En ingeniería, existe un fenómeno peligroso llamado “fatiga de materiales”. No ocurre por un impacto súbito, sino por la repetición de pequeños eventos que debilitan la estructura hasta que esta falla por su punto más débil. Al observar las recientes enmiendas al Código Electoral defendidas por la delegación del Partido Nuevo Progresista y aprobadas por la gobernadora Jenniffer González bajo el estandarte de la “eficiencia”, conforme reportó un rotativo de la isla este mes, no puedo evitar concluir que nuestra democracia está sufriendo un proceso similar: una muerte a plazos, ejecutada mediante parchos legislativos que debilitan la confianza del pueblo en los mismos instrumentos que antes nos llenaban de orgullo, o sea, el aparato electoral.

La verdadera eficiencia en un sistema no se logra simplemente haciendo que las cosas se muevan más rápido, sino garantizando la integridad de cada paso del proceso. Sin embargo, lo que vemos es una expansión agresiva del voto adelantado por correo —reduciendo la edad mínima a 50 años— sin haber robustecido primero los protocolos de custodia. Según reportó un periódico local este mes, esta medida inyectará un volumen masivo de papeletas fuera del entorno controlado del colegio electoral. En términos de control de calidad, es como si estuviésemos aumentando la producción en una línea de manufactura que ya ha mostrado defectos críticos en los ciclos de 2020 y 2024 sin detenernos a repararla primero.

Los ingenieros evaluamos la viabilidad de un proyecto analizando, entre otras cosas, su presupuesto y capital humano. Aquí, los datos son alarmantes. Durante el ciclo electoral de 2024, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) solicitó un presupuesto de $31 millones para gastos operacionales, pero la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solo concedió $21.8 millones, según informes de Espacios Abiertos. Para el año fiscal corriente, la brecha persiste: la CEE estimó que necesitaría sobre $10 millones adicionales solo para manejar la logística de las primarias y elecciones generales, una petición que ha sido recibida con resistencia fiscal.

La CEE ha visto una reducción drástica de sus Juntas de Inscripción Permanente (JIP), y la nueva ley pretende reabrir 40 de ellas de forma intermitente. Sin embargo, no hay personal técnico capacitado suficiente para manejar la avalancha de votos por correo que nos van a caer encima. Estimados basados en lo observado en 2024 y tendencias recientes sugieren que Puerto Rico podría recibir entre 200,000 y 300,000 solicitudes de voto adelantado por correo. Manejar este volumen requiere una logística de validación de firmas y custodia de maletines que la CEE, con su plantilla actual reducida, simplemente no puede garantizar sin comprometer la seguridad del proceso.

Analicemos dos cambios específicos del nuevo Código Electoral que actúan como puntos de falla introduciendo un riesgo intolerable:

1. Reducción de la edad para voto adelantado: Al bajarla a 50 años, se masifica un método sin controles que debería ser la excepción, no la regla, saturando el sistema de validación manual.
2. Facilidad en el cambio de domicilio: Las enmiendas flexibilizan los requisitos de validación de residencia, aumentando la posibilidad de tener datos no verificados en una base de datos que ya está crítica y maltrecha.

Por otro lado, mientras Puerto Rico camina hacia la flexibilización de los controles, en Estados Unidos el debate se centra en el SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility Act). Esta iniciativa busca asegurar la integridad del voto mediante la confirmación rigurosa de la ciudadanía y la identidad de los votantes antes de emitir su sufragio. Es un esfuerzo por fortalecer el proceso del sistema democrático. En adición, el presidente ya ha expresado que desea hacerle enmiendas a la versión del SAVE Act que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes federal para explícitamente reducir el uso de los votos por correo.

Es paradójico y preocupante: mientras las jurisdicciones con sistemas robustos trabajan para asegurar que solo los electores legítimos participen para proteger la confianza pública, en Puerto Rico vamos en la dirección contraria. Estamos abriendo las compuertas antes de haber construido los diques de contención necesarios.

Desde la perspectiva de Reingeniería del Gobierno (pág. 15 del Plan de Gobierno de Proyecto Dignidad), la administración debe basarse en la transparencia y la eliminación de la burocracia, que no añade valor. Un sistema electoral que cambia sus reglas por conveniencia política es un sistema con un “fallo de diseño” sistémico. La gobernadora mencionó, en un artículo de un periódico local, lo siguiente: “Yo no sé por qué hay partidos políticos que se oponen a hacerle la vida más fácil a la gente”. ¡Esto es sumamente preocupante! Si ella no sabe por qué no se debe flexibilizar el voto por correo ni bajarlo a 50 años, entonces no debe estar en La Fortaleza. Ella es la última responsable de ASEGURAR que el proceso electoral sea justo, participativo, transparente y equitativo. Esto no se consigue con una varita mágica; se necesitan controles robustos para poder obtener estos resultados. El aumentar los votos por correo bajo ningún concepto se considera un control robusto.

La democracia no siempre muere de un golpe; muere en los detalles, en las firmas a puerta cerrada y en la erosión de la capacidad operativa de sus instituciones. Como bien plantea el espíritu de reingeniería de nuestro plan, Puerto Rico merece un diseño institucional que minimice los fallos, no que los hagan más fáciles de ocurrir. La eficiencia sin transparencia es simplemente una vía rápida hacia el caos. Es hora de detener esta degradación antes de que el daño estructural sea irreversible. No podemos permitir que la casa común de nuestra democracia se caiga por una mala ingeniería legislativa.

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La discusión sobre el desarrollo económico de Puerto Rico no puede sostenerse sin abordar, con honestidad, el impacto de la Ley Jones, o de Cabotaje, en nuestra realidad diaria. Durante más de un siglo, esta legislación ha operado como una camisa de fuerza que encarece el costo de vida, limita la competitividad y condiciona nuestras oportunidades de crecimiento.

La Ley Jones exige que toda mercancía transportada entre puertos estadounidenses, incluyendo Puerto Rico, se realice en embarcaciones construidas, tripuladas y registradas en Estados Unidos. En teoría, se trata de una medida de seguridad nacional y protección de la marina mercante estadounidense. En la práctica, para Puerto Rico, ha significado costos más altos en bienes esenciales, menos competencia en el transporte marítimo y una economía menos dinámica.

Diversos estudios han apuntado a que esta restricción eleva significativamente el costo de importación de alimentos, materiales de construcción y combustibles. Para una isla que depende en gran medida de las importaciones, el resultado es directo: precios más altos para el consumidor y un entorno menos atractivo para la inversión. No es casualidad que, por décadas, sectores industriales hayan señalado este factor como un obstáculo estructural para el desarrollo.

Pero más allá del costo inmediato, el problema de fondo es la falta de control. Puerto Rico no tiene voz ni voto en la política pública federal que impone estas restricciones. Dependemos de decisiones tomadas en Washington, D.C., donde nuestras realidades económicas no siempre son prioridad. Esa es la esencia de la limitación: no solo la ley en sí, sino la incapacidad de cambiarla por cuenta propia. Aquí es donde el debate sobre el estatus político cobra una dimensión económica clara y concreta. Bajo la estadidad, Puerto Rico dejaría de ser una jurisdicción sujeta a decisiones federales sin representación efectiva. Tendríamos senadores y representantes con poder real para influir, negociar y, de ser necesario, impulsar cambios o excepciones a políticas como la Ley Jones.

Más importante aún, la estadidad integraría plenamente a Puerto Rico en el mercado nacional bajo condiciones de igualdad. Esto no implica automáticamente la eliminación de la Ley Jones, pero sí coloca a Puerto Rico en una posición completamente distinta: la de un estado con voz, voto y capacidad de incidir en la política pública federal que le afecta directamente. La diferencia entre pedir y exigir no es retórica; es estructural.

El desarrollo económico sostenible requiere reglas claras, costos competitivos y capacidad de acción. Mientras Puerto Rico permanezca en un estatus territorial, seguirá atado a decisiones externas que limitan su potencial. La Ley Jones es quizás uno de los ejemplos más visibles de esa realidad.

Liberarnos de esa camisa de fuerza no es únicamente una cuestión de política pública marítima; es una cuestión de igualdad política y económica. En última instancia, el futuro económico de Puerto Rico no puede seguir condicionado por leyes que no podemos cambiar ni por decisiones en las que no participamos plenamente.

La estadidad no es una panacea, pero sí representa una herramienta fundamental para romper con ese ciclo. Y en un momento en que Puerto Rico busca reconstruir su economía y proyectarse hacia el futuro, contar con todas las herramientas disponibles no es un lujo: es una necesidad.

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Puerto Rico tuvo el primer albergue dedicado a la protección y apoyo integral a sobrevivientes de violencia doméstica —y a sus hijos e hijas— en todo América Latina y el Caribe. Este albergue es la Casa Protegida Julia de Burgos. Este, junto a otros ocho, integran la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, una organización sin fines de lucro incorporada desde el 6 de mayo de 2011. Según su página web, la Red Nacional nació para responder y atender las necesidades particulares y las dificultades que enfrentan los albergues de violencia de género para poder ofrecer sus servicios. La Red Nacional reúne organizaciones que brindan servicios a sobrevivientes de violencia de género —desde una perspectiva feminista y de desarrollo integral— y brindan albergue, vivienda, desarrollo económico, servicios psicosociales, de salud, legales y socieducativos.

En septiembre de 2025, la Red Nacional sufrió un recorte anticipado de $856, 984 en fondos federales. Este recorte es producto de las políticas nefastas de Donald Trump, que son servilmente acatadas por la administración de Jenniffer González. En un reportaje para el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) , la presidenta de la Junta de Directoras de la Red Nacional, Coraly León Morales, denunció que a pesar del que algunas reducciones federales fueron anticipadas por el gobierno federal y advertidas al gobierno de Puerto Rico, este no elaboró plan alguno para atender el recorte presupuestario sin precedentes. Según León Morales, el gobierno debería tener una asignación presupuestaria continua para la Red Nacional y así evitar funcionar en precariedad.

El CPI reportó que ante la pregunta de qué haría la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, ante el recorte, esta respondió que como ella conocía “el proceso, no quisiera que nos alarmáramos, porque sé que esos números van a cambiar”. Eso no cambió y tampoco la Legislatura asignó el presupuesto solicitado. Puerto Rico es el segundo lugar en América Latina con la tasa más alta de feminicidios. Sin embargo, los servicios que prestan los albergues no son reconocidos como un servicio esencial. Esto debe cambiar.

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Esta no será una columna para dirimir quién tiene la razón en la batalla entre la gobernadora y el presidente del Senado. Para eso habrá muchas.

Lo interesante, y lo verdaderamente revelador, es otra cosa: cómo este conflicto reitera que la política, en Puerto Rico, ya opera bajo una lógica distinta. Una lógica más cercana al contenido que a la gobernanza.

En la política, generar opinión siempre ha sido importante. De eso viven los políticos. Convencer, proyectar fuerza, construir narrativa, todo eso ha sido parte esencial del ejercicio del poder.

Pero hay un cambio sutil, y a la vez profundo. Hoy, en muchos casos, la generación de opinión no es un medio para gobernar. Se ha convertido en el fin principal. Y resolver, entonces, pasa a un segundo plano.

La controversia actual refleja precisamente eso. No solo se maneja en los espacios institucionales, sino en el terreno público inmediato: declaraciones estratégicas, videos y posts en redes sociales, mensajes diseñados para dominar el ciclo noticioso.

No es casualidad. Es incentivo. Cada intervención pública no solo busca adelantar una postura, sino provocar reacción, marcar territorio y sostener visibilidad. En ese contexto, el conflicto deja de ser un problema que hay que cerrar rápido, y se convierte en un activo que se puede administrar.

Ahí es donde cambia la lógica. Resolver puede implicar ceder, negociar, bajar el tono. Pero eso rara vez genera titulares. En cambio, sostener la confrontación prolonga la atención, moviliza apoyos y fortalece posicionamientos individuales.

El resultado es un gobierno que, en ocasiones, parece más enfocado en ganar el momento que en resolver el problema y evitar un choque frontal con consecuencias políticas y de gobierno serias.

Y eso tiene consecuencias. Las decisiones se retrasan, las posturas se endurecen y los espacios de acuerdo se reducen. Mientras tanto, el país observa como espectador de un conflicto que no necesariamente le produce resultados.

El problema no es que exista desacuerdo. El problema es cuando la prioridad deja de ser resolverlo. Porque entonces, más allá de quién tenga la razón, la pregunta importante es otra: si se gobierna o simplemente se administra el conflicto.

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Nos acercamos al inicio de la primavera y, en unos tres meses, comenzará la época de huracanes. Para la mayoría de los/as residentes en Puerto Rico, una de las preocupaciones principales durante ese periodo es la posibilidad de que ocurra un evento que ponga en riesgo la isla. Con ello, la seguridad del sistema eléctrico. Lamentablemente, y a pesar del conocimiento técnico para hacer las cosas de manera distinta, llevamos décadas sufriendo esa incertidumbre colectiva. Y la razón principal ha sido la incapacidad institucional, tanto bajo administraciones del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista, de poner en marcha una política energética que se adapte a las condiciones de Puerto Rico.

La historia ha sido clara: desde la década de 1980 en nuestro país, se dieron pasos notables en la experimentación con la conversión de energía solar a energía eléctrica, lo que técnicamente se conoce como energía fotovoltaica. La antigua Oficina de Energía, en cooperación con la Autoridad de Energía Eléctrica, mantuvo un proyecto en Juana Díaz, considerado, en su momento, como la central fotovoltaica más grande de América Latina. Este operó desde 1987 y, en su etapa final, produjo electricidad para iluminar 360 viviendas (Oficina de Energía de PR, 1990).

¿Y qué ocurrió con esa iniciativa, que comenzó hace 39 años y que sirvió de modelo a los demás países de nuestra región? La respuesta a esa pregunta es que no ocurrió prácticamente nada, no porque la comunidad científica puertorriqueña y los/as profesionales de la ingeniería eléctrica no continuaran con sus investigaciones, sino porque tristemente ninguna de las administraciones gubernamentales de las pasadas cuatro décadas ha escuchado a ese grupo de expertos/as que, a propósito, se han distinguido entre los/as profesionales más reconocidos/as de este hemisferio —incluyendo Estados Unidos— en el desarrollo de fuentes alternas de energía eléctrica.

Ante los vaivenes en los precios de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural), ninguno de los cuales Puerto Rico produce, nuestra sociedad ha sido víctima de las determinaciones erradas de quienes se supone que hayan articulado una estrategia para que, a estas alturas, el país sea autosuficiente desde el punto de vista energético, sobre todo gracias a los avances de la energía solar/fotovoltaica. ¡Ya es hora de cambiar el rumbo de las decisiones sobre un aspecto en el que se nos va la vida como pueblo!

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