor de una transfusión”, argumenta la FDA.

Por su parte, el director ejecutivo de la organización True Self Foundation, el doctor Miguel Vázquez Rivera, expresó que “las medidas de la FDA favorece que quiten estigmas, pero las sigue perpetuando al diferir por sexo anal”, dijo al tiempo que aclaró que, aunque el acto no es exclusivo de las comunidades LGBTQIA+, es común entre las poblaciones.

“Estamos acercándonos a lo que queremos, pero no estamos ahí todavía. El enfoque de la FDA debe ser en las conductas sexuales. Además del tipo de sexo que tengan [los donantes], la pregunta debe ser si se están protegiendo consistentemente. El porqué no nos enfocamos en eso, no me queda claro y me confunde. Hay un estigma bien grande en prácticas sexuales no tradicionales”, enfatizó.

El director de Coaí, Inc. planteó también que “el haber puesto este asunto de restringir poblaciones sigue creciendo duda de por qué la alerta de muestra”. Sostuvo que lo que le alarma del cuestionamiento “es si esa[s] pregunta[s] son medidores o indicadores para sesgar la sangre a un lado y descartarla por mi prejuicio o hacerle más pruebas por mi prejuicio”.

El oficial de Promociones del Banco de Sangre de ASEM, José R. Alonso Zayas, explicó que las preguntas del historial sexual se realizan como “capas de seguridad”.

“Yo puedo recolectar [sangre] y, aunque yo haga la prueba, si yo no tengo un precernimiento, podría estar gastando recursos para poder agilizar el proceso. Si yo no tuviese cernimiento y recolectara 100 pintas, yo tengo que verificar cuáles son las que realmente puedo utilizar. Pero si yo tengo un cernimiento previo, y ya yo sé [que] esta persona tuvo contacto sexual, pues se difiere por tres meses [y] ya en ese bache, de antemano, se descartaron algunas”, abundó.

“Es una manera de educar y realmente optimizar el proceso”, puntualizó, al confirmar que todas las pintas recolectadas, indistintamente, pasan por pruebas de detección de hepatitis B y C, sífilis y VIH.

Mulinelli Rodríguez, no obstante, manifestó que las preguntas “responde[n] a un asunto discriminatorio, a un asunto de prejuicio, un asunto muy subjetivo que no me dice nada”, que tildó de “homofobia institucionalizada”. Además, cuestionó el mecanismo de asegurar que el donante responda fidedignamente a las preguntas de su historial, puesto que si una persona evalúa las categorías, como HSH o “persona que se inyecta drogas”, y no se identifique, pese a que posiblemente incurra en estas acciones, va a proveer una respuesta inexacta.

Según Alonso Zayas, se le da un “voto de confianza” al donante de que contesta con la verdad durante las pruebas de cernimiento, cuyo proceso toma alrededor de cinco a 15 minutos.

Metro Puerto Rico también pidió expresiones a la FDA, pero remitieron al comunicado del año pasado, en el que el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, expresó que la agencia “ha trabajado diligentemente para evaluar nuestras políticas y garantizar que tengamos la evidencia científica para respaldar la evaluación de riesgos individuales para la elegibilidad de los donantes”.

Poca probabilidad de contagio por transfusión de sangre

Para conocer la viabilidad de un cambio en el período de diferimiento, la FDA financió el estudio “Evaluación de la variabilidad de los donantes y nuevos conceptos de elegibilidad”, que analizó posibles comportamientos y biomarcadores de riesgo a contraer VIH en HSH para estimar una proporción poblacional del estudio.

Los primeros hallazgos, publicados en abril de 2023, encontraron que, entre 1,562 personas sin VIH, 789 de ellos no estaban tomando PrEP y, de estos, el 66.2 % informó haber tenido solo una pareja sexual o no haber tenido sexo anal. Mientras, el 69 % indicó no haber tenido nuevas parejas sexuales ni haber tenido sexo anal con una nueva pareja en los últimos tres meses. Estos resultados identificaron a HSH sexualmente activos con conductas de bajo riesgo que pueden ser elegibles para donar sangre, por lo que respaldaron el cambio a una evaluación de riesgo individual para no diferir por tres meses al posible donante.

En comparación con Estados Unidos, otros 12 países — Austria, Portugal, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Malta, España, Alemania, Irlanda, Eslovenia y Suiza — adoptaron los cuestionarios de riesgo individual en 2021 o, similarmente, en 2023, identificó un informe de la Alianza Europea de Sangre (EBA, en inglés), una organización que representa los establecimientos de donación de sangre en 25 naciones de Europa.

Los períodos de diferimiento entre estas naciones varían entre tres, cuatro o 12 meses si la persona responde que tuvo contacto sexual con una pareja nueva o con más de una pareja y, en algunos, preguntan por sexo anal para conocer riesgo y diferirlo(a). Según el informe, Australia está en proceso de eliminar todo diferimiento por actividad sexual, o si usa PrEP, en donaciones de plasma por fraccionamiento, por lo que cualquier persona podría donar plasma sin informar historial sexual.

En cuanto a posibilidades de contagio a través de transfusiones de sangre y/o tejido, el último adulto diagnosticado con VIH por esta vía ocurrió en el 2001, mientras que el último reporte pediátrico ocurrió en 1991, confirmó la principal oficial de Epidemiología, Melissa Marzán Rodríguez. De SIDA, se han registrado 168 casos acumulados de exposición por trasplante de sangre desde mediados de los años 80.

El reto, según Mulinelli Rodríguez, es “romperle a la gente esas ideas preconcebidas que permean en el personal médico, en las agencias federales y estatales de salud, porque ahí hay gente que toma decisiones con sus prejuicios y con sus discrímenes o visión religiosa o de vida, lo que sea”. “Por eso sigue sin convencerme qué es lo que hay detrás”, declaró.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro PR a través del programa Report for America.

Source link